Gremios
Es Ley: ATE se suma al Consejo de la Función Pública
El proyecto del Ejecutivo fue aprobado por unanimidad.
La Legislatura trató y sancionó hoy (09/05) unánimemente la ley que permite modificar normas en vigencia para incorporar a ATE como un nuevo vocal gremial al Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado. La iniciativa oficial fue elevada al Parlamento con acuerdo de ministros, por lo que no requerirá tratamiento en segunda vuelta para su aprobación.
El debate se desarrolló con la presencia en el recinto del secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica, el secretario general de esa agrupación gremial Rodolfo Aguiar y un nutrido grupo de afiliados que participaron con cánticos y pancartas desde las bandejas del público, como así también en el exterior de la sede parlamentaria donde acamparon desde las primeras horas de la mañana.
Al modificar la composición del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado, se suma un nuevo vocal gremial al cuerpo que preside el titular del Poder Ejecutivo y que está conformado, además, por tres vocales de ese poder y otros dos en representación de cada una de las asociaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas.
La misma medida se aplicará en las composiciones especiales del Consejo Provincial y de la Comisión General Técnica Ejecutiva, el Comité Institucional de Organización y Recursos Humanos, la Junta de Reclamos, la Junta de Disciplina y la Junta Evaluadora Central.
La norma aprobada dispone la nueva conformación de la Junta de Disciplina a la que agrega un nuevo vocal gremial, establece la división en partes iguales entre ambas organizaciones gremiales del aporte que el Poder Ejecutivo y los entes autárquicos o descentralizados realizan sobre la totalidad de los sueldos del personal amparado por el Estatuto, con destino a la obra social sindical, prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas sociales, formación y capacitación, y la promoción educativa y cultural, entre otros propósitos.
Del mismo modo, se suma un nuevo representante sindical a la Comisión de Carrera dentro del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado y al Directorio del Instituto Provincial de la Administración Pública -IPAP.
Se modifican además el Estatuto del Empleado Público y se amplía la representación sindical en la Junta de Disciplina y en el Directorio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).
El Poder Ejecutivo, al argumentar esta iniciativa, recordó que “la Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores a formar parte de organizaciones sindicales libres y democráticas, reconocidas por la inscripción en registros a tales efectos habilitados”.
Fundamentó también que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce también el derecho de trabajadores como también empleadores, de conformar las asociaciones que estimen convenientes, debiendo los Estados abstenerse de limitar este derecho y de interferir en sus actividades.”
Alegó por otra parte que “en el sector público se configura un sistema de coexistencia o pluralidad de personerías gremiales que reconocen su existencia y a través de ellas a los trabajadores, sus derechos y reclamos, en pos de mayores logros laborales”.
Como argumento histórico agregó que “las primeras organizaciones de trabajadores se crearon casi un siglo antes de que se dicte la primera norma que intentó regularlas (1943) y que se imponga el régimen de personerías gremiales (1946). En el caso del sector público, el primer sindicato fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fundado en 1925 y con personería gremial Nº 2 otorgada en 1946. En 1948 se funda la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), otorgándosele personería gremial Nº 95”.
De lo expuesto, continuó el P.E., “cabe colegir que los principios de coexistencia y pluralidad en materia gremial hacen a la realidad y actualidad laboral, particularmente en el sector público de cualquiera de las jurisdicciones de nuestro país, en base a lo dispuesto en nuestra Constitución y tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, plasmado en el reconocimiento de derecho a una organización sindical libre y democrática”.
Y concluyó: “En nuestra provincia, la Asociación de Trabajadores del Estado, A.T.E., nuclea a una cantidad considerable de agentes, siendo entonces relevante y necesaria su participación oficial en las cuestiones inherentes al personal, tales como discusiones salariales o de convenios colectivos de trabajo y temas disciplinarios”, entre otros.
El debate en Cámara
El vocero de la iniciativa presentada por el Ejecutivo fue el legislador (JSRN) Adrián Casadei quien inició su discurso resaltando “que nunca es tarde para reconocer derechos de los trabajadores… nunca es tarde para que la democracia sea más democrática, para que haya más participación, para que todos los trabajadores se sientan partícipes y representados” y luego se refirió a las razones constitucionales que amparan sus derechos y garantías laborales.
