Tras los incidentes ocurridos en la Legislatura el pasado jueves (26/09), en el marco de la sesión para declarar como servicio esencial a la Educación, la relación entre el Gobierno y el gremio docente UnTER se terminó de romper definitivamente. Es cierto que no venía de la mejor manera, pero los hechos de violencia fueron la gota que rebalsaron el vaso.

Además de instruir a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga en las investigaciones judiciales por la conducta de los manifestantes del sindicato, en la mañana de hoy (30/09) el gobernador Alberto Weretilneck he dado instrucciones al Ministerio de Educación para «dar de baja las licencias especiales que usufructuaban 20 de los docentes de UnTER para cumplir tareas gremiales. Estas licencias nos costaban más de $20.000.000 mensuales«, detalló el mandatario provincial.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Weretilneck sostuvo que «en relación a las licencias gremiales que benefician a 65 docentes más, que le cuestan a la provincia más de 132 millones de pesos por mes, estamos analizando el marco legal para anularlas«.

«Estamos avanzando para garantizar lo que de verdad importa: la educación de nuestros chicos. Vamos a cuidar lo que es de todos, priorizando el futuro de Río Negro y el buen uso de los recursos de los rionegrinos y rionegrinas», concluyó el gobernador.

Frente a las primeras notificaciones de despidos que comenzaron a llegar el viernes pasado (27/09) y a lo largo del fin de semana en la Administración Pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará protestas y asambleas simultáneas bajo distintas modalidades a partir de las 10 en todos los organismos para «frenar la tercera ola de despidos que intenta llevar a cabo el Gobierno nacional».

«Estas nuevas cesantías se dan justo cuando el Gobierno pierde apoyo popular. Tenemos que multiplicar las protestas en todo el país para seguir aumentando el descontento social», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Son casi 65.000 los vínculos laborales que fueron renovados tan solo por tres meses y que vencen este lunes 30 de septiembre. En este marco, el dirigente señaló que «la destrucción del empleo en el Estado se profundiza y así se desmantelan políticas públicas vitales. La clase media y los sectores más vulnerables pierden derechos esenciales».

«Entre lo que piensa el presidente (Javier Milei) y lo que realmente le pasa a la gente hay un abismo de distancia. Quienes gobiernan no tienen ni idea de los padecimientos del pueblo. Solo así se explican las risas en la Casa Rosada mientras se anuncia el 53% de pobreza. El show que armaron en Parque Lezama no frena el rechazo de la gente a la actual gestión. Esto va a terminar muy mal», aseguró Rodolfo Aguiar.

«En el Estado paralelo que está armando Milei para beneficio de unos pocos empresarios ingresa personal todos los días, mientras que el Estado verdadero, el que está al servicio de todos, tiene cada vez menos trabajadores», disparó el secretario general de ATE y concluyó con que «esta semana convocaremos a todas las instancias orgánicas del sindicato y definiremos de qué manera se profundizará el plan de lucha en todo el país».

«Las cesantías llevadas a cabo en lo que va de la gestión Milei afectan a organismos claves encargados de garantizar derechos para los sectores más vulnerables de la población, como en el Ministerio de Capital Humano, donde hay más de 80 trabajadores afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas como Ayudas Urgentes y Emergencias, en un contexto donde gran parte de la provincia de Córdoba se ve atacada por los incendios hace varios días», recordaron desde ATE.

«Otras áreas sensibles que se vieron afectadas por los despidos son la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de Capital Humano, fueron desvinculadas 80 personas y ya son 600 los despidos en nueve meses; la Secretaría de Derechos Humanos con más de 80 trabajadores notificados de sus despidos a principio de esta semana; además de las oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Social, entre otros organismos y dependencias», agregaron.

«Además, el grueso de los despidos se dieron en dependencias públicas y programas focalizados en la asistencia territorial de las provincias», detallaron.

ATE convocará a todas sus instancias orgánicas para definir la continuidad del plan de acción, en el cual es parte también de sus principales reclamos la profunda pérdida del poder adquisitivo de los estatales, que ya supera el 30% en lo que va del año y que podría aumentar a partir del congelamiento salarial anunciado por el Ejecutivo.

El gobernador Alberto Weretilneck instruyó a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga en las investigaciones judiciales por la conducta de los manifestantes de UnTER que protestaron en las afueras de la Legislatura provincial durante la sesión donde se declaró a la Educación como servicio esencial.

En su cuenta de X, el mandatario provincial anunció que «exigiremos la aplicación del Artículo 241 del Código Penal». Esta norma expresa que «será reprimido con prisión de 15 días a seis meses: a) el que perturbe el orden en las sesiones de los cuerpos deliberativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones; y b) el que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones».

Weretilneck ratificó así que «no vamos a permitir que se ataque la democracia ni que se interfiera en el funcionamiento de las instituciones democráticas».

«Las leyes están para cumplirse y quienes desafíen el orden institucional enfrentarán las consecuencias», remarcó el mandatario.

Weretilneck ya había cuestionado a los integrantes de UnTER por los hechos ocurridos durante la mañana del jueves (26/09) en las puertas de la Legislatura.

«Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, y ver este nivel de agresión por parte de quienes deberían ser un ejemplo es inaceptable. Vamos a cambiar lo que sea necesario para no dejar la educación y el futuro de nuestros hijos en manos de violentos», indicó en tal sentido.