Río Negro
Noemí Labrune donó su casa en Cipolletti para una residencia de la Universidad del Comahue
Ya están viviendo diez estudiantes de las facultades de Medicina y de Ciencias del Ambiente y la Salud.
La dirigente de la Asociación por los Derechos Humanos, Noemí Labrune, donó su casa familiar en el barrio Rosauer de Cipolletti a la Universidad Nacional del Comahue para que sea utilizada como residencia universitaria, en la que ya están viviendo diez estudiantes de las facultades de Medicina y de Ciencias del Ambiente y la Salud.
El Consejo Superior aceptó la donación con cargo a la Universidad, que estará comprometida durante 10 años a llevar adelante un proyecto de autoabastecimiento de energía de manera sustentable y a realizar visitas guiadas a estudiantes secundarios, poniendo en valor la lucha por los derechos humanos en la región y, en particular la figura de la joven desaparecida Leticia Veraldi, secuestrada en la puerta de la casa de los Labrune el 4 de julio de 1977. Las facultades de Ingeniería y Turismo ya se encuentran comprometidas en el proyecto y trabajando activamente para cumplir con este legado que realizó Noemí Labrune a la institución.
La residencia estudiantil está ubicada en calle Villegas al 700, es una casona de dos plantas, en la que funcionan dos viviendas independientes. Antes de concretar la donación, la familia Labrune realizó una inversión de dos millones y medios de pesos para acondicionar la casa y dotarla de fuentes de energía no convencionales y, en la planta baja, un baño para personas con movilidad reducida.
La moción de aceptar la donación fue fundamentada por el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Dante Di Fiore. La unidad académica que aceptó el desafío de supervisar y asesorar para el equipamiento de la casa con fuentes de energía no convencionales, que consisten en paneles solares para la generación de energía, termotanque solar para la provisión de agua caliente, aislaciones y otros elementos necesarios para el ahorro de energía. Entre las voces de apoyo de distintos consejeros se destacó que “Noemí Labrune sigue marcando el camino” y que “se muestra a la sociedad una filosofía de vida”.
Noemí Labrune es Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Comahue y desde hace tiempo había transformado su casa en una residencia estudiantil informal, albergando de manera gratuita a estudiantes de la Universidad. Labrune ya no vive en la casa y la habitación de la planta baja que utilizaba fue transformada en el baño para personas con movilidad reducida. Los diez estudiantes que residen allí se encuentran comprendidos dentro del programa de becas de residencia de la UNCo.
“Quiero aclarar, que si bien se ha dicho donación porque es un término jurídico necesario para los papeles, no es una donación, es una restitución, los universitarios que nos hemos trabajado a lo largo de la vida con lo aprendido en la Universidad nos vamos a trabajar afuera con una deuda, y los tres Labrune hemos sido muy felices trabajando con eso que aprendimos, y en segundo lugar, hay una ley de la Dictadura, que nadie se ocupó en derogar, que modifica las condiciones de herencia en una forma muy reaccionaria, que no pone impuestos, que tendrían que ser progresivos sobre las herencias, esos impuestos antes iban al Estado y eran muy necesarios, uno puede acumular mucho dinero mientras vive pero es en función de que el Estado ha puesto a disposición vías de acumulación capitalista y es lógico pagar un impuesto, la Dictadura suprimió estos impuestos, esa ley no se derogó y la familia Labrune decide por las suyas modificar esa ley de la Dictadura, es como si hubiera pagado un impuesto por esos bienes que yo recibí de mi padre y de mi esposo, ya fallecidos”, explicó Noemí Labrune sobre la donación de la vivienda.
“Al ponerle a una residencia estudiantil el nombre de una muchachita de 17 años, secuestrada en esa casa porque era militante de la Juventud Guevarista, esperamos que los estudiantes que pasen por allí evoquen lo que pasó durante la dictadura y, sobre todo, se encuentren con ese proyecto de los jóvenes de aquel tiempo de modificar, esa sociedad tan injusta y hacer de este país, otro país”, dijo Labrune.
Leticia Veraldi era una joven estudiante secundaria de Vicente López, que fue enviada por sus padres a Cipolletti en abril de 1976, luego de que algunos de sus compañeros del centro de estudiantes aparecieran calcinados en un vehículo, luego de ser secuestrados. “Los papás de Leticia vinieron y nos la confiaron pensando que este era un lugar seguro”, recordó Labrune.
“Han pasado 40 años, pero pueden pasar otros 40 y no hay que olvidarse de lo que hizo el Terrorismo de Estado y lo que intentaban hacer esas generaciones de jóvenes que fueron destruidas y masacradas”, concluyó.
Se fomentarán las visitas guiadas de estudiantes a la casa, a través de un proyecto que llevará adelante la Facultad de Turismo, para poner en valor la lucha por los Derechos Humanos que se llevó adelante en la región y para recordar a Leticia Veraldi.
Apenas aprobada la cesión de la casa a favor de la Universidad fuimos a la residencia, donde nos encontramos con tres de los estudiantes que viven allí: Cristian de Ushuaia, Julio de Las Lajas y Sebastián de Chile.
“Estar acá es muy lindo, yo estoy desde hace seis años estudiando Medicina y estoy más que agradecido por todas las obras que hace Noemí, acá se viene a estudiar y recibimos el legado de poder ayudar el día de mañana a otras personas como nos ayudaron a nosotros”, afirmó Cristian, estudiante avanzado de Medicina.
“Yo entré el año pasado y no sabía nada, la había visto a Noemí Labrune alguna vez en la tele, empecé a investigar, a leer y comprendí lo valores que tiene, ella ya no vive acá pero viene todo el tiempo, está pendiente, nos reta”, contó Julio, estudiante de Enfermería.
“Esta casa es histórica, que va unida a una vida con sentido, un legado que ha dejado Noemí a lo largo de su vida, que nosotros seamos formados y aportemos a la educación pública, va de la mano con el trabajo de Noemí por una sociedad mejor, por una educación al alcance de todos”, afirmó Sebastián.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
