Sociedad
Diputados tratará el proyecto de regularización de barrios populares
En Río Negro implica a 145 barrios y más de 15.000 hogares.
La Cámara de Diputados tratará el proyecto de regularización de los barrios populares en toda la Argentina, que implica la expropiación de las tierras en las que están levantados más de 4.000 barrios, 800.000 hogares y en los que viven $3.500.000 de personas y, además, implica la suspensión por cuatro años de los desalojos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular «Evita» Río Negro celebró «el tratamiento en Diputados del proyecto de Régimen de Integración Urbana y Regularización de Barrios Populares. Este proyecto es un paso fundamental en la lucha histórica por el reconocimiento por parte del Estado de los derechos de los compañeros que habitan y construyen cotidianamente estos barrios».
En un comunicado firmado por los referentes Tomás Guevara y Lorena Alan, la CTEP plantea «fuertemente la necesidad de que el Estado Nacional impulse una política nacional de integración urbana. En este marco, en el año 2016 junto a otras organizaciones sociales y ONG’s comenzamos el relevamiento en estos barrios para tener un diagnóstico certero de la situación. En 2017, el Decreto N° 358-17 permitió crear el Certificado de Vivienda Familiar que implicó un reconocimiento por parte del Estado de los barrios populares y sus habitantes. Este proyecto avanza un paso más al incorporar la expropiación de más de 4.000 barrios, donde viven 800.000 hogares y 3.500.000 de personas. Asimismo, suspende por cuatro años los desalojos en estos barrios, garantizando la permanencia en el lugar. En Río Negro esto implica a 145 barrios y más de 15.000 hogares que van a tener garantizada su arraigo en el barrio donde viven».
«La CTEP, como organización que nuclea los trabajadores de la economía popular, trabaja cotidianamente en pos del reconocimiento de los derechos de los trabajadores más castigados de esta sociedad, muchos de los cuáles viven en barrios incorporados en el ReNaBaP. Por eso, día a día somos parte de esta realidad: abriendo caminos, levantando y mejorando casas, luchando contra la especulación inmobiliaria y los intentos de desalojos por parte de un Estado que no garantiza los derechos básicos de acceso a una vivienda digna, servicios elementales (luz, agua, cloacas, recolección de residuos), educación y salud», afirman los dirigentes.
Instaron a los diputados de todos los bloque a acompañar con su voto este proyecto, «que tiene como verdaderos y originales autores a los movimientos populares que han recogido las luchas, han sufrido los desalojos violentos, que aún viven en condiciones de extrema precariedad, han realizado el relevamiento de cada habitante de nuestros barrios populares y han puesto en agenda nacional el proyecto con la marcha federal del 01/06 y que confluyera en Plaza de Mayo con más de 500.000 compañeras/os».
«Este avance que constituye el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación de la ley, nos encuentra con la certeza que solo las organizaciones del pueblo serán las garantes de que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas», expresan desde la CTEP-Evita Río Negro.
Judiciales
Ordenan terminar con agravios en redes sociales y derivan un conflicto vecinal a mediación
El conflicto incluyó acusaciones públicas en Facebook y reclamos vinculados a una bicicleta.
Un juzgado de Paz dictó medidas preventivas para poner fin a un conflicto vecinal que derivó en agravios públicos y publicaciones ofensivas en redes sociales. Para apaciguar la escalada de violencia digital utilizó la Ley Contravencional, que permite resoluciones más rápidas ante situaciones de menor gravedad.
La actuación se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer contra otra vecina, a quien acusó de hostigarla en la vía pública y de publicar mensajes agraviantes en Facebook. La calificaba de «chorra». Según la denunciante, los comentarios también fueron replicados en páginas de amplia difusión local.
El origen del conflicto estaría vinculado a una bicicleta que permaneció en la chacra de la señora que inició la demanda. En una audiencia realizada posteriormente, la mujer denunciada sostuvo que le «prestó» ese rodado, pero luego alegó que «nunca me la pagó». Además, reconoció haber realizado publicaciones injuriantes en redes sociales y se comprometió a eliminarlas.
La jueza de Paz de Conesa recordó que la Ley Contravencional de Río Negro establece que, antes de continuar con una acción de instancia privada, las partes deben recurrir a mecanismos autocompositivos como la mediación o la conciliación para intentar recomponer los intereses afectados y restablecer la paz social.
Como medida cautelar y preventiva, ordenó que ambas partes se abstengan de protagonizar incidentes, proferir agravios o realizar reclamos personales, tanto en espacios públicos como privados. También dispuso que no efectúen comentarios ni publicaciones en redes sociales que puedan generar hostilidad, degradación o humillación hacia la otra parte.
