Gremios
Es Ley: ATE se suma al Consejo de la Función Pública
El proyecto del Ejecutivo fue aprobado por unanimidad.
La Legislatura trató y sancionó hoy (09/05) unánimemente la ley que permite modificar normas en vigencia para incorporar a ATE como un nuevo vocal gremial al Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado. La iniciativa oficial fue elevada al Parlamento con acuerdo de ministros, por lo que no requerirá tratamiento en segunda vuelta para su aprobación.
El debate se desarrolló con la presencia en el recinto del secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica, el secretario general de esa agrupación gremial Rodolfo Aguiar y un nutrido grupo de afiliados que participaron con cánticos y pancartas desde las bandejas del público, como así también en el exterior de la sede parlamentaria donde acamparon desde las primeras horas de la mañana.
Al modificar la composición del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado, se suma un nuevo vocal gremial al cuerpo que preside el titular del Poder Ejecutivo y que está conformado, además, por tres vocales de ese poder y otros dos en representación de cada una de las asociaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas.
La misma medida se aplicará en las composiciones especiales del Consejo Provincial y de la Comisión General Técnica Ejecutiva, el Comité Institucional de Organización y Recursos Humanos, la Junta de Reclamos, la Junta de Disciplina y la Junta Evaluadora Central.
La norma aprobada dispone la nueva conformación de la Junta de Disciplina a la que agrega un nuevo vocal gremial, establece la división en partes iguales entre ambas organizaciones gremiales del aporte que el Poder Ejecutivo y los entes autárquicos o descentralizados realizan sobre la totalidad de los sueldos del personal amparado por el Estatuto, con destino a la obra social sindical, prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas sociales, formación y capacitación, y la promoción educativa y cultural, entre otros propósitos.
Del mismo modo, se suma un nuevo representante sindical a la Comisión de Carrera dentro del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado y al Directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública -IPAP.
Se modifican además el Estatuto del Empleado Público y se amplía la representación sindical en la Junta de Disciplina y en el Directorio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).
El Poder Ejecutivo, al argumentar esta iniciativa, recordó que “la Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores a formar parte de organizaciones sindicales libres y democráticas, reconocidas por la inscripción en registros a tales efectos habilitados”.
Fundamentó también que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce también el derecho de trabajadores como también empleadores, de conformar las asociaciones que estimen convenientes, debiendo los Estados abstenerse de limitar este derecho y de interferir en sus actividades.”
Alegó por otra parte que “en el sector público se configura un sistema de coexistencia o pluralidad de personerías gremiales que reconocen su existencia y a través de ellas a los trabajadores, sus derechos y reclamos, en pos de mayores logros laborales”.
Como argumento histórico agregó que “las primeras organizaciones de trabajadores se crearon casi un siglo antes de que se dicte la primera norma que intentó regularlas (1943) y que se imponga el régimen de personerías gremiales (1946). En el caso del sector público, el primer sindicato fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fundado en 1925 y con personería gremial Nº 2 otorgada en 1946. En 1948 se funda la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), otorgándosele personería gremial Nº 95”.
De lo expuesto, continuó el P.E., “cabe colegir que los principios de coexistencia y pluralidad en materia gremial hacen a la realidad y actualidad laboral, particularmente en el sector público de cualquiera de las jurisdicciones de nuestro país, en base a lo dispuesto en nuestra Constitución y tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, plasmado en el reconocimiento de derecho a una organización sindical libre y democrática”.
Y concluyó: “En nuestra provincia, la Asociación de Trabajadores del Estado, A.T.E., nuclea a una cantidad considerable de agentes, siendo entonces relevante y necesaria su participación oficial en las cuestiones inherentes al personal, tales como discusiones salariales o de convenios colectivos de trabajo y temas disciplinarios”, entre otros.
El debate en Cámara
El vocero de la iniciativa presentada por el Ejecutivo fue el legislador (JSRN) Adrián Casadei quien inició su discurso resaltando “que nunca es tarde para reconocer derechos de los trabajadores… nunca es tarde para que la democracia sea más democrática, para que haya más participación, para que todos los trabajadores se sientan partícipes y representados” y luego se refirió a las razones constitucionales que amparan sus derechos y garantías laborales.
Agregó que “este proyecto de ley no tiene nombre propio, no es para unos ni para otros, aunque seguramente algunos habrán luchado más que otros para lograrlo, algunos se habrán sacrificado más que otros para que hoy estemos acá debatiendo este proyecto. Pero la democracia tiene sus tiempos, lo que me trae al recuerdo que en este país estuvimos muchos años sin Parlamento, cuando no existía la representación popular y muchos de estos temas quedaron postergados”.
