Río Negro
Noemí Labrune donó su casa en Cipolletti para una residencia de la Universidad del Comahue
Ya están viviendo diez estudiantes de las facultades de Medicina y de Ciencias del Ambiente y la Salud.
La dirigente de la Asociación por los Derechos Humanos, Noemí Labrune, donó su casa familiar en el barrio Rosauer de Cipolletti a la Universidad Nacional del Comahue para que sea utilizada como residencia universitaria, en la que ya están viviendo diez estudiantes de las facultades de Medicina y de Ciencias del Ambiente y la Salud.
El Consejo Superior aceptó la donación con cargo a la Universidad, que estará comprometida durante 10 años a llevar adelante un proyecto de autoabastecimiento de energía de manera sustentable y a realizar visitas guiadas a estudiantes secundarios, poniendo en valor la lucha por los derechos humanos en la región y, en particular la figura de la joven desaparecida Leticia Veraldi, secuestrada en la puerta de la casa de los Labrune el 4 de julio de 1977. Las facultades de Ingeniería y Turismo ya se encuentran comprometidas en el proyecto y trabajando activamente para cumplir con este legado que realizó Noemí Labrune a la institución.
La residencia estudiantil está ubicada en calle Villegas al 700, es una casona de dos plantas, en la que funcionan dos viviendas independientes. Antes de concretar la donación, la familia Labrune realizó una inversión de dos millones y medios de pesos para acondicionar la casa y dotarla de fuentes de energía no convencionales y, en la planta baja, un baño para personas con movilidad reducida.
La moción de aceptar la donación fue fundamentada por el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Dante Di Fiore. La unidad académica que aceptó el desafío de supervisar y asesorar para el equipamiento de la casa con fuentes de energía no convencionales, que consisten en paneles solares para la generación de energía, termotanque solar para la provisión de agua caliente, aislaciones y otros elementos necesarios para el ahorro de energía. Entre las voces de apoyo de distintos consejeros se destacó que “Noemí Labrune sigue marcando el camino” y que “se muestra a la sociedad una filosofía de vida”.
Noemí Labrune es Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Comahue y desde hace tiempo había transformado su casa en una residencia estudiantil informal, albergando de manera gratuita a estudiantes de la Universidad. Labrune ya no vive en la casa y la habitación de la planta baja que utilizaba fue transformada en el baño para personas con movilidad reducida. Los diez estudiantes que residen allí se encuentran comprendidos dentro del programa de becas de residencia de la UNCo.
“Quiero aclarar, que si bien se ha dicho donación porque es un término jurídico necesario para los papeles, no es una donación, es una restitución, los universitarios que nos hemos trabajado a lo largo de la vida con lo aprendido en la Universidad nos vamos a trabajar afuera con una deuda, y los tres Labrune hemos sido muy felices trabajando con eso que aprendimos, y en segundo lugar, hay una ley de la Dictadura, que nadie se ocupó en derogar, que modifica las condiciones de herencia en una forma muy reaccionaria, que no pone impuestos, que tendrían que ser progresivos sobre las herencias, esos impuestos antes iban al Estado y eran muy necesarios, uno puede acumular mucho dinero mientras vive pero es en función de que el Estado ha puesto a disposición vías de acumulación capitalista y es lógico pagar un impuesto, la Dictadura suprimió estos impuestos, esa ley no se derogó y la familia Labrune decide por las suyas modificar esa ley de la Dictadura, es como si hubiera pagado un impuesto por esos bienes que yo recibí de mi padre y de mi esposo, ya fallecidos”, explicó Noemí Labrune sobre la donación de la vivienda.
“Al ponerle a una residencia estudiantil el nombre de una muchachita de 17 años, secuestrada en esa casa porque era militante de la Juventud Guevarista, esperamos que los estudiantes que pasen por allí evoquen lo que pasó durante la dictadura y, sobre todo, se encuentren con ese proyecto de los jóvenes de aquel tiempo de modificar, esa sociedad tan injusta y hacer de este país, otro país”, dijo Labrune.
Leticia Veraldi era una joven estudiante secundaria de Vicente López, que fue enviada por sus padres a Cipolletti en abril de 1976, luego de que algunos de sus compañeros del centro de estudiantes aparecieran calcinados en un vehículo, luego de ser secuestrados. “Los papás de Leticia vinieron y nos la confiaron pensando que este era un lugar seguro”, recordó Labrune.
“Han pasado 40 años, pero pueden pasar otros 40 y no hay que olvidarse de lo que hizo el Terrorismo de Estado y lo que intentaban hacer esas generaciones de jóvenes que fueron destruidas y masacradas”, concluyó.
Se fomentarán las visitas guiadas de estudiantes a la casa, a través de un proyecto que llevará adelante la Facultad de Turismo, para poner en valor la lucha por los Derechos Humanos que se llevó adelante en la región y para recordar a Leticia Veraldi.
Apenas aprobada la cesión de la casa a favor de la Universidad fuimos a la residencia, donde nos encontramos con tres de los estudiantes que viven allí: Cristian de Ushuaia, Julio de Las Lajas y Sebastián de Chile.
“Estar acá es muy lindo, yo estoy desde hace seis años estudiando Medicina y estoy más que agradecido por todas las obras que hace Noemí, acá se viene a estudiar y recibimos el legado de poder ayudar el día de mañana a otras personas como nos ayudaron a nosotros”, afirmó Cristian, estudiante avanzado de Medicina.
“Yo entré el año pasado y no sabía nada, la había visto a Noemí Labrune alguna vez en la tele, empecé a investigar, a leer y comprendí lo valores que tiene, ella ya no vive acá pero viene todo el tiempo, está pendiente, nos reta”, contó Julio, estudiante de Enfermería.
“Esta casa es histórica, que va unida a una vida con sentido, un legado que ha dejado Noemí a lo largo de su vida, que nosotros seamos formados y aportemos a la educación pública, va de la mano con el trabajo de Noemí por una sociedad mejor, por una educación al alcance de todos”, afirmó Sebastián.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Río Negro
Rutas 6 y 8: Histórico pavimento urbano para El Cuy
Será la primera Comisión de Fomento de Río Negro en contar con pavimento urbano.
El Gobierno de Río Negro avanza con una obra clave para la integración territorial y suma un hito histórico en El Cuy: la localidad será la primera Comisión de Fomento en contar con pavimento urbano, en el marco de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y N° 8.
En este contexto, Vialidad Rionegrina ejecuta la pavimentación de calles colectoras paralelas a la Ruta N° 6, junto con la iluminación de ambas banquinas, lo que transformará el paso por la localidad en una verdadera travesía urbana. Ya comenzaron los movimientos de suelo y la construcción de dársenas de giro y colectoras, mejorando la circulación y reforzando la seguridad vial.
El impacto es directo: accesos completamente asfaltados, mejor conectividad y condiciones para el desarrollo local. Se trata de un cambio estructural para la comunidad, que por primera vez contará con pavimento urbano, facilitando el acceso a servicios y generando nuevas oportunidades.
La obra forma parte de la intervención vial más importante de la provincia, con más de 180 kilómetros de repavimentación en las Rutas N° 6 y N° 8, a lo que se suman banquinas asfaltadas, nuevas dársenas en empalmes estratégicos y espacios de control de cargas para preservar la infraestructura.
Un corredor que integra y proyecta desarrollo
El proyecto fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur, consolidando un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Cada obra responde a un plan: mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