Agregó que “este proyecto de ley no tiene nombre propio, no es para unos ni para otros, aunque seguramente algunos habrán luchado más que otros para lograrlo, algunos se habrán sacrificado más que otros para que hoy estemos acá debatiendo este proyecto. Pero la democracia tiene sus tiempos, lo que me trae al recuerdo que en este país estuvimos muchos años sin Parlamento, cuando no existía la representación popular y muchos de estos temas quedaron postergados”.
“Lo que está reconociendo el Gobierno con este proyecto no es a un gremio, sino a los trabajadores representados por este gremio”, concluyó Casadei, entre los aplausos de los afiliados de la agrupación sindical.
Continuó la serie de discursos el legislador (FPV) Jorge Vallaza quien anticipó su apoyo al proyecto y coincidiendo en varios de los argumentos expresados por quien le precediera en la palabra, pero realizando severas críticas al gobierno nacional que ha decidido “salir nuevamente a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional”.
Le siguió la legisladora radical Soraya Yahuar quien brindó su visión sobre la iniciativa, no sin antes aclarar que “no voy a hablar del contexto nacional porque acá parece que estuvieran todos como Drácula esperando el momento para caerle sobre el cuello” al gobierno de Mauricio Macri. Y agregó que “estamos sumando voces a la pluralidad” y se unió “a la tarea de la construcción del nuevo escenario gremial y de la dignidad de los agentes públicos”, que promueve esta norma.
También anticipó su voto favorable la legisladora Daniela Agostino (AFPIR) y seguidamente hizo lo propio el legislador Rodolfo Cufré (JSRN) para quien “esta ley es para los trabajadores porque esa es la idea que ha tenidLas autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de ese trabajo”.o el Ejecutivo al presentar este proyecto”.
El legislador Ricardo Arroyo (JSRN) adhirió a las palabras de Casadei y felicitó al gremio ATE y a su secretario general “porque éste es el resultado de mucho años de lucha” y al comportamiento de los trabajadores en las bandejas del recinto durante el tratamiento del tema.
El legislador (FpV) Raúl Martínez criticó la demora de la Legislatura en el tratamiento de esta ley luego de treinta y cinco años del retorno de la democracia en la Argentina. “Sé que la dirigencia y los afiliados de ATE se ganaron este momento tras muchos años de lucha en la calle”, y que “aún hay muchos reconocimientos pendientes”. “No necesitamos ni más patrulleros ni más cárceles, necesitamos más trabajo en este país”, dijo al pronunciar sus últimos conceptos.
El legislador Mario Sabbatella (Fuerza Nacional y Popular), se sumó a la voluntad anticipada del resto de los legisladores y recordó a su “ex compañero de trabajo y quien fuera uno de los secretarios generales de ATE en los años 80 cuando el gremio era muy pequeño, y me refiero a Roberto Beliú”, indicó.
Las autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de ese Las autoras de esta presentación conjunta expresaron que “ha sido un largo camino recorrido con la gente de las escuela ESFA -donde ambas ejercen- en donde nace este proyecto que nos llevó a realizar investigaciones en San Javier, Zanjón de Oyuela y Mata Negra. Las fotos y el libro son el producto final de ese trabajo”.trabajo”.
Cerró el debate el legislador (JSRN) Alejandro Palmieri quien dijo que “Ésta no es una ley más la que estamos aprobando hoy y que viene a poner sobre un papel lo que ya ocurría en la realidad desde hace un tiempo. Era imposible negar el ámbito de discusión a una fuerza sindical con varios miles de trabajadores afiliados en la provincia de Río Negro, con o sin representación en la mesa de la Función Pública”.
“Una provincia que tiene no sólo paz social, a los maestros en las escuelas y a los organismos públicos abiertos, es el fruto del diálogo, del esfuerzo y de muchísimas reuniones con el gremio que ocupaba con exclusividad la mesa de la Función Pública, pero también con las discusiones con ATE y con SITRAJUR en sus respectivos ámbitos”.
Palmieri enumeró seguidamente la serie de leyes que la actual gestión legislativa y del ejecutivo rionegrinos que han sido aprobadas en materia de ”restitución de reconocimientos laborales en la historia de esta Provincia”. Asi se refirió a “la devolución del 40% de la zona desfavorable, la devolución de la antigüedad, la recategorización, el pase a planta permenente, las becas que se transformaron en contratos, la restitución de la antigüedad a las enfermeras a través de un nuevo régimen”.