“Lo que está reconociendo el Gobierno con este proyecto no es a un gremio, sino a los trabajadores representados por este gremio”, concluyó Casadei, entre los aplausos de los afiliados de la agrupación sindical.
Continuó la serie de discursos el legislador (FPV) Jorge Vallaza quien anticipó su apoyo al proyecto y coincidiendo en varios de los argumentos expresados por quien le precediera en la palabra, pero realizando severas críticas al gobierno nacional que ha decidido “salir nuevamente a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional”.
Le siguió la legisladora radical Soraya Yahuar quien brindó su visión sobre la iniciativa, no sin antes aclarar que “no voy a hablar del contexto nacional porque acá parece que estuvieran todos como Drácula esperando el momento para caerle sobre el cuello” al gobierno de Mauricio Macri. Y agregó que “estamos sumando voces a la pluralidad” y se unió “a la tarea de la construcción del nuevo escenario gremial y de la dignidad de los agentes públicos”, que promueve esta norma.
También anticipó su voto favorable la legisladora Daniela Agostino (AFPIR) y seguidamente hizo lo propio el legislador Rodolfo Cufré (JSRN) para quien “esta ley es para los trabajadores porque esa es la idea que ha tenidLas autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de ese trabajo”.o el Ejecutivo al presentar este proyecto”.
El legislador Ricardo Arroyo (JSRN) adhirió a las palabras de Casadei y felicitó al gremio ATE y a su secretario general “porque éste es el resultado de mucho años de lucha” y al comportamiento de los trabajadores en las bandejas del recinto durante el tratamiento del tema.
El legislador (FpV) Raúl Martínez criticó la demora de la Legislatura en el tratamiento de esta ley luego de treinta y cinco años del retorno de la democracia en la Argentina. “Sé que la dirigencia y los afiliados de ATE se ganaron este momento tras muchos años de lucha en la calle”, y que “aún hay muchos reconocimientos pendientes”. “No necesitamos ni más patrulleros ni más cárceles, necesitamos más trabajo en este país”, dijo al pronunciar sus últimos conceptos.
El legislador Mario Sabbatella (Fuerza Nacional y Popular), se sumó a la voluntad anticipada del resto de los legisladores y recordó a su “ex compañero de trabajo y quien fuera uno de los secretarios generales de ATE en los años 80 cuando el gremio era muy pequeño, y me refiero a Roberto Beliú”, indicó.
Las autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de ese Las autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de ese trabajo”.trabajo”.
Cerró el debate el legislador (JSRN) Alejandro Palmieri quien dijo que “Ésta no es una ley más la que estamos aprobando hoy y que viene a poner sobre un papel lo que ya ocurría en la realidad desde hace un tiempo. Era imposible negar el ámbito de discusión a una fuerza sindical con varios miles de trabajadores afiliados en la provincia de Río Negro, con o sin representación en la mesa de la Función Pública”.
“Una provincia que tiene no sólo paz social, a los maestros en las escuelas y a los organismos públicos abiertos, es el fruto del diálogo, del esfuerzo y de muchísimas reuniones con el gremio que ocupaba con exclusividad la mesa de la Función Pública, pero también con las discusiones con ATE y con SITRAJUR en sus respectivos ámbitos”.
Palmieri enumeró seguidamente la serie de leyes que la actual gestión legislativa y del ejecutivo rionegrinos que han sido aprobadas en materia de ”restitución de reconocimientos laborales en la historia de esta Provincia”. Asi se refirió a “la devolución del 40% de la zona desfavorable, la devolución de la antigüedad, la recategorización, el pase a planta permenente, las becas que se transformaron en contratos, la restitución de la antigüedad a las enfermeras a través de un nuevo régimen”.
Y continuó: “Cumplimos con la herencia del pago del Decreto 7, y reconocimos los alquileres diferenciales a la Policía, creamos el Escalafón de los Agentes Penitenciarios, y el Escalafón del SPLIF, y el de los Choferes y del Personal de Informática. Esta Provincia tiene más mojones en derechos laborales que la Ruta 40”.
Y concluyó, tras manifestar su “enorme orgullo” por estos logros, que “pudimos hacerlo con un enorme esfuerzo presupuestario y financiero que cumplimos sin pedirle un peso a nadie”.
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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
