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Integración urbana de barrios populares: Una conquista y un desafío de los movimientos populares

Nota de opinión por Tomás Guevara Investigador Asistente CONICET/CIETES-UNRN.

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El pasado miércoles 4 de julio se dio media sanción en la Cámara de Diputados al Proyecto de Ley “Régimen de Integración Urbana y Regularización de Barrios Populares”, con el voto unánime de los diputados presentes, lo que evidencia un consenso histórico en torno a esta problemática del hábitat popular.

Este proyecto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles en los que se asientan más de 4.000 barrios donde viven en condiciones de precariedad más de 800.000 hogares y 3.500.000 personas. El 60% de los terrenos donde se asientan esos barrios pertenecen a propietarios privados. La totalidad de los inmuebles involucra una superficie que es casi el doble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este proyecto encomienda la implementación de proyectos de integración socio urbana y la promoción de acciones para facilitar el acceso a los servicios públicos básicos de esta población. Asimismo, suspende por dos años los desalojos en estos barrios, garantizando la permanencia en el lugar. En Río Negro, este proyecto implica la posibilidad de regularizar e integrar 145 barrios, donde viven más de 15 mil hogares: Mocciola en Bariloche (480 hogares), 30 de marzo en Viedma (200 hogares), y Chacramonte en Roca (550 hogares), por sólo nombrar algunos casos.

Esta ley constituye un paso fundamental en la política de integración urbana que vienen impulsando los movimientos populares, liderados por la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, desde que en 2016 se empezaron los primeros relevamientos y en 2017 se empezaron a entregar los Certificados de Vivienda Familiar. Constituye además un hito en la lucha histórica de estos barrios. La problemática del hábitat informal es de larga data en nuestro país, desde al menos la aparición de los inquilinatos y conventillos de fines del siglo XIX, pasando por las villas de emergencia desde la década de 1930, hasta la proliferación de asentamientos informales desde la década de 1980 y la densificación de las villas en los primeros 2000. Esta problemática expresa las desigualdades en el acceso al suelo y a la vivienda que afecta particularmente a los sectores populares y trabajadores, muchos de los cuáles son a su vez excluidos del mercado laboral, y están condenados a “inventarse el trabajo” en el marco de una economía popular todavía poco visibilizada y menos comprendida desde las políticas públicas.

Hubo otros intentos de estructurar una política de integración urbana a nivel nacional. Se pueden mencionar, entre otros, el Programa Arraigo de 1991 o la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social – Padre Carlos Mugica de 2008. Pero fueron intentos poco articulados y sin continuidad en el tiempo, que no generaron cambios sustanciales.

El proyecto constituye una fuerte apuesta del gobierno en materia de intervención en una problemática social acuciante. Es evidente que median intereses político-electorales en este apoyo. Además, ideológicamente, la regularización dominial no es ajena al menú de políticas neoliberales porque, en definitiva, permite incorporar al mercado tierras que de otra manera están excluidas de la arrolladora lógica de la mercantilización neoliberal. Es la famosa tesis de Hernando de Soto. Pero, sobre todo, este proyecto de ley es una conquista y un desafío para los movimientos populares, que van a tener que redoblar esfuerzos para que esta política no sea instrumentalizada por la Alianza Cambiemos y mantenga su rumbo hacia la integración urbana efectiva y el reconocimiento de derechos, y no derive en otra cosa.

No es este el lugar para hacer una caracterización del gobierno nacional. La mejor prueba de cuál es la relación de los movimientos populares con este gobierno son las ciento de manifestaciones, ollas populares, ocupaciones y otras formas de protesta, que se han sucedido desde diciembre de 2015 cuando asumió. Así como la Ley de Emergencia Social sancionada en 2016 producto de esta lucha, la creación del Relevamiento Nacional de Barrios Populares también en 2016 y el planteo de la Emergencia Alimentaria desde 2017. Los movimientos populares tienen vocación y legitimidad para representar las demandas de un sector de nuestra población que viene siendo muy golpeado por las políticas antipopulares de Cambiemos, pero que tampoco se había incorporado plenamente a los beneficios del crecimiento económico y creación de empleo de la etapa 2002-2015.

