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UnTER exige «escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender»

El gremio docente rionegrino adhirió a la jornada nacional de protesta que convocó CTERA. No obstante, a diferencia de otras provincias, la vuelta a clases fue sin medidas de fuerza.

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En el marco de la jornada nacional de protesta que CTERA realiza en todo el país durante hoy (30/07) y el martes (31/07), en Río Negro se realizaron tres conferencias de prensa de manera simultánea en Viedma, Bariloche y Roca. Patricia Cetera, secretaria general de UnTER, participó de un encuentro con la prensa, en la sede central del sindicato en el Alto Valle, junto con integrantes del Consejo Directivo Central, secretarios generales de Seccionales y representantes del Departamento de Salud en la Escuela.

“La jornada nacional de protesta que lleva adelante CTERA a nivel nacional, para los días lunes 30 y martes 31 de julio, tiene como objetivo denunciar la situación de las provincias del país que aún no han cerrado sus paritarias: Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas provincias tienen medidas de acción directa de 48 horas de paro y la CTERA ha masificado a todo el país con jornada de protesta para resaltar lo que se está viviendo”, señaló Cetera.

Sobre la situación provincial, la titular de UnTER informó que “hemos tenido nuestra paritaria y ahora el día 3 de agosto tenemos una nueva convocatoria para recibir la propuesta que nos va a realizar el gobierno para lo que resta del año”.

“El sentido fundamental de la convocatoria es repudiar en forma absoluta todas las medidas de ajuste del gobierno del presidente Mauricio Macri, que va a intentar hasta hacernos desaparecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un derecho que tenemos adquiridos desde hace muchos años y que se viene manteniendo, a pesar de los diferentes gobiernos y de los tintes políticos”, sostuvo.

La secretaria general expresó el rechazo y repudio a estos decretos. “Es realmente una vergüenza que el presidente de un país, en el marco democrático, de la Constitución Nacional, necesite manejarse con decretos: el Decreto N° 683, en donde ahora lo único que hace es decir que su gobierno tiene enemigos internos y los sindicatos seríamos esos enemigos internos. Y este intento de militarizar lo que sería la protesta social y el derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de salir a manifestarnos frente a las políticas de ajuste que nosotros no tenemos por qué pagar”.

“En Río Negro había un slogan que decía ‘es una provincia rica de Los Andes al mar’ y es increíble que con este potencial económico que tiene nuestra provincia, nuestro país, tengamos que decir que hay un descenso de 0,6% de del Producto Bruto Interno. Que tengamos que decir que en el país tenemos un dólar tan alto, que no nos permite aumentar nuestro poder adquisitivo. Que los tarifazos sean la moneda corriente y que la Zona Patagónica, como el Norte Argentino, tengamos que sufrir este desgobierno total y absoluto”, agregó Cetera.

“Lo que hacemos como sindicato es lo que corresponde en un período democrático de gobierno. El respeto por la Constitución Nacional lo tiene que empezar a dar el gobierno. Gobierno no es lo mismo que Estado. El Estado lo componemos nosotros, todos quienes trabajamos hacemos grande esta República, no tenemos por qué ser parte del ajuste que lleva adelante este gobierno”, indicó.

Cetera lamentó que “no exista, por parte del Congreso Nacional, de las Cámaras baja y alta, una palabra en función de los decretos del gobierno de Macri ya sea de la militarización en las calles, o del último decreto donde procede a bajar las Asignaciones Familiares”.

La secretaria general de UnTER recordó que durante la campaña electoral del gobierno nacional “rondó sobre dos cosas fundamentales para el crecimiento de cualquier país: pobreza cero y eliminar el impuesto a las ganancias. He visto, en casi tres años de gobierno, cuestiones que son absolutamente diferentes a lo que dijo en su proceso de campaña electoral. Hay cada vez más pobres, hay cada vez más familias que tienen dificultades para sobrellevar su vida, llevar el alimento a sus viviendas. Y cada vez vamos a ver más merenderos. Y hay gente que los celebra dentro del gobierno. Y encima la disminución de las Asignaciones Familiares”.