Asimismo, resolvió remitir las actuaciones al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) para que intervenga en la búsqueda de una solución consensuada.
La resolución advirtió que el incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a la aplicación de sanciones previstas por la legislación contravencional, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de concurrir a determinados lugares, trabajo comunitario, multas o arresto.
Judiciales
Entregó una Ranger con infracciones de tránsito y el Juzgado de Paz lo condenó a reintegrar los gastos
El fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses.
Una concesionaria recibió una Ford Ranger usada como parte de pago por la venta de una camioneta 0 km. Todo parecía encaminado hasta que la empresa intentó transferir el vehículo a su nombre. El trámite quedó trabado por deudas e infracciones anteriores a la entrega de la unidad.
La empresa automotriz reclamó al vendedor que regularizara la situación, pero no obtuvo una solución. Con la transferencia paralizada, la firma terminó por pagar una infracción de tránsito y los intereses punitorios de patente para poder avanzar con la inscripción registral. Finalmente la sociedad anónima inició una demanda de menor cuantía.
El Juzgado de Paz de General Enrique Godoy hizo lugar a la acción por el reintegro de las sumas que la empresa debió afrontar para completar la transferencia registral del vehículo usado.
La concesionaria afirmó que, ante la negativa del hombre a regularizar la situación, tuvo que abonar una multa de tránsito para destrabar la transferencia. Además, señaló que la demora generó intereses punitorios por deuda de patente.
Previamente, realizó reclamos extrajudiciales, tanto telefónicos como mediante cartas documento. Incluso se desarrollaron instancias de mediación sin alcanzar un acuerdo. Finalmente, decidió efectuar los pagos por su cuenta y se reservó el derecho de reclamar posteriormente el reintegro de esas sumas.
Durante el trámite judicial, el hombre fue debidamente notificado, pero no se presentó a la audiencia ni contestó la demanda. En virtud de las reglas procesales aplicables a los procesos de menor cuantía, esa ausencia produjo el reconocimiento de los hechos narrados por la empresa.
El juez de Paz analizó, además, la documentación presentada y la prueba informativa incorporada al expediente.
Entre los elementos valorados se encontraron informes registrales, cartas documento intercambiadas entre las partes y la declaración del gestor que intervino en la transferencia del vehículo. Esa prueba permitió corroborar que el dominio registraba deudas que obstaculizaban la inscripción y que la firma efectivamente realizó gestiones y pagos para superar esos impedimentos.
Al evaluar los rubros reclamados, el magistrado consideró plenamente acreditado el pago de la infracción de tránsito. También entendió probado el reclamo por intereses punitorios derivados de la deuda de patente.
Como resultado, el fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses. Finalmente, se dispuso la notificación de las partes y se informó que la sentencia puede ser apelada dentro del plazo legal previsto.
Roca
Avanza el plan de bacheo en Roca con obras en distintos puntos de la ciudad
Las cuadrillas municipales trabajan actualmente sobre calle La Plata y prevén avanzar en otros sectores durante los próximos días.
El Municipio de General Roca continúa desarrollando el Plan Integral de Bacheo y Recuperación Vial con nuevas intervenciones en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las acciones destinadas a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.
Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales realizaron reparaciones de paños de pavimento de hormigón en diversos puntos considerados estratégicos para la circulación urbana. Los trabajos se llevaron adelante en las intersecciones de Canadá y España, Canadá y Don Bosco, Canadá y Neuquén, además de Paraguay al 1146, Vintter y La Plata, San Martín y La Pampa, Santa Cruz y Moreno, Mitre y Chacabuco, Chile al 645, España al 306, 9 de Julio y Mendoza, y Rawson y República del Líbano.
Actualmente, los equipos trabajan sobre calle La Plata, entre Bahía Blanca y Paraná, donde se ejecutan tareas de demolición de sectores deteriorados, preparación de la base y posterior reconstrucción de la calzada.
Desde el Municipio adelantaron que en los próximos días las obras continuarán en República del Líbano y José Ingenieros, República Dominicana y Resistencia, y Canadá y Maipú.
Las autoridades destacaron que «este tipo de intervenciones requiere una importante logística y el traslado de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, minicargadoras, motocompresores y camiones. Por ese motivo, en algunos casos se concentran varias tareas sobre una misma arteria para optimizar recursos y tiempos de ejecución».
Finalmente, se solicitó a conductores y peatones «extremar las precauciones al circular por los sectores intervenidos y respetar el vallado y la señalización dispuesta para garantizar la seguridad de los trabajos».