La realidad de la economía popular alberga a un tercio al menos de nuestra fuerza de trabajo y es una realidad que llegó para quedarse en el mediano plazo. El desafío es estructurar y fortalecer ese sector, promoviendo su organización en torno a la reproducción social de una vida digna, y no de la acumulación de capital. La integración urbana de los barrios populares es parte de este inmenso desafío. O inventamos o erramos.

 

Tomás Guevara.
Investigador Asistente CONICET/CIETES-UNRN y militante de la CTEP.

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Las Universidades, para qué?

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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En estos días es habitual oír los problemas que enfrenta el sistema educativo, por el desfinanciamiento que está sufriendo. 

Y rápidamente podemos preguntarnos cuál sería el problema y por extensión, por el rol clave que deberían cumplir, en especial las universidades. 

En primera medida servir de espacio de contención socio cultural para quienes pretendan formarse y contar con nuevas herramientas para avanzar en la vida, y segunda y quizá tenida menos en cuenta, generar conocimientos valiosos para la comunidad en su conjunto. 

Si hay algo que uno espera de la educación superior, (de las universidades) ese lugar donde se produce el conocimiento, es que corran los límites, que vayan más allá, que incomoden todo aquello que sea necesario para poder avanzar. 

En este sentido, las ciencias sociales, esas con las que convivimos, ya que nos revisan en eso que nos define como sociedad, como individuos y como humanos, tendrán mucho para aportar. 

Claramente el estado, pero no únicamente el nacional, decide qué financiar y por ende qué no. Pensemos por un momento un gobierno provincial e inclusive algunos gobiernos locales (municipio y comunas), financiando proyectos de investigación en la creencia y seguridad de que eso que se investigue, aportará nuevas ideas, conocimientos y herramientas para su gestión. 

Pero claro, hoy pareciera que las cosas son distintas. Quienes ocupan cargos de gestión, con su trabajo cotidiano nos responden a la preguntá ¿qué se hace?, ya que es su cotidiano. Mientras que quienes investigan en políticas públicas, ciencias de la administración y todo lo referido a la administración pública, nos responderían a ¿qué se podría hacer? 

Hay algo hasta increíble en la separación que tiene hoy la academia con la gestión gubernamental, los investigadores en lo estatal por un lado y los cargos electivos y funcionarios por otros. Si bien son dos conocimientos diferentes, el que se consigue estudiando y el que se consigue haciendo, en algún momento deberían encontrarse. 

Pero claro, quién financiaría aquello que lo incomode, que lo exhiba, que revele sus falencias, inclusive aparece cierta complicidad por parte del sistema ya que esos avances pueden a las claras incomodar la capacidad de gestión de quienes ocupan cargos en las propias instituciones educativas. 

Complicidad de dos lados, dos caras de una moneda que lógicamente no se encuentra, más que en un borde que investiga y aporta sobre cosas cómodas, relatos de una historia sabida y que recopila los datos ya conocidos. 

En esa misma rueda, los trabajadores de la investigación atrapados, ya que se les reconoce y se los obliga a investigar y se les financia aquellas cosas que no molesten. 

Existen problemas de financiamiento, claro, pero ojo no son los únicos. 

Si queremos salir de los problemas que presenta el sistema, sin salir del sistema, deberemos cambiar lo que se deba, corregir lo que se necesite y abrir las administraciones. 

Conseguir que política y conocimiento se amiguen, caso contrario el pozo será cada vez más hondo y la falta de dinero, pasará a ser, el menor de los problemas. 

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

Del otro lado, nosotros

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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En estos tiempos tan veloces de vivir, son pocos los momentos en que nos detenemos a tratar de comprender qué nos pasa, más allá del bolsillo.

Ahora es fácil confundir el síntoma con la causa, la consecuencia con la fuente del problema. Seguir discutiendo en circularidad de lo obvio: el dinero no alcanza. Cuando, en realidad no somos capaces de repensar qué es lo que genera la situación.

