El Ministerio de Salud se encuentra trabajando con el objetivo de reponer el stock de los productos medicinales que fueron retirados de todos los hospitales y centros de salud de la provincia, en cumplimiento de la disposición 3158/25 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que alcanzó a todo el país.

La medida suspendió las actividades productivas de las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., prohibiendo además el uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados bajo esas razones sociales en todo el país.

En muchos casos se trata de insumos básicos que son utilizados en los 36 hospitales y más de 200 centros de salud rionegrinos. Ante esta urgencia, los hospitales comenzaron a trabajar con el objetivo de reponer el stock retirado, realizando compras con los fondos propios de cada nosocomio.

Mientras que, en paralelo, desde central se dispuso la revisión del stock para detectar productos pertenecientes a las firmas mencionadas, la inmovilización inmediata de cualquier unidad identificada, evitando su uso, y se está avanzando en una compra centralizada de carácter urgente para volver a proveer en el menor tiempo posible los elemento retirados. Se trata de productos medicinales de uso frecuente en los nosocomios de toda la provincia que ya fueron retirados.

En cuanto a la situación legal, la Subsecretaría de Asuntos Legales se encuentra analizando toda la información existente a fin de determinar las responsabilidades de quienes proveyeron los medicamentos, para luego poder iniciar las acciones legales correspondientes con el propósito de recomponer el erario público.

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas, avanza en la reactivación del brazo secundario de la Isla 32 con una inversión provincial superior a los $317 millones.

Actualmente se está realizando el recambio de un colector colapsado, que impedía el escurrimiento del agua generando desbordes.

Para resolver esta situación, se están colocando 372 metros de cañerías de polietileno de alta densidad (PEAD). Los trabajos se realizan con la colaboración de la Municipalidad de General Roca.

El brazo secundario de la Isla 32 se encuentra en la margen izquierda del río Negro, próximo a General Roca; tiene una longitud aproximada de 3.305 metros y desemboca en el kilómetro 114,95 del río donde se ubica el balneario municipal APYCAR.

Una mujer de 31 años denunció una intervención irregular por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que habría derivado en la abrupta separación de sus dos hijos: una niña de 10 años y un bebé de un año y medio que aún se encontraba en etapa de lactancia.

Según relató Belén Stefanich en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), el hecho ocurrió el pasado 5 de marzo, mientras ella se encontraba trabajando. Ese día, representantes de la SENAF habrían retirado a los niños del hogar sin previo aviso ni orden judicial. Al regresar, la madre encontró su casa vacía y fue informada de una supuesta medida de restricción por 90 días. Asegura además que, al intentar obtener respuestas, fue retenida por más de dos horas en una Comisaría sin que le mostraran ningún documento oficial que justificara la acción.

La joven dijo «no tengo claro si quienes solicitaron la intervención del organismo fueron mis padres, con quienes tengo una relación conflictiva desde hace mucho tiempo, o mi ex pareja y padre de mis hijos, con quien me separé por hechos de violencia».

«Llevé a mi hija a su primer día de clases con mi bebé. Fui a trabajar y mis hijos quedaron a resguardo de su padre. Cuando volví, no estaban. Pasaron más de 72 días y sigo esperándolos cada día, cada noche. Me los sacaron», expresó Belén.

Desde su entorno legal sostienen que no existe ningún procedimiento previo que fundamente una medida tan extrema: no hay informes socioambientales, ni denuncias graves previas, ni evaluaciones técnicas que indiquen un riesgo concreto para los menores. «No me dan explicación de qué fue lo que sucedió. Nadie dice nada. Mis hijos siempre vivieron conmigo», agregó.

La situación es aún más grave considerando que ya pasaron 72 días desde que la madre fue apartada de sus hijos, sin poder verlos ni comunicarse con ellos, pese a que el vínculo con ambos -especialmente con el más pequeño, en etapa de lactancia- era cotidiano y cercano.

El expediente se tramita en la Unidad Procesal 16. Los abogados de la madre advierten que no hay fundamentos legales claros que respalden una medida tan severa, y que la celeridad con la que actuó la SENAF contrasta con otros casos mucho más graves donde el organismo no interviene con la misma rapidez. Esto, según plantean, abre la sospecha de posibles presiones o intereses externos que podrían haber influido en la resolución del caso.