Judiciales
Caso Atahualpa: El Consejo de la Magistratura decidió la continuidad de sumarios
Ahora el legislador Casadei deberá concluir el sumario.
Hoy (18/06) se reunió el Consejo de la Magistratura en Viedma para abordar distintos expedientes disciplinarios. Fue presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, y contó con la presencia de los legisladores Adrián Casadei, Nicolás Rochás y Facundo López y los abogados Sandra Isaguirre, Alejandro Montanari y Cirilo Bustamente.
El primer expediente que se abordó es el que se sigue a funcionarios intervinientes en la investigación del caso Atahualpa. Por la judicatura estuvieron el juez Gustavo Guerra Lavayén y el Procurador Jorge Crespo, en este caso exclusivamente porque se evaluaba la conducta del ex fiscal Falca.
El año pasado el Consejo de la Magistratura decidió, tras recibir una investigación preliminar de la Dra. Natalia Faluggi, iniciar un sumario a la jueza Daniela Zágari y el juez Carlos Reussi, que actuaron como fiscal y juez instructor de la causa Atahualpa. También al entonces fiscal Ricardo Falca, hoy jubilado. El CM nombró al legislador Casadei como sumariante.
Durante el transcurso del sumario, Zágari, Reussi y Falca realizaron planteos de diverso orden, con distintas argumentaciones. Hoy el Consejo de la Magistratura abordó esas presentaciones y resolvió continuar con el sumario.
Siete consejeros (los tres legisladores, los tres integrantes del Colegio de Abogados y el presidente del STJ, Enrique Mansilla), optaron por la continuidad del sumario. También lo hizo el Procurador General Jorge Crespo, en el caso que por incumbencia funcional le tocó intervenir.
El juez Gustavo Guerra Lavayén, en cambio, votó por el archivo de la causa. Manifestó que el STJ revocó la decisión del primer juicio y debe sustanciarse uno nuevo. Argumentó que la causa sigue abierta y citó el artículo 196 de la Constitución Provincial.
A pesar de que en términos prácticos siete consejeros votaron por la continuidad del sumario, se planteó un debate sobre si el Consejo debía rechazar las presentaciones de Zágari, Reussi y Falca, o -como planteó el legislador Rochás- no pronunciarse para evitar el prejuzgamiento.
El Procurador Jorge Crespo argumentó que avanzar con la investigación sumarial no afecta el derecho de defensa y mocionó que que continúe el sumario, desechando su archivo, y que más adelante se definan otros planteos de fondo.
De esta manera, el legislador Casadei deberá concluir el sumario, para aconsejar al Consejo de la Magistratura una decisión, que desde las posibilidades jurídicas puede ir desde la desestimación de la denuncia hasta el inicio de un jury de enjuiciamiento. Será el cuerpo en pleno el que decida tras la presentación del sumario.
Durante el transcurso del debate de hoy, consejeros plantearon la posibilidad de sumar al Tribunal que llevó adelante el primer juicio, presidido por el destituido juez Juan Bernardi.
Judiciales
Fue liberado al mediodía y volvió a ser detenido horas después
Un hombre con antecedentes por violencia y daños fue arrestado nuevamente tras violar una orden judicial y causar destrozos en una vivienda de la zona rural.
Personal de la Comisaría 22º de Cervantes detuvo nuevamente a un hombre por desobediencia judicial y daños, pocas horas después de haber recuperado la libertad por una causa de similares características.
El hecho ocurrió durante la tarde del martes (04/11), cuando la unidad policial recibió un llamado alertando sobre disturbios en una chacra ubicada en la zona rural. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba causando daños en una vivienda, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente hacia ese domicilio.
El hombre había forzado y dañado la puerta de ingreso, por lo que fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial.
De acuerdo con la información oficial, el mismo sujeto había sido liberado horas antes, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías de General Roca, tras haber estado detenido por otro hecho de similares características.
Intervino en el caso la Fiscalía N° 7, que dispuso que el hombre permanezca nuevamente detenido mientras avanza la investigación.
Judiciales
Condenaron a un trabajador de la SENAF por abuso y amenazas a niños bajo su cuidado
El hombre reconoció los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en un Centro de Atención Integral de Roca. Recibió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta mañana (05/11), uno de los dos imputados por delitos cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a 3 años de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.
El hombre, que se desempeñaba como auxiliar asistencial, aceptó los cargos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y amenazas coactivas continuadas, cometidos entre abril de 2021 y septiembre de 2023.
Según detalló la Fiscalía, el acusado ejercía violencia y amenazas contra los menores, generándoles temor para evitar que contaran lo ocurrido. En uno de los episodios, ocurrido entre julio y agosto de 2023, abusó de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo abreviado, con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas. Además de la pena de prisión condicional, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso.
El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años: fijar domicilio, no acercarse ni contactar a la víctima, directa o indirectamente, y abstenerse de todo tipo de vínculo con menores en el ámbito institucional.
La investigación incluyó denuncias institucionales, testimonios de operadores y psicólogos, pericias forenses y registros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Por su parte, la segunda persona imputada en la causa, una mujer, continúa bajo proceso judicial: la audiencia de control de acusación se retomará el próximo lunes (10/11) a las 10.00.
Judiciales
Condenan a 4 años de prisión a dos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil
Los hechos fueron detectados tras reportes de Google y WhatsApp al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó al Ministerio Público Fiscal rionegrino. Uno de ellos es de Roca.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial logró esta semana que dos hombres fueran condenados a cuatro años de prisión efectiva por delitos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
Las causas, tramitadas en General Roca y Choele Choel, se resolvieron en el marco de juicios abreviados, luego de que ambos imputados reconocieran su responsabilidad penal.
El primer caso ocurrió en Choele Choel y fue detectado en agosto de 2022, cuando Google denunció la actividad sospechosa a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con el cual el Ministerio Público Fiscal argentino mantiene un convenio de cooperación. La investigación determinó que el acusado tenía en su poder múltiples fotos y videos con contenido de abuso sexual infantil, lo que derivó en su procesamiento y condena.
El segundo hecho fue investigado en General Roca, donde un hombre aceptó haber cometido tres delitos durante 2024. Según la Fiscalía, el imputado subió videos a los servidores de WhatsApp, facilitó contenido a otros usuarios y almacenó material en su teléfono celular, el cual fue secuestrado durante un allanamiento. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) confirmó que el dispositivo contenía 21 videos con imágenes de víctimas menores de edad.
Las pruebas reunidas incluyeron los reportes internacionales, los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, peritajes informáticos de OITel, informes del Gabinete de Criminalística y evaluaciones médicas del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmaron la edad de las víctimas.
En Choele Choel, la condena fue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal, mientras que en Roca, la figura legal aplicada fue tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravadas por ser las víctimas menores de 13 años, ambas previstas en el artículo 128 del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en la pena solicitada y, tras renunciar a los plazos procesales, los dos condenados ya se encuentran cumpliendo su condena.