Entonces traigo tres dicotomías tan vigentes y actuales (y pasadas, si lo son), como necesarias para incorporar, quizá mate mediante en un momento de reflexión:

La primera responde a la pregunta, ¿dónde estamos?

Rápidamente comprender que estamos inmersos en un sistema democrático, que es abonado por todas y todos, ejercido por las instituciones del estado, pero que muchas veces quien gobierna, impone, crea y establece las condiciones de gobernabilidad, traza las políticas e inclusive el plan de gobierno, es el poder económico privado. Nacional e internacional.

Lo que quiero aportar aquí es esta dicotomía de los “jugadores” de adentro y de afuera del sistema. Vecinas y vecinos serán de afuera, pudiendo aportar con sus participaciones a quienes sí están adentro, la clase dirigencial, políticos y funcionarios públicos. Pero ojo, no seamos tampoco ingenuos, porque quizá hasta ellos mismos, están afuera del sistema de decisión, del poder real. Su único diferencial es conocer el sistema, ser conscientes de su lugar y cumplir con su papel, hacer como que deciden, emular que pueden, abonar alguno de los dos lados de una grieta que no existe como tal.

Para la segunda pregunta, debemos pensar, ¿qué nos ofrecen?

Es que claro, si ellos que son quienes ocupan los cargos públicos, que los elegimos para que gobiernen, no pueden hacerlo porque a su vez son condicionados por los poderes económicos concentrados nacionales, qué nos queda esperar a los demás?

Por lo pronto comenzar a comprender esta segunda dicotomía en la que usualmente nos empantanamos al momento de relacionarnos con ellas/os, y que comprenderla nos dará la libertad de saber qué se nos dice. Esta dicotomía es doble, ya que confundimos los productos del accionar del estado con resultados de la política pública desarrollada y a la vez, el diagnóstico de la situación, con la posibilidad real de avanzar y construir propuestas.

Daré un breve ejemplo: una campaña de vacunación que alcance las 50 personas diarias evidentemente da cuentas de un trabajo (producto – personas vacunadas), pero no de un resultado ya que desconocemos el punto de partida, la situación problemática que se pretendía abordar y acaso el nivel de esfuerzo institucional comprometido y previsto (¿qué tasa pretendíamos mejorar con la vacunación? ¿Queríamos vacunar 50 o quizá el doble y no pudimos?). En este mismo sentido el diagnostico es necesario para saber dónde estamos, qué nos falta, cuál podría ser un punto de partida. Pero solo es eso, un estado de situación. Se requiere entonces avanzar, trascender, comprender que eso es la base a considerar para planificar propuestas que mejoren ese punto de partida. El diagnóstico lo podemos compartir casi todos, pero el plan de acción seguramente tenga lógicas y necesarias resistencias.

Para la tercera pregunta y la más complicada, debemos enfrentar un, ¿qué necesitamos?

Claramente es mi opinión, y parte de considerar que la mejor manera de cambiar las cosas, es participando activamente, conociendo las reglas y teniendo las herramientas y recursos contextuales para ser parte de una construcción que permita dar discusiones, debates e incidir en el diseño y ejecución de lo público.

Por ello, la tercera dicotomía propone que no necesitamos mártires, sino líderes. Esa idea remanente de los héroes en la historia que lo han dado todo por la liberación de los pueblos, de alguna manera invita a pensar en luchas colosales y sobresalientes de pocas/os iluminados y claramente la historia argentina de los últimos 200 años da cuenta que, si a esos proyectos no se los nutre de ideología de compromiso, se los oxigena con carne y participación, mueren antes de iniciar, o se extinguen con su fundador.

Aquí aportar otra dicotomía que se desprende del sistema y es actual en términos de no aportar más que nombres sin proyecto, y es que, no es lo mismo ganar una elección que gobernar. Esas alianzas que dicen lo que se quiere escuchar, o que apelan a lo que el otro ha hecho mal, por sobre proponer hacia dónde, ganan es cierto, pero rápidamente quedan expuestas al momento de tener que avanzar y resolver cómo y qué hacer dentro y desde el estado. Discursos biensonantes sobran, quizá lo que falta es conocimiento sobre el funcionamiento de la cosa pública, para tratar de comprender si eso que han planteado, es posible, probable, realismo mágico o acaso legal.

