Gremios
UnTER exige «escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender»
El gremio docente rionegrino adhirió a la jornada nacional de protesta que convocó CTERA. No obstante, a diferencia de otras provincias, la vuelta a clases fue sin medidas de fuerza.
En el marco de la jornada nacional de protesta que CTERA realiza en todo el país durante hoy (30/07) y el martes (31/07), en Río Negro se realizaron tres conferencias de prensa de manera simultánea en Viedma, Bariloche y Roca. Patricia Cetera, secretaria general de UnTER, participó de un encuentro con la prensa, en la sede central del sindicato en el Alto Valle, junto con integrantes del Consejo Directivo Central, secretarios generales de Seccionales y representantes del Departamento de Salud en la Escuela.
“La jornada nacional de protesta que lleva adelante CTERA a nivel nacional, para los días lunes 30 y martes 31 de julio, tiene como objetivo denunciar la situación de las provincias del país que aún no han cerrado sus paritarias: Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas provincias tienen medidas de acción directa de 48 horas de paro y la CTERA ha masificado a todo el país con jornada de protesta para resaltar lo que se está viviendo”, señaló Cetera.
Sobre la situación provincial, la titular de UnTER informó que “hemos tenido nuestra paritaria y ahora el día 3 de agosto tenemos una nueva convocatoria para recibir la propuesta que nos va a realizar el gobierno para lo que resta del año”.
“El sentido fundamental de la convocatoria es repudiar en forma absoluta todas las medidas de ajuste del gobierno del presidente Mauricio Macri, que va a intentar hasta hacernos desaparecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un derecho que tenemos adquiridos desde hace muchos años y que se viene manteniendo, a pesar de los diferentes gobiernos y de los tintes políticos”, sostuvo.
La secretaria general expresó el rechazo y repudio a estos decretos. “Es realmente una vergüenza que el presidente de un país, en el marco democrático, de la Constitución Nacional, necesite manejarse con decretos: el Decreto N° 683, en donde ahora lo único que hace es decir que su gobierno tiene enemigos internos y los sindicatos seríamos esos enemigos internos. Y este intento de militarizar lo que sería la protesta social y el derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de salir a manifestarnos frente a las políticas de ajuste que nosotros no tenemos por qué pagar”.
“En Río Negro había un slogan que decía ‘es una provincia rica de Los Andes al mar’ y es increíble que con este potencial económico que tiene nuestra provincia, nuestro país, tengamos que decir que hay un descenso de 0,6% de del Producto Bruto Interno. Que tengamos que decir que en el país tenemos un dólar tan alto, que no nos permite aumentar nuestro poder adquisitivo. Que los tarifazos sean la moneda corriente y que la Zona Patagónica, como el Norte Argentino, tengamos que sufrir este desgobierno total y absoluto”, agregó Cetera.
“Lo que hacemos como sindicato es lo que corresponde en un período democrático de gobierno. El respeto por la Constitución Nacional lo tiene que empezar a dar el gobierno. Gobierno no es lo mismo que Estado. El Estado lo componemos nosotros, todos quienes trabajamos hacemos grande esta República, no tenemos por qué ser parte del ajuste que lleva adelante este gobierno”, indicó.
Cetera lamentó que “no exista, por parte del Congreso Nacional, de las Cámaras baja y alta, una palabra en función de los decretos del gobierno de Macri ya sea de la militarización en las calles, o del último decreto donde procede a bajar las Asignaciones Familiares”.
La secretaria general de UnTER recordó que durante la campaña electoral del gobierno nacional “rondó sobre dos cosas fundamentales para el crecimiento de cualquier país: pobreza cero y eliminar el impuesto a las ganancias. He visto, en casi tres años de gobierno, cuestiones que son absolutamente diferentes a lo que dijo en su proceso de campaña electoral. Hay cada vez más pobres, hay cada vez más familias que tienen dificultades para sobrellevar su vida, llevar el alimento a sus viviendas. Y cada vez vamos a ver más merenderos. Y hay gente que los celebra dentro del gobierno. Y encima la disminución de las Asignaciones Familiares”.
