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3 meses de prisión preventiva al asesino de Leticia

Le formularon cargos. Podrían condenarlo a cadena perpetua. La defensa del acusado pidió prisión domiciliaria, la cual fue denegada.

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El fiscal Luciano Garrido, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra las personas, formuló cargos hoy (22/06) contra un Mario Bravo, acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género.

Según relató el fiscal, el hecho ocurrió ayer (21/06) a las 22.40 aproximadamente en la vía pública en inmediaciones de San Luis al 1800 de General Roca. En esas circunstancias, el imputado -quien había mantenido una relación de pareja con la víctima- agredió con un arma blanca a Leticia Gomez, produciéndole lesiones en la zona del tórax las cuales le provocaron la muerte.

Entre las evidencias recabadas hasta el momento, el titular de Unidad Fiscal de Delitos contra las personas mencionó el acta de procedimiento policial labrada por personal de la Comisaría N° 21 de Roca, las entrevistas realizadas a dos empleados policiales de la mencionada unidad quienes realizaba recorridos en la zona en bicicletas y divisaron a la víctima y al presunto agresor instantes después de la agresión.

Por otro lado, mencionó que del lugar del hecho se secuestró un arma blanca de unos 15 centímetros que sería la utilizada para perpetrar el ataque. Además mencionó que del vehículo del acusado secuestró la vaina con la cual se enfunda el cuchillo con el que fue ultimada Gomez.

Además de lo anterior, solicitó a la Oficina de Atención a la Víctima que brinde asistencia a los familiares de la víctima, por lo que desde primera hora de hoy, la Lic. Gladys Gzain, integrante del equipo auxiliar del Ministerio Público Fiscal se encuentra interviniendo en el caso.

En cuanto a la calificación legal provisoria Garrido encuadró el caso como un homicidio doblemente calificado por haber mantenido con la víctima una relación de pareja y por haber sido cometido por mediando violencia de género (femicidio). Dicha figura penal prevé únicamente penas de prisión perpetua. Como medida cautelar, el fiscal solicitó la prisión preventiva por el periodo que dure la investigación. El plazo requerido fue de tres meses.

Respecto de lo anterior, el fiscal señaló que en caso de recaer condena la misma sería la más alta prevista en el Código Penal y que indefectiblemente sería de cumplimiento efectivo. Por otro entendió que en el caso se encontraban presentes los dos riesgos procesales a considerar a la hora de evaluar el pedido de un encarcelamiento preventivo: el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.

La defensa del acusado, representada por Oscar Pineda y Pablo Iribarren, no se opuso a la medida cautelar pero solicitó que la misma se cumpla en forma domiciliaria. La jueza de Garantías, Margarita Carrasco no hizo lugar a este pedido y dictó la prisión preventiva por un plazo de tres meses.

Garrido consideró que en ese plazo podría avanzarse a las sucesivas etapas del proceso, tales como el control de acusación y el juicio.

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Judiciales

Subieron las conciliaciones: El año pasado fue el periodo con más acuerdos

El crecimiento de los acuerdos es sostenido desde que se implementó la modalidad.

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Unos 578 conflictos laborales se resolvieron el año pasado en la instancia de la conciliación, es decir sin necesidad de transitar un juicio. El crecimiento de los acuerdos es sostenido desde que se implementó la modalidad. De todas las ciudades de la provincia, Bariloche es la que mejores resultados obtiene.

La conciliación laboral forma parte de los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Marc) y se encuentra en todos los Centros Integrales (Cimarc) cabeceras de las cuatro circunscripciones judiciales y en algunas delegaciones, como por ejemplo la de Cinco Saltos.

La conciliación laboral prejudicial es la primera posibilidad que tienen las partes para conciliar un conflicto de trabajo. Hay dos instancias más: en la audiencia de conciliación judicial que fija el tribunal una vez trabado el litigio, y luego en la audiencia de vista de causa cuando declaran los testigos y se cierra la etapa probatoria. De todas formas, la prejudicial es la más económica porque se ahorra tiempo y dinero sin necesidad de iniciar el juicio.

Tanto la conciliación laboral, que es obligatoria en toda la provincia, como la nueva Ley de Riesgos del Trabajo representan un porcentaje significativo en los menores ingresos de causas a los tribunales laborales del Poder Judicial de Río Negro. Ello se traduce en menos juicios y en soluciones más rápidas para trabajadores y trabajadoras.

La modalidad de resolución de conflictos comenzó a implementarse paulatinamente desde 2019. Ese año hubo 503 acuerdos, al año siguiente 242, el 2021 subió a 504 acuerdos, en 2022 se registraron 469 y, finalmente, el 2023 fue el año de mayores conciliaciones: 578.

Sí se analizan los datos por Circunscripción, en el último año, Viedma (Primera Circunscripción) obtuvo 45 acuerdos, la Segunda Circunscripción con cabecera en Roca 112 acuerdos, Bariloche (Tercera Circunscripción) 371 acuerdos y la Cuarta Circunscripción de Cipolletti unos 50 acuerdos.

