Judiciales
Va a juicio el joven acusado de violencia de género
Se trata de Francisco Norry. Está imputado como presunto autor de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo; coacción y amenazas simples contra la mujer y su hijo menor de edad”.
El juez de juicio Alejandro Pellizzon admitió hoy (16/05) la acusación para la apertura a juicio que formularon la Fiscalía y la parte querellante y rechazó la propuesta de probation que planteó la defensa en el marco de una causa penal que investiga un hecho de violencia de género ocurrido en Roca la madrugada del 30 de octubre de 2017.
En el caso la titular de la Fiscalía de Violencia de Género y Doméstica, Norma Reyes, solicitó la apertura a juicio contra el imputado Francisco Norry como presunto autor de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido perpetradas contra una mujer en el marco de violencia de género; coacción y amenazas simples -2 víctimas: la mujer y su hijo menor de edad- todo en concurso real”.
En la oportunidad la fiscal anticipó que su pedido de pena en el futuro juicio oral caso “no superará los 3 años de prisión”, fijando así -como establece el Código Procesal Penal- la competencia de un Tribunal de Juicio Unipersonal para llevar adelante aquel debate.
El abogado por la parte querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, adhirió a la acusación de la Fiscalía y ambos, por otra parte, se opusieron al ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba (probation) formulado en la audiencia por el abogado defensor, Juan Luis Vincenty. La propuesta de la defensa consistía en un plazo de 2 años de “período de prueba” para el imputado y el pago de una reparación económica a la víctima de 10.000 pesos.
En la jornada de hoy, el juez Pellizzon dio a conocer la resolución que rechazó el pedido de probation y admitió el envío de la causa a juicio.
Entre sus fundamentos enumeró que al pedir el beneficio “la defensa nada dijo de la gravedad del hecho en tratamiento, siendo que se trata de un hecho especialmente grave”. Sostuvo que “tratándose de causas en las que se investigan situaciones de violencia contra la mujer, en los términos del art. 1 de la Convención Belem Do Para, es reiterada la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (de Río Negro) en cuanto a que no se puede hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba. Y eso es doctrina legal, es decir, jurisprudencia de consideración obligatoria para los tribunales inferiores”.
Por otra parte, señaló que llevar este caso a la etapa de juicio oral “permitirá a la víctima tener el acceso efectivo al proceso y un juicio oportuno”, como ordena la Convención.
Y por último, consideró que la opinión de la Fiscalía al oponerse a este tipo de beneficios “resulta vinculante (para los jueces) si se encuentra debidamente fundada, como ocurre en el caso de autos”. Recordó el magistrado que la Fiscal Reyes invocó, entre otros fundamentos, las Instrucciones Generales de la Procuración General del Poder Judicial, vigentes desde los años 2011 y 2012, mediante las cuales se instruye a los fiscales “no propiciar o consentir criterios de oportunidad o beneficios” a favor de imputados en casos de violencia de género.
“Lo relevante para esta situación es que a través de esas Instrucciones Generales se establecen lineamientos de política criminal, fijándose reglas generales de persecución penal (…) por ende, cuando el fundamento de la oposición se sustenta en tal circunstancia, constituye una motivación suficiente e idónea para denegar el beneficio, pues despeja cualquier peligro de selectividad arbitraria”, explicó el juez.
El proceso se encamina así a la etapa de juicio oral y público, para el cual el juez autorizó en la audiencia de control de acusación la presentación de prueba testimonial y documental, entre la que se incluyen denuncias, informes, certificados, croquis, DVD, informes de cámara gesell, informes psiquiátrico, pericia psicológica y psiquiátrica realizada al imputado, informes del centro de rehabilitación al que asiste, entre otras.
Judiciales
Formularon cargos a los dos imputados por robos armados y una balacera contra efectivos policiales
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles (21/01) y terminaron con una persecución y disparos contra los uniformados.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos personas por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma y atentado contra la autoridad, en el marco de dos hechos ocurridos durante la madrugada del miércoles (21/01) en General Roca.
Durante la audiencia realizada este jueves (22/01), la fiscal de feria relató que el primer episodio se registró alrededor de la 1.10 en la intersección de Gelonch y San Juan. Allí, los imputados, que circulaban a bordo de una motocicleta, interceptaron a un joven que se encontraba junto a tres amigos.
Exhibiendo un arma de fuego tipo revólver, exigieron la entrega de una motocicleta Honda XR 150 cc. Tras un forcejeo, los agresores se dieron a la fuga sin lograr llevarse el rodado, aunque sí sustrajeron un bolso que contenía botines, camisetas, pantalones de fútbol y una bandera.
Minutos más tarde se produjo el segundo hecho, a la vera del Canal Grande, en calle Gelonch entre Rosario de Santa Fe y Aníbal Troilo. En ese lugar, los imputados interceptaron a dos jóvenes, a quienes apuntaron con el arma y les exigieron la entrega de sus pertenencias, efectuando incluso un disparo al suelo.
