Río Negro
Aprobaron en comisión la iniciativa de cupo laboral de personas trans en la administración pública
La provincia de Río Negro fue la segunda en el país que sancionó la ley de identidad de géneros.
La comisión de Asuntos Sociales que preside la legisladora Marta Milesi, analizó y aprobó ayer establecer un cupo del uno por ciento de personas trans, que reúnan las condiciones de idoneidad que establece la legislación vigente, para que puedan acceder a cargos de la administración pública. Tres iniciativas se unificaron en un único proyecto de Promoción del Empleo Formal para Personas Trans en los Ámbitos Públicos. El proyecto acordado lleva las firmas de los legisladores Facundo López, Tania Lastra, Alejandro Palmieri, Graciela Valdebenito, Marcelo Mango, Carina Pita y Jorge Vallazza.
Para participar de esta instancia de la reunión asistieron integrantes de la comunidad trans en representación de movimientos de diversidad sexual que ratificaron ante los legisladores la necesidad de reconocimiento de sus derechos igualitarios y celebraron el tratamiento de estos proyectos.
Destacaron que la provincia de Río Negro fue la segunda en el país que sancionó la ley de identidad de géneros. Expresaron la necesidad de integrar laboralmente al Estado y a las actividades económicas formales “sin discriminaciones ni estigmatizaciones”, así como contar con atención sanitaria que les permita superar el promedio de vida de ese sector que en su mayoría “no sobrepasa los 35 o 40 años”, así como la posibilidad de “morir con dignidad”.
La presidente de la Comisión aseguró a los representantes presentes en la reunión que esta legislación “será tratada en la próxima sesión legislativa” y que de resultar aprobada pasará para su sanción en segunda vuelta parlamentaria en la brevedad que permitan los plazos legislativos.
Despidos en Sitrajur y en Télam
En otro sentido, el secretario general de Sitrajur Pablo Barreno, asistió a la reunión de Sociales para presentar un proyecto de ley de Protección del Empleo Público, propuesta que el gremio llevó a la Legislatura motivado por el despido de varios empleados en el Poder Judicial. Barreno criticó la actitud de los jueces que tomaron esa decisión a la que tildó de “antidemocrática”, entre otros conceptos de fuerte contenido político.
También se hicieron presentes dos de los empleados de la Agencia Nacional de Noticias Télam para reclamar por cuatro despidos ocurridos en la corresponsalía local. Javier Merlo, perjudicado por esta situación laboral se constituyó en el vocero de sus compañeros despedidos señalando que “la corresponsalía está cerrada desde hace dos meses, ya no emite noticias desde Viedma” y pidió que la Legislatura intervenga por la reincorporación del plantel que integraba la agencia.
También bregó porque “los legisladores medien para que no se cierre la agencia de Bariloche”, y acusó al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, de haber tomado la decisión de cerrar las corresponsalías”con el pretexto de “una sobredimensión empresarial”. Señaló también que desde el 26 de junio pasado “son ya 357 las personas despedidas” recientemente en Télam y “3.000 en los últimos tres años”.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
Judiciales
Tras la separación, tiene 72 horas para devolverle la camioneta a su ex pareja
Si no lo hace, la Policía podrá secuestrarla.
Después de separarse, una mujer de Cipolletti logró que el Poder Judicial le ordenara a su ex pareja devolverle la camioneta que él retuvo tras la ruptura. Se trata de una Toyota Hilux 4×4 cabina doble, que ella usaba para trabajar, trasladarse y llevar a sus hijos. Según denunció, al quedarse sin el vehículo tuvo que enfrentar deudas y dificultades para sostener su rutina diaria. El hombre tiene 72 horas para restituirla. Si no lo hace, la policía podrá secuestrarla.
La medida fue dictada por la Unidad Procesal de Familia Nº 11 de Cipolletti, en el contexto de una acción autosatisfactiva presentada por la mujer. Denunció que sufrió violencia económica durante y después de la convivencia, y que su ex pareja se quedó con bienes que estaban a su nombre, entre ellos el vehículo y un comercio.
El expediente incluyó un informe de dominio que acreditó que la camioneta estaba registrada a nombre de la mujer. Ella explicó que intentó recuperar el bien mediante una mediación previa, pero que no logró acuerdo. También relató que, tras la separación, quedó con deudas fiscales vinculadas al vehículo, y que su ausencia afectó su movilidad diaria y el cuidado de sus hijos.
El hombre se opuso a la restitución. Alegó que habían adquirido la camioneta durante la convivencia, con aportes de ambos, y que era su única herramienta de trabajo. Dijo que se hacía cargo de los hijos y que el retiro del vehículo lo colocaba en una situación de vulnerabilidad. También sostuvo que la mujer tenía otros automóviles a su disposición.
La jueza valoró que el vehículo era un bien registrable, y que su inscripción a nombre de la mujer demostraba la titularidad. Señaló que el hombre no promovió ninguna acción legal para reclamar participación en la propiedad del bien. Indicó que sus afirmaciones sobre los aportes económicos y la necesidad del vehículo no estaban respaldadas por pruebas.
La resolución se basó en el artículo 528 del Código Civil y Comercial, que regula la distribución de bienes al finalizar una unión convivencial. En estos casos, si no existe un pacto, cada bien permanece en el patrimonio de quien lo adquirió. El fallo subrayó que las partes nunca contrajeron matrimonio ni acordaron un régimen de distribución.
Por eso, el Poder Judicial consideró que la mujer fue desapoderada del vehículo y que correspondía restituírselo. Ordenó su devolución en un plazo de 72 horas. Si el hombre no cumple, se autoriza el secuestro inmediato del automotor.
La medida fue apelada, pero otro tribunal revisó y confirmó la sentencia. Se sostuvo en esta instancia que la resolución se basó en pruebas objetivas y que los argumentos del apelante no alcanzaban para modificarla.
Río Negro
Hogares rionegrinos serán encuestados por personal provincial
Se buscan obtener datos claves sobre el empleo, la educación, la migración, los ingresos, y los servicios con los que cuenta cada hogar, entre otros aspectos.
La Dirección de Estadística y Censos informa que, entre los meses de julio y septiembre, se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en toda la provincia, coordinada junto al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es una herramienta