Cetera aclaró que en Río Negro “trabajadores y trabajadoras que pertenecemos al Estado no tenemos el mismo régimen nacional que tienen estas Asignaciones que ahora ha procedido a disminuir el gobierno del presidente Macri. Nosotros tenemos Asignaciones Familiares que están enmarcadas en una reglamentación especial y cuyo tratamiento se da en la Función Pública. Tenemos grandes diferencias, la provincia paga por hijo/a $450 y Nación $1580”.
En este sentido, al igual que hizo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con el gobernador, el sindicato docente presentó a la ministra de Educación (Mónica Silva) el pedido de aumento de las Asignaciones Familiares. “Que dicotomía entre el discurso y la práctica ¿no? El gobierno del presidente Macri impulsa un decreto para bajarlas y nosotros estamos insistiendo para que se aumenten. Esperemos que la respuesta del gobierno provincial sea dar cursos a nuestro formal pedido de aumento de las Asignaciones Familiares que no se actualiza desde el 2015”, recordó la referente de UnTER.
Agregó que “En los cuarenta y cuatro años de vida del gremio, siempre dimos el debate como corresponde y como lo establece el estatuto de la organización. Vamos a asistir a la paritaria del día 3 de agosto a manifestar que la inflación se comió al 15% que nos habían ofrecido la primera parte del año, con el compromiso de la re apertura formal en agosto”.
“De qué manera se cubre un proceso inflacionario tan grande como lo es el aumento del dólar y como lo ha sido el aumento de los combustibles, lo que implica un aumento del transporte, y de las tarifas”, enfatizó. “Entonces, esto lo vamos a hacer el día 3 cuando nos sentemos frente al Ministerio. Lo que la organicidad de nuestro sindicato ha mandatado: vamos a asistir, vamos a presentar los números como corresponde y después debatiremos, en el transcurso de la semana siguiente, como hacemos habitualmente en este sindicato”, manifestó Cetera.
Finalmente sostuvo que “para desterrar algunas cuestiones que se dicen y yo creo que son muy a la ligera, no le estamos garantizando la paz social a nadie. Estamos trabajando y les puedo asegurar que muchísimo, vamos a estar sentados en cada mesa de negociación. Y después las asambleas, las bases en las asambleas definirán, y el Congreso posterior será quien resuelva cómo vamos a seguir el resto del año”.
Sobre la situación edilicia de las escuelas
En su intervención, Claudia Asencio, secretaria de Salud en la Escuela de UnTER informó que “en Río Negro, la situación de las escuelas luego del receso invernal no ha cambiado mucho de lo que presentamos y que permanentemente estamos relevando con el equipo del Departamento de Salud. Todo ha sido documentado y los pedidos que hemos hecho y que realizamos permanente para dar solución a las distintas problemáticas en las escuelas”.
“Si bien el Ministerio publicitó, en su página, que han dado intervención y que han atendido a las problemáticas. Hemos constatado, la semana pasada, que la mayoría de las problemáticas que hemos relevado y documentados no se realizaron”, indicó.
La secretaria de Salud en la Escuela del Consejo Directivo Central del gremio puntualizó que “hoy en la Escuela Especial de Allen, que lleva casi dos meses sin actividad escolar, sigue en la misma situación, que se extendería, según nos comunicaron desde Coordinación, una semana más”.
Asencio comentó también que “las intervenciones de los equipos de mantenimiento, recién se empezaron a llevar a cabo la segunda semana del receso. En Cinco Saltos, la ESRN N° 72, la situación sigue siendo, prácticamente la misma, que relevamos previo al inicio del receso invernal. El Jardín N° 46 de El Bolsón y la ESRN N° 71 de Allen, no iniciaron las clases”.
Gremios
ATE protestará y se movilizará el martes en Río Negro
Se prevén marchas en el Alto Valle y las zonas Atlántica y Andina.
