Judiciales
Prisión preventiva para uno de los integrantes de la banda que maniató y asaltó a dos jóvenes en el río
No se presentó en la audiencia y decretaron su declaración de rebeldía.
Esta mañana el fiscal del caso Ricardo Romero junto a la adjunta Natalia Pascual solicitaron la prisión preventiva de uno de los imputados por los delitos de “robo en despoblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves todo en concurso real y agravado por la participación de un menor de edad (Art. 166 inc.2; 142 inc.1, 149 bis, 2do supuesto, art. 55, y 41 quater del Código Penal) para poder asegurar la realización del debate oral y público que debía iniciar ayer (7/05).
La cuestión fue que dos de las cuatro personas que están imputadas por los hechos ocurridos en marzo del año pasado no se presentaron a la audiencia de juicio de esta mañana y por esta razón el fiscal pidió al Tribunal su declaración de rebeldía y detención.
“Cuestión que pedimos para que se logre su presencia en el debate, que debía iniciar ayer. De esta manera buscamos asegurar la realización del juicio”, planteó Romero, y los jueces Emilio Stadler, María Evelina García y Natalia González no se opusieron al pedido, entre otras cuestiones porque los imputados que no comparecieron no dieron una justificación por su inasistencia.
La cierto es que horas más tarde, personal policial logró dar con uno de ellos, y se realizó en Tribunales una nueva audiencia para tratar su prisión preventiva. El defensor oficial Gustavo Viecens se opuso a la medida proponiendo una menos gravosa, como fijar nuevamente domicilio o cumplir la prisión en el domicilio materno, pero los jueces coincideron con el representante del Ministerio Público Fiscal y la joven quedó detenida.
Entre los peligros procesales esgrimidos por Romero se encuentra el peligro de fuga fundado en que tanto ayer como en otras oportunidades la joven no ha estado a derecho. Asimismo agregó el fiscal que “existen antecedentes suficientes como para considerarla como co-autora del hecho y ayer fue conducida hasta Tribunales por personal policial luego de que se decretara su declaración de rebeldía”.
Según la acusación fiscal el hecho ocurrió el 4 de marzo de 2017, alrededor de las 5 de la mañana en la zona conocida como El Pedrero de la costa norte del río Negro. Una pareja estaba en su auto cuando se acercó un joven y les solicitó ayuda para desencajar su vehículo. Se dirigieron hacia una arboleda donde había 4 personas, y luego de haber intentado varias veces desencajar el auto, el chico les dijo que no podía continuar porque rompería el suyo. En ese momento los imputados lo comenzaron a agredir físicamente, dándole golpes de puños y patadas, provocándole lesiones leves, a la vez que uno de ellos, portando un cuchillo de grandes dimensiones amenazó con matarlo. Posteriormente sacaron a la chica, que permanecía en el vehículo, y los ataron de pies y manos. Luego, comenzaron a desmantelar el auto de la pareja, sustrayéndole las dos ruedas traseras, la batería, un espejo, los apoyacabezas, los cinturones e intentaron sacar el capot.
Mientras permanecían atados los rociaron con un líquido que podría ser nafta y amenazaron con prenderlos fuego. En un momento pasó por el lugar una camioneta y sus ocupantes advirtieron que el chico se encontraba atado y llamaron a la policía.
Cuando se dirigía hacia el sitio, un móvil policial interceptó a uno de los acusados, que tenía elementos que posteriormente se estableció que eran de las víctimas. Mientras que en el lugar del hecho la policía detuvo a otro de los imputados, y mediante la advertencia realizada al resto de las comisarías se logró dar con los otros dos.
Judiciales
Crimen de Julián Dobra: Hay cuatro sospechosos detenidos
Se realizaron 20 allanamientos en simultáneo en diferentes puntos de Roca. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
El Ministerio Público Fiscal encabezó en la mañana de hoy (08/05) 20 allanamientos simultáneos que la Policía de Río Negro realizó en diversos domicilios de la ciudad de General Roca. Hay cuatro personas detenidas, por su presunta implicancia en la desaparición y posterior homicidio de Julián Dobra de la Canal.
