Judiciales
Presentaron los nuevos servicios que el Poder Judicial ofrece en su web
Se destaca la nueva modalidad para la publicación y difusión de edictos.
Ante un grupo de 50 profesionales del derecho, la mayoría matriculados en el Colegio de Abogados de Cipolletti, el juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Ricardo Apcarián presentó los servicios recientemente incorporados a la web del Poder Judicial (www.jusrionegro.gov.ar).
Mencionó la nueva modalidad para la publicación y difusión de edictos, que fue impulsada por ley ante la Legislatura, la calculadora de intereses que está disponible en la web desde hace tiempo y adelantó que pronto se incorporará la fórmula matemática financiera para el cálculo de indemnizaciones por incapacidad. Se trata de la regla adoptada por el STJ que será una herramienta más de acceso libre para abogados y magistrados.
La fórmula para el cálculo de indemnizaciones acarrea beneficios no solo para el ciudadano que puede ser informado por su abogado respecto de los montos de las indemnizaciones sino que es una herramienta que utilizan las partes para arribar a conciliaciones en la primera instancia.
Respecto de la publicación de edictos, con la vigencia de la nueva ley, los abogados pueden generarlos de manera digital y enviarlos al organismo a través de la misma web, previo acceso con clave al sistema informático. La difusión en el Boletín Oficial de la provincia continúa siendo el único ámbito obligatorio de la publicación de edictos, según la legislación.
En la tarde del viernes, en el Colegio de Abogados de Cipolletti, el juez Apcarián realizó además una presentación sobre los criterios del STJ en materia de regulación de honorarios. Además les recordó a los matriculados que el Poder Judicial posee también el servicio de la Biblioteca Jurídica y la confección y posterior difusión del Boletín de Jurisprudencia. El presidente del Colegio Julio Tarifa ponderó la organización y realización de este tipo de encuentros, productivos no solo por la calidad de la información que se comparte sino porque admiten el intercambio y el debate de distintos temas de interés.
Participaron unos 50 abogados que litigan ante los tribunales de Roca y Cipolletti, además de algunos magistrados y funcionarios que se mostraron interesados en la temática. El juez Apcarián adelantó la incorporación de nuevos servicios vinculados a la informatización y digitalización de los procesos, lo que se traduce en mayor transparencia y celeridad tanto para los litigantes como para el ciudadano.
“Nuestro objetivo es que a través de este tipo de encuentros los abogados y magistrados conozcan y accedan a determinados criterios de solución, a las pautas que fija la ley y el STJ, para bajar el índice de litigiosidad, acortar los plazos y evitar recursos inconducentes que terminan perjudicando al ciudadano que busca una solución”, sostuvo Apcarián.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
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Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
Judiciales
Imputaron a una profesora de natación y un guardavidas por el fallecimiento del niño de 11 años en la pileta municipal de Roca
Según la acusación, ambos imputados habrían omitido el deber de cuidado al no advertir a tiempo lo que le ocurría a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal imputó a una profesora de natación y a un guardavidas por el delito de homicidio culposo, en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 11 años ocurrida el 22 de diciembre de 2023 durante una clase en la pileta municipal de General Roca, ubicada en la zona norte de la ciudad.
Según la acusación fiscal, ambos imputados estaban a cargo de un grupo de seis menores cuando, alrededor de las 11.40, se le indicó al grupo un ejercicio en el agua. El niño no salió a la superficie como los demás y la situación fue advertida minutos después, cuando lo sacaron del agua e iniciaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.
La Fiscalía sostuvo que ambos habrían omitido el deber de cuidado al no advertir lo que ocurría con el menor. El tiempo de inmersión prolongada sin supervisión efectiva ni asistencia inmediata provocó un episodio de ahogamiento por sumersión que derivó en su fallecimiento por asfixia. La calificación legal aplicada es la de homicidio culposo, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal.
El defensor penal público que asiste a ambos imputados señaló que, a criterio de la defensa, no existen elementos suficientes para formular cargos en esta instancia, y reclamó la realización de un estudio histopatológico antes de arribar a conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.
La jueza de Garantías interviniente, ante la presencia de los padres del niño y su querellante -quien adhirió al pedido fiscal-, explicó que la investigación deberá determinar si la muerte fue producto de negligencia o imprudencia de quienes tenían a su cargo al menor, o si fue consecuencia de una patología previa que no hubiera podido evitarse aun con la debida diligencia. Tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria.