Cetera aclaró que en Río Negro “trabajadores y trabajadoras que pertenecemos al Estado no tenemos el mismo régimen nacional que tienen estas Asignaciones que ahora ha procedido a disminuir el gobierno del presidente Macri. Nosotros tenemos Asignaciones Familiares que están enmarcadas en una reglamentación especial y cuyo tratamiento se da en la Función Pública. Tenemos grandes diferencias, la provincia paga por hijo/a $450 y Nación $1580”.

En este sentido, al igual que hizo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con el gobernador, el sindicato docente presentó a la ministra de Educación (Mónica Silva) el pedido de aumento de las Asignaciones Familiares. “Que dicotomía entre el discurso y la práctica ¿no? El gobierno del presidente Macri impulsa un decreto para bajarlas y nosotros estamos insistiendo para que se aumenten. Esperemos que la respuesta del gobierno provincial sea dar cursos a nuestro formal pedido de aumento de las Asignaciones Familiares que no se actualiza desde el 2015”, recordó la referente de UnTER.

Agregó que “En los cuarenta y cuatro años de vida del gremio, siempre dimos el debate como corresponde y como lo establece el estatuto de la organización. Vamos a asistir a la paritaria del día 3 de agosto a manifestar que la inflación se comió al 15% que nos habían ofrecido la primera parte del año, con el compromiso de la re apertura formal en agosto”.

“De qué manera se cubre un proceso inflacionario tan grande como lo es el aumento del dólar y como lo ha sido el aumento de los combustibles, lo que implica un aumento del transporte, y de las tarifas”, enfatizó. “Entonces, esto lo vamos a hacer el día 3 cuando nos sentemos frente al Ministerio. Lo que la organicidad de nuestro sindicato ha mandatado: vamos a asistir, vamos a presentar los números como corresponde y después debatiremos, en el transcurso de la semana siguiente, como hacemos habitualmente en este sindicato”, manifestó Cetera.

Finalmente sostuvo que “para desterrar algunas cuestiones que se dicen y yo creo que son muy a la ligera, no le estamos garantizando la paz social a nadie. Estamos trabajando y les puedo asegurar que muchísimo, vamos a estar sentados en cada mesa de negociación. Y después las asambleas, las bases en las asambleas definirán, y el Congreso posterior será quien resuelva cómo vamos a seguir el resto del año”.

Sobre la situación edilicia de las escuelas

En su intervención, Claudia Asencio, secretaria de Salud en la Escuela de UnTER informó que “en Río Negro, la situación de las escuelas luego del receso invernal no ha cambiado mucho de lo que presentamos y que permanentemente estamos relevando con el equipo del Departamento de Salud. Todo ha sido documentado y los pedidos que hemos hecho y que realizamos permanente para dar solución a las distintas problemáticas en las escuelas”.

“Si bien el Ministerio publicitó, en su página, que han dado intervención y que han atendido a las problemáticas. Hemos constatado, la semana pasada, que la mayoría de las problemáticas que hemos relevado y documentados no se realizaron”, indicó.

La secretaria de Salud en la Escuela del Consejo Directivo Central del gremio puntualizó que “hoy en la Escuela Especial de Allen, que lleva casi dos meses sin actividad escolar, sigue en la misma situación, que se extendería, según nos comunicaron desde Coordinación, una semana más”.

Asencio comentó también que “las intervenciones de los equipos de mantenimiento, recién se empezaron a llevar a cabo la segunda semana del receso. En Cinco Saltos, la ESRN N° 72, la situación sigue siendo, prácticamente la misma, que relevamos previo al inicio del receso invernal. El Jardín N° 46 de El Bolsón y la ESRN N° 71 de Allen, no iniciaron las clases”.

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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei

«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.

«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.

En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».

«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.

«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.

En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».

«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.

La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.

En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.

Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.

Detalles de la solicitud de ATE

  • Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
  • Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
  • Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
  • Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
  • En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados

«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.

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A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.

«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.

En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».

«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.

El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.

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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»

«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.

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Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».

«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.

En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.

«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.

En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».

Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.

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