Y continuó: “Cumplimos con la herencia del pago del Decreto 7, y reconocimos los alquileres diferenciales a la Policía, creamos el Escalafón de los Agentes Penitenciarios, y el Escalafón del SPLIF, y el de los Choferes y del Personal de Informática. Esta Provincia tiene más mojones en derechos laborales que la Ruta 40”.
Y concluyó, tras manifestar su “enorme orgullo” por estos logros, que “pudimos hacerlo con un enorme esfuerzo presupuestario y financiero que cumplimos sin pedirle un peso a nadie”.
Gremios
Weretilneck y ATE acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores riolnegrinos
«En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público. Hay que afiliarse a ATE para seguir ganando derechos», apuntó Aguiar.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió en Cipolletti con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales.
Este acuerdo comprende a los trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de mañana se comenzará a trabajar en el proyecto de ley que ingresaría en la legislatura rionegrina durante la primera semana de julio.
Cómo se implementará la medida
El ingreso a planta permanente alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que ya se encuentre prestando servicios en el Estado Provincial y que la tarea o función desarrollada sea de carácter permanente.
Para acceder al proceso, la relación contractual temporaria deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y mantenerse de manera ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a planta. No se considerará como interrupción el período durante el cual el personal haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.
En el caso del personal vinculado mediante prestación de medios, deberá certificarse el cumplimiento de tareas permanentes durante el período de contratación, con una antigüedad continua no inferior a 1 año al 31 de diciembre de 2025. Según las estimaciones preliminares, este universo rondaría las 70 personas, aunque el número final podría ser menor por situaciones particulares, como agentes jubilados.
Además, quienes aspiren al pase deberán tener domicilio en la provincia de Río Negro, no haber incurrido en sanciones disciplinarias que en total superen los 10 días de suspensión durante los últimos 2 años, acreditar idoneidad mediante examen y, cuando la reglamentación lo establezca, contar con aptitud psicofísica para desarrollar las tareas normales y habituales para las que fueron contratados.
Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses, mediante la conformación de una Junta Médica.
Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre 6 y 8 meses. Durante ese período se desarrollarán las etapas de verificación, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y cumplimiento de las condiciones previstas.
«El pase a planta es uno de los mayores avances en materia de derechos laborales en el Estado. Se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina», señaló el dirigente estatal a la vez que llamó a «afiliarse a ATE para seguir ganando derechos».
En esta línea, el dirigente apuntó que «tenemos que valorar y defender este tiempo histórico en la provincia. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público».
«Este logro significativo sólo puede ser posible a partir de un sindicato como ATE que está en guardia, que se mantiene alerta, que es inquieto y que va por más. Por supuesto es un logro también porque existe voluntad política en el gobierno provincial a la hora de garantizar los derechos de todos sus trabajadores», agregó Aguiar.
En este marco, el referente estatal recordó que «todavía está fresca en la memoria la incorporación de ATE a la función pública en Río Negro. En aquel momento dijimos que el sindicato iba a tener más poder y que ese poder no iba a estar más al servicio de los privilegios de los dirigentes, sino al servicio de las necesidades de los trabajadores”.
“Estamos muy contentos y ahora tenemos que empezar a pensar en tener una participación responsable en todo el proceso para garantizar la transparencia y que se respeten todos los derechos a la hora de incorporar en la planta a los trabajadores”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Gremios
El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión
El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».
«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.
En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».
«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.
Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».
«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.
Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
Gremios
ATE rechazó la paritaria de 6,6% trimestral y bono de $50.000
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», señaló Aguiar.
El Gobierno nacional ofreció en el inicio de la paritaria 2026-2027 de la administración pública nacional un incremento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez $50.000 para el mes de agosto, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por insuficiente.
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público», aseguró Aguiar, al tiempo en el que añadió que «el Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que se encuentra garantizada por ley. Estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público».
En este contexto, el dirigente expresó que «este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y además acelera la conflictividad en el Estado».
El incremento acumulativo llega a 6,6% para el trimestre, mientras que la inflación acumulada durante los últimos tres meses supera el 8,3%. De esta manera, «se profundiza la pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público durante la gestión de Javier Milei, los cuales ya se ubican 43% por debajo de la inflación».
En este sentido, el sindicato exige un salario mínimo que supere los $2.200.000 necesarios para cubrir todas las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