Al advertir la presencia policial, intentaron huir en la motocicleta, pero cayeron al suelo y, según se detalló, realizaron al menos 6 disparos contra los efectivos. Tras una breve persecución, ambos fueron reducidos y detenidos por los uniformados.
La calificación legal presentada por la Fiscalía fue la de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso y en carácter de coautores por el primer hecho, y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con atentado a la autoridad agravado por el uso de arma de fuego, por el segundo episodio. A uno de los imputados se le sumó además la acusación de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. A pedido del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la prisión preventiva hasta el mes de mayo, al considerar la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
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Dictaron prisión preventiva para el camionero que manejaba con 4,20 g de alcohol en sangre, chocó en la Ruta 22 y se dio a la fuga
El imputado, oriundo de Salta, embistió a dos vehículos y terminó provocando que uno caiga a un desagüe. Además, un hombre sufrió heridas de gravedad.
Un hombre oriundo de la provincia de Salta fue acusado este lunes (19/01) por el delito de lesiones graves culposas doblemente agravadas, tras protagonizar un grave siniestro vial mientras conducía con exceso de alcohol en sangre y posteriormente darse a la fuga. La jueza de Garantías dispuso su prisión preventiva por el plazo de 2 meses.
Según expuso la fiscal de feria durante la audiencia que se realizó esta mañana, el hecho ocurrió el pasado sábado (17/01), cerca de las 19 horas, sobre la Ruta Nacional N° 22 y calle Mendoza, en uno de los accesos principales a la ciudad de General Roca y donde funcionan semáforos.
El acusado circulaba en sentido este-oeste a bordo de un camión Mercedes Benz, perteneciente a una empresa de transporte, de manera imprudente y antirreglamentaria, cuando impactó desde atrás a un Chevrolet Meriva. Como consecuencia del choque, este vehículo colisionó por alcance a un Renault Kwid y terminó cayendo al interior de un desagüe.
Producto del impacto, el conductor del Chevrolet Meriva sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura de pelvis.
Tras el siniestro, el conductor del camión fue trasladado a la Unidad del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, pero se dio a la fuga mientras el personal policial realizaba las actas correspondientes. Al día siguiente se presentó de forma voluntaria en la unidad policial y quedó detenido.
El test de alcoholemia practicado en el lugar del hecho arrojó un resultado de 4,20 mililitros de alcohol en sangre.
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La Justicia de Roca otorgó a un padre el cuidado exclusivo de su hija tras episodios de abandono de su madre
La mujer dejó a la niña sola en un taxi y luego en una terminal de ómnibus.
El fuero de Familia de General Roca resolvió otorgar el cuidado personal unilateral de una niña a su padre, luego de acreditarse reiteradas situaciones de desprotección y negligencia por parte de la madre, que pusieron en riesgo su bienestar.
Según se desprende del expediente, cuando la niña tenía apenas un año, su madre la subió sola a un taxi y la envió al lugar de trabajo del padre. Al llegar, el hombre no se encontraba allí, lo que expuso a la menor a una grave situación de vulnerabilidad. Años más tarde, el episodio se repitió cuando la mujer dejó nuevamente sola a la niña, esta vez en una terminal de ómnibus.
En ambas oportunidades fue el padre quien asumió de manera inmediata el cuidado de su hija. Frente a estos antecedentes, y con el objetivo de garantizarle un entorno estable, seguro y afectivo, el hombre recurrió a la Justicia y solicitó el cuidado exclusivo de la menor.
Durante el proceso judicial se incorporó un informe socioambiental, que describió un hogar monoparental en el cual el padre organiza su actividad laboral en función de las necesidades de la niña. Si bien se señalaron carencias materiales en la vivienda, el informe concluyó que el entorno resulta apto para la crianza, destacando además que la menor asiste regularmente a la escuela y recibe atención psicológica.
La Defensora de Menores dictaminó a favor del otorgamiento del cuidado personal unilateral al padre, en atención al interés superior de la niña, valorando también la ausencia procesal de la madre y las pruebas que acreditaron conductas negligentes.
En su resolución, la jueza subrayó que la madre, pese a haber sido debidamente notificada del inicio de la demanda y de las audiencias fijadas, no compareció en ninguna instancia del proceso, lo que fue interpretado como un claro desinterés por la situación de su hija.
«El interés superior del niño es el lineamiento rector en todas las cuestiones en que este se halle afectado; la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos», sostuvo la magistrada, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo remarcó que, si bien ambos progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, el cuidado personal puede ser atribuido de forma unilateral cuando existen razones fundadas que lo justifiquen, como ocurrió en este caso. Además, se recomendó la continuidad de un abordaje terapéutico integral y el acompañamiento profesional para la niña.
