Gremios
UnTER exige «escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender»
El gremio docente rionegrino adhirió a la jornada nacional de protesta que convocó CTERA. No obstante, a diferencia de otras provincias, la vuelta a clases fue sin medidas de fuerza.
En el marco de la jornada nacional de protesta que CTERA realiza en todo el país durante hoy (30/07) y el martes (31/07), en Río Negro se realizaron tres conferencias de prensa de manera simultánea en Viedma, Bariloche y Roca. Patricia Cetera, secretaria general de UnTER, participó de un encuentro con la prensa, en la sede central del sindicato en el Alto Valle, junto con integrantes del Consejo Directivo Central, secretarios generales de Seccionales y representantes del Departamento de Salud en la Escuela.
“La jornada nacional de protesta que lleva adelante CTERA a nivel nacional, para los días lunes 30 y martes 31 de julio, tiene como objetivo denunciar la situación de las provincias del país que aún no han cerrado sus paritarias: Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas provincias tienen medidas de acción directa de 48 horas de paro y la CTERA ha masificado a todo el país con jornada de protesta para resaltar lo que se está viviendo”, señaló Cetera.
Sobre la situación provincial, la titular de UnTER informó que “hemos tenido nuestra paritaria y ahora el día 3 de agosto tenemos una nueva convocatoria para recibir la propuesta que nos va a realizar el gobierno para lo que resta del año”.
“El sentido fundamental de la convocatoria es repudiar en forma absoluta todas las medidas de ajuste del gobierno del presidente Mauricio Macri, que va a intentar hasta hacernos desaparecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un derecho que tenemos adquiridos desde hace muchos años y que se viene manteniendo, a pesar de los diferentes gobiernos y de los tintes políticos”, sostuvo.
La secretaria general expresó el rechazo y repudio a estos decretos. “Es realmente una vergüenza que el presidente de un país, en el marco democrático, de la Constitución Nacional, necesite manejarse con decretos: el Decreto N° 683, en donde ahora lo único que hace es decir que su gobierno tiene enemigos internos y los sindicatos seríamos esos enemigos internos. Y este intento de militarizar lo que sería la protesta social y el derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de salir a manifestarnos frente a las políticas de ajuste que nosotros no tenemos por qué pagar”.
“En Río Negro había un slogan que decía ‘es una provincia rica de Los Andes al mar’ y es increíble que con este potencial económico que tiene nuestra provincia, nuestro país, tengamos que decir que hay un descenso de 0,6% de del Producto Bruto Interno. Que tengamos que decir que en el país tenemos un dólar tan alto, que no nos permite aumentar nuestro poder adquisitivo. Que los tarifazos sean la moneda corriente y que la Zona Patagónica, como el Norte Argentino, tengamos que sufrir este desgobierno total y absoluto”, agregó Cetera.
“Lo que hacemos como sindicato es lo que corresponde en un período democrático de gobierno. El respeto por la Constitución Nacional lo tiene que empezar a dar el gobierno. Gobierno no es lo mismo que Estado. El Estado lo componemos nosotros, todos quienes trabajamos hacemos grande esta República, no tenemos por qué ser parte del ajuste que lleva adelante este gobierno”, indicó.
Cetera lamentó que “no exista, por parte del Congreso Nacional, de las Cámaras baja y alta, una palabra en función de los decretos del gobierno de Macri ya sea de la militarización en las calles, o del último decreto donde procede a bajar las Asignaciones Familiares”.
La secretaria general de UnTER recordó que durante la campaña electoral del gobierno nacional “rondó sobre dos cosas fundamentales para el crecimiento de cualquier país: pobreza cero y eliminar el impuesto a las ganancias. He visto, en casi tres años de gobierno, cuestiones que son absolutamente diferentes a lo que dijo en su proceso de campaña electoral. Hay cada vez más pobres, hay cada vez más familias que tienen dificultades para sobrellevar su vida, llevar el alimento a sus viviendas. Y cada vez vamos a ver más merenderos. Y hay gente que los celebra dentro del gobierno. Y encima la disminución de las Asignaciones Familiares”.