Durante las próximas horas el equipo de la Fiscalía analizara evidencia para precisar el contenido de futuras instancias procesales. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
En la solicitud de allanamientos que el Juez en turno autorizó el martes, también habilitó que sean requisadas de aquellas personas mayores de edad que se encontraban en los domicilios y los vehículos. Los operativos se desarrollaron en los barrios 36 viviendas, Fiske Menuco, barrio Nuevo, Quinta 25, Malvinas, el radio céntrico y diversas tomas de la ciudad.
El pedido realizado en el marco de la investigación preliminar iniciada con la Brigada de Investigaciones al momento de denunciarse la desaparición del hombre, tuvo como objetivo el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico, calzados y cualquier tipo de elemento que hubieran podido pertenecer a la víctima o a su vehículo. La medida fue solicitada por la Fiscalía y su gestión se realizó en absoluta reserva para evitar cualquier entorpecimiento.
Como resultante a las personas que fueron demoradas, previa autorización jurisdiccional, se le realizó la extracción de muestras de ADN mediante hisopado, muestra odoríferas y se secuestraron sus prendas de vestir. Todos esos elementos, así como los celulares, serán peritados y cotejados con aquellos rastros obtenidos en el marco de la investigación en curso buscando evidencia que permita su vinculación al homicidio.
Judiciales
Formularon cargos contra la mujer que arrojó a su beba a la ruta: La niña quedó a resguardo de la SENAF
La joven de 19 años permanecerá en prisión preventiva.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una joven de 19 años acusada de haber agredido a su propia hija de 2 años, dejándola sola y empujándola hacia la Ruta Provincial N° 6 cuando ambas transitaban por la banquina. La mujer permanecerá en prisión preventiva y la niña quedó a resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que avanza en la búsqueda de una familia solidaria.
En el inicio de la audiencia, ante los medios de comunicación presentes, la defensora de Menores requirió el resguardo de todos los datos de la víctima, mencionando lo normado por la Convención de los Derechos del Niño/a y las diversas leyes de protección integral a la niñez. Luego de ello, el juez determinó que la instancia procesal sea reservada e informada por las áreas oficiales de comunicación.
Seguidamente, la fiscal relató los hechos endilgados y expresó que «el 5 de mayo pasado a las 16 horas, en inmediaciones de la estancia avícola ubicada en la Ruta Provincial N° 6, camino a Paso Córdoba, la mujer transitaba por una de las banquinas junto a su hija de 2 años». En esas circunstancias, «la golpeó con una mochila y empujó a la menor a la cinta asfáltica». Luego cruzó la ruta y dejó a su hija sola en el medio de los vehículos que transitaban por el lugar. A causa del hecho, la niña sufrió un hematoma, pero presentaba además signos de agresión de larga data. Por ello, se le formularon cargos por los delitos de abandono de persona y lesiones leves, ambos agravados por el vínculo.
Seguidamente, la fiscal relató la evidencia, mencionando en primer término el acta de procedimiento suscripta por la Comisaría N° 48 de General Mosconi, donde se relata el hecho. Suman como sustento probatorio las historias clínicas previas que constan en el hospital local, el acta de entrega e intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el certificado médico en el que se constatan las heridas que le produjo a la niña la agresión, que implican un tiempo de curación menor a los 14 días. Agregan además informes del área de trabajo social del hospital y el informe de la Oficina de Atención a la Víctima, que trabajó desde el momento del hecho con los organismos estatales de protección.
La Fiscalía pidió además la prisión preventiva de la mujer por el mismo tiempo en que transcurra la investigación, argumentando riesgos tanto de entorpecimiento de la misma como de fuga. A ello adhirió la defensora de Menores. En tanto, el defensor oficial no manifestó objeciones a la formulación de cargos ni a la medida cautelar, pero sí pidió reducir el tiempo de la misma.
El juez de Garantías interviniente, finalmente, hizo lugar a todo lo requerido por la acusación, disponiendo la apertura de la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva, ambas por los próximos cuatro meses.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