Poco tiene que ver la legitimidad que otorga un cargo ganado con la capacidad de gestionar programas y proyectos, todas/os votamos a un par que quizá nos cae bien, pero el haber sido votado no garantiza ni eleva a nadie por sobre la masa. Ese será el rol y desafío que el líder deba emprender en una comunidad politizada, conocedora y sobre todo con la claridad para defender lo propio.

Al final y del otro lado, nosotros tratando de comprender para dónde va la cosa, quizá no sea mucho, pero espero que alguna de estas ideas, de estos conceptos, de estos interrogantes queden resonando y permitan idolatrar un poco menos y comprometerse a debatir un poco más.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

¿Por qué marchamos?

Nota de opinión por Nicolás Rochas, apoderado Frente Renovador Distrito Río Negro.

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Nunca nadie que haya llegado al cargo de Presidente había confesado abiertamente, que a su entender, el Estado Nación es «el problema». Porque destruir el Estado no nos hará libres, simplemente nos expondrá ante el mundo casi como bienes fungibles, una nueva especie de res nullius en un planeta organizado en torno a países soberanos.

Marchamos porque no se trata de estar «en contra», sino de advertir las consecuencias de decisiones nefastas y evitar pérdidas que serán irreparables.

Porque gobernar es asignar prioridades y no puede estar antes la ganancia de un banquero que la comida de la gente.

Porque la inflación no puede detenerse a fuerza de pulverizar el salario.

Porque la Cultura, la Ciencia, el Deporte o el Arte, nunca (jamás) son un gasto, sino la inversión a través de la que un pueblo se expresa, se identifica, se distingue y crece.

En poco más de un mes, el gobierno de Javier Milei devaluó en más del 100% la moneda, quitó subsidios, subió tarifas, frenó la obra pública, desfinanció al Estado (tanto Nacional como a las provincias) y desprotegió a todo inquilino, consumidor o usuario. El precio de los alimentos se dispara día a día, pero aún más se le adelantan los medicamentos. Hay una confesa pretensión de asignarle a la recesión la estrategia para frenar los precios (macabra convicción, la de pensar que «no hay inflación en los cementerios»).

En nuestra historia democrática jamás tuvimos un gobierno tan disociado de la realidad, tan ajeno al padecimiento, tan insensible y brutal.

Ganar el balotaje le otorgó la legitimidad para el ejercicio del Poder Ejecutivo, no la adquisición llave en mano de un país (que le avisamos: no está en venta). Ser el Presidente le da facultades para administrar los recursos del Estado, no la Suma del Poder Público, ni el cúmulo de facultades con que los constituyentes contaron en la conformación de la república. También por esto marchamos, para recordarle conceptos tan básicos que parecen habérsele olvidado; premisas tan antiguas como sus recetas económicas del siglo XIX.

Buena parte de la sociedad argentina lo votó en la esperanza de un cambio. Pero ese cambio debe serlo en la mejora del conjunto, no en la aniquilación de todo lo que a su criterio configura “un gasto”. Cuando hablamos de Patria, País o Estado, no nos referimos a cifras, variables o estadística, sino a personas, individuos, ciudadanos. Existencias reales que comen, sufren y sienten; no son likes, ni visualizaciones; son angustias de padres, pies descalzos y pancitas que chiflan si no hay pan sobre la mesa.

Marchamos por la responsabilidad histórica que importa proteger la soberanía y por la sensibilidad social de cuidar a los que menos tienen. Marchamos para advertir sobre las consecuencias que pueden ser aún más gravosas y para intentar corregir desequilibrios que se profundizarán de seguir el curso de las cosas. Marchamos porque es nuestro país el que están rifando, en un experimento en el que (como diría Serrat) «juegan con cosas que no tienen repuesto”. Por todo esto, y tantas otras cosas, el 24 de enero marchamos!

Nicolás Rochas
Apoderado Frente Renovador – Distrito Río Negro.

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