Los datos no incluyen las conciliaciones que se realizan ante la Secretaría de Trabajo que depende del Poder Ejecutivo. La información del Poder Judicial surge del Informe Estadístico Anual que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.

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Acceso a justicia para las infancias: Unicef destacó la experiencia de Río Negro

Es por la implementación de la «Guía de Buenas Prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual».

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Unicef Argentina destacó al Poder Judicial de Río Negro por la implementación de una «Guía de Buenas Prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual». Esa Guía es de uso obligatorio en todos los organismos judiciales desde diciembre pasado, cuando el Superior Tribunal de Justicia dictó la Acordada 25/2023.

La Guía optimiza la coordinación de todas las personas y organismos judiciales y no judiciales que intervienen desde que un niño o una niña cuenta por primera vez lo que sabe sobre un hecho de violencia sexual hasta la finalización del proceso judicial. Por eso involucra puertas adentro a jueces y juezas, fiscales, defensores, equipos técnicos, profesionales del Cuerpo de Investigación Forense, y fuera del Poder Judicial a organismos como Salud Pública, Educación, SENAF y Policía, entre otros.

En su boletín informativo de mayo, el equipo de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef Argentina destacó la iniciativa de Río Negro como una «experiencia inspiradora» para toda la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, anunció que realizará jornadas de capacitación sobre el contenido de la Guía junto a la Escuela de Capacitación Judicial.

El boletín de Unicef destaca mes a mes fallos destacados en materia de niñez y adolescencia, recomienda publicaciones de interés sobre la temática, presenta informes y relevamientos propios y anticipa el calendario de capacitaciones y eventos y publica comentarios a fallos y artículos de doctrina que sirven de referencia para el servicio de justicia.

Evitar la revictimización

El objetivo central de la Guía es «reducir el estrés y revictimización» que pueden padecer las infancias durante su participación en los procesos judiciales y «optimizar las oportunidades de obtener pruebas válidas y de calidad». Para eso es clave el abordaje cuidadoso de los niños, niñas y adolescentes desde el momento en que relatan por primera vez, en cualquier ámbito, una situación de violencia sexual que hayan sufrido o conocido. Desde ese momento es fundamental proteger el relato de posibles contaminaciones y brindar la contención necesaria.

En octubre pasado la entonces presidenta del STJ, Liliana Piccinini, participó del 5° Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as con los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde se acordó difundir y aplicar la Guía en todos los poderes judiciales del país. El documento fue elaborado por Unicef en el marco de la «Iniciativa Spotlight», una campaña conjunta de Naciones Unidas y la Unión Europea orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Para la implementación de la Guía en Río Negro, la Acordada del STJ destaca la importancia de la «articulación interna» y de la coordinación externa con los restantes operadores. La Guía está disponible para descargar en la página web de Unicef, desde el siguiente enlace: https://www.unicef.org/argentina/informes/gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas.

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El miércoles comienza el juicio al periodista Emiliano Gatti

El ex conductor de Canal 10 está imputado por facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

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Foto: Gentileza Juan José Thomes (Diario Río Negro).

El periodista acusado de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, Emiliano Gatti, irá a juicio a partir del próximo miércoles (15/05) luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso de la defensa para acceder a una «probation».

Ya el Tribunal de Impugnación había confirmado la decisión de dos jueces de Roca que denegaron la opción de una «probation». De esta manera se afianzó la proyección del juicio oral y público que la Oficina Judicial de Roca fijó para este mes, aunque la defensa del imputado volvió a interponer otro recurso ante el STJ, el cual también fue rechazado.

Cabe recordar que Gatti, de 53 años, fue detenido luego de un megaoperativo policial, que tuvo alrededor de 90 allanamientos en todo el país. Agentes de la Policía ingresaron al departamento del conductor en la madrugada del martes 15 de noviembre de 2022, ubicado en Islas Malvinas y Tres Arroyos de General Roca. Los oficiales rompieron la puerta y arrestaron a Gatti. También secuestraron computadoras y aparatos que contendrían imágenes de abuso sexual infantil, las cuales fueron peritadas y serán una prueba fundamental en el juicio.

El ex conductor de Canal 10, quien fue autorizado a no residir más en General Roca y fijar domicilio en Bahía Blanca, fue imputado por «facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menor de 13 años). Ambas en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución, 50 hechos, en carácter de autor», según los artículos 45, 54, 55, 128 1er, 2do., 3ro y 5to párrafo del Código Penal.

En principio, el juicio oral está fijado para los días 15,16, 17 y 21 de mayo en Roca. Será ante un Tribunal colegiado -integrado por los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler- en función de la calificación legal y la pretensión punitiva que se admitieron en el control de acusación. La pena va desde los 4 años de prisión en adelante.

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