El plenario de secretarios generales de ATE resolvió declarar una jornada de protesta para el próximo martes (14/01) con movilizaciones regionales, que tendrán su epicentro en la capital de la provincia, Viedma, en el Alto Valle y en la zona Cordillerana. Además, ratificó la idea de mantener el estado de alerta, asamblea permanente y movilización en toda la administración pública rionegrina.
En el cónclave, también definió realizar -en la segunda quincena de enero- una jornada de difusión que se llevará adelante en distintos puntos turísticos rionegrinos (Las Grutas, San Antonio, Playas Doradas, El Cóndor, Bariloche y El Bolsón), bajo el lema «no queremos en Río Negro un Estado con más impuestos y menos servicios».
La decisión del plenario se tomó tras una semana de protestas en todo el territorio debido a la cesantía de más de 400 empleados de diversos organismos del Estado y en demanda de una convocatoria a paritarias para definir un nuevo acuerdo salarial acorde a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras en una provincia que ha incrementado sus impuestos mientras reduce todos los servicios esenciales.
«Vemos como día a día se deterioran nuestros ingresos mientras el Gobierno aumenta sus arcas a costa del feroz ajuste que realiza sobre los trabajadores y trabajadoras. Un ajuste que además implica menos derechos para todos los rionegrinos», señaló Leticia Lapalma, secretaria general adjunta de ATE.
«En estos momentos lo único que aumenta en la provincia son los impuestos. Estos incrementos no se traducen en una mayor calidad y cantidad de prestaciones, que es lo que debiera ocurrir. Por el contrario, cada vez son menos los servicios que brinda el Estado rionegrino», señaló por su parte Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro.
«Debemos comenzar a preguntarnos en nuestra provincia si la casta son los trabajadores, que con una enorme vocación prestan servicios en las distintas áreas y mantienen el funcionamiento del Estado en sus sectores, o los funcionarios del gobierno que muestran por estas horas gran desidia en el manejo de cada una de las carteras», completó el dirigente.
Gremios
Para ATE, «al Gobierno no se animó a establecer el ingreso al Estado por concurso público y dejó una hendija abierta para meter libertarios»
Rodolfo Aguiar cuestionó los dos nuevos decretos de Sturzenegger pero destacó la contratación anual de quienes aprobaron los exámenes de idoneidad.
Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicara dos decretos que modifican el régimen de contrataciones en el sector público, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que «después de que se llenaron la boca hablando mal y estigmatizando al empleo público, el Gobierno tenía la oportunidad de establecer el ingreso al Estado por concurso público, pero no se animó».
«Este decreto no elimina el dedo de un presidente, los ministros o un diputado para el ingreso a la Administración Pública. Se aseguraron de dejar una hendija abierta para que puedan entrar al Estado los trolls y militantes libertarios. Esta norma sigue sin garantizar a la sociedad que quienes ingresen sean los más idóneos y capaces, y que eso a su vez se traduzca en la mejora de la calidad del empleo público», agregó el dirigente. Entre sus artículos, el Decreto 1148/24 señala que cualquier nueva alta en el Estado deberá ser aprobada por la cartera que conduce Sturzenegger.
En tanto, el Decreto 1149/24 establece la contratación anual de todos los trabajadores que aprobaron durante diciembre la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, tal y como exigió el sindicato. En este marco, Aguiar señaló que «por supuesto que luego del fraude laboral gigantesco y la reprecarización que decidió llevar adelante el Gobierno apenas asumió, la contratación anual aparece no sólo como un avance, sino como una respuesta a una de las principales demandas que le planteó ATE al Ejecutivo desde el principio».
«Seguimos demandando que se cumpla con la Constitución Nacional y se garantice el derecho a la estabilidad en el empleo público incorporando a la planta permanente a los más de 57.000 trabajadores contratados desde hace muchos años bajo distintas modalidades», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Sin estabilidad, sin salarios dignos de los trabajadores estatales y sin la inversión presupuestaria necesaria en todas las áreas públicas, no hay derechos para nuestro pueblo, sobre todo para las franjas sociales más vulnerables que son las verdaderas usuarias del sistema público de salud, educación, previsión social, entre otros», concluyó.
Gremios
Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