Cetera aclaró que en Río Negro “trabajadores y trabajadoras que pertenecemos al Estado no tenemos el mismo régimen nacional que tienen estas Asignaciones que ahora ha procedido a disminuir el gobierno del presidente Macri. Nosotros tenemos Asignaciones Familiares que están enmarcadas en una reglamentación especial y cuyo tratamiento se da en la Función Pública. Tenemos grandes diferencias, la provincia paga por hijo/a $450 y Nación $1580”.
En este sentido, al igual que hizo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con el gobernador, el sindicato docente presentó a la ministra de Educación (Mónica Silva) el pedido de aumento de las Asignaciones Familiares. “Que dicotomía entre el discurso y la práctica ¿no? El gobierno del presidente Macri impulsa un decreto para bajarlas y nosotros estamos insistiendo para que se aumenten. Esperemos que la respuesta del gobierno provincial sea dar cursos a nuestro formal pedido de aumento de las Asignaciones Familiares que no se actualiza desde el 2015”, recordó la referente de UnTER.
Agregó que “En los cuarenta y cuatro años de vida del gremio, siempre dimos el debate como corresponde y como lo establece el estatuto de la organización. Vamos a asistir a la paritaria del día 3 de agosto a manifestar que la inflación se comió al 15% que nos habían ofrecido la primera parte del año, con el compromiso de la re apertura formal en agosto”.
“De qué manera se cubre un proceso inflacionario tan grande como lo es el aumento del dólar y como lo ha sido el aumento de los combustibles, lo que implica un aumento del transporte, y de las tarifas”, enfatizó. “Entonces, esto lo vamos a hacer el día 3 cuando nos sentemos frente al Ministerio. Lo que la organicidad de nuestro sindicato ha mandatado: vamos a asistir, vamos a presentar los números como corresponde y después debatiremos, en el transcurso de la semana siguiente, como hacemos habitualmente en este sindicato”, manifestó Cetera.
Finalmente sostuvo que “para desterrar algunas cuestiones que se dicen y yo creo que son muy a la ligera, no le estamos garantizando la paz social a nadie. Estamos trabajando y les puedo asegurar que muchísimo, vamos a estar sentados en cada mesa de negociación. Y después las asambleas, las bases en las asambleas definirán, y el Congreso posterior será quien resuelva cómo vamos a seguir el resto del año”.
Sobre la situación edilicia de las escuelas
En su intervención, Claudia Asencio, secretaria de Salud en la Escuela de UnTER informó que “en Río Negro, la situación de las escuelas luego del receso invernal no ha cambiado mucho de lo que presentamos y que permanentemente estamos relevando con el equipo del Departamento de Salud. Todo ha sido documentado y los pedidos que hemos hecho y que realizamos permanente para dar solución a las distintas problemáticas en las escuelas”.
“Si bien el Ministerio publicitó, en su página, que han dado intervención y que han atendido a las problemáticas. Hemos constatado, la semana pasada, que la mayoría de las problemáticas que hemos relevado y documentados no se realizaron”, indicó.
La secretaria de Salud en la Escuela del Consejo Directivo Central del gremio puntualizó que “hoy en la Escuela Especial de Allen, que lleva casi dos meses sin actividad escolar, sigue en la misma situación, que se extendería, según nos comunicaron desde Coordinación, una semana más”.
Asencio comentó también que “las intervenciones de los equipos de mantenimiento, recién se empezaron a llevar a cabo la segunda semana del receso. En Cinco Saltos, la ESRN N° 72, la situación sigue siendo, prácticamente la misma, que relevamos previo al inicio del receso invernal. El Jardín N° 46 de El Bolsón y la ESRN N° 71 de Allen, no iniciaron las clases”.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
Gremios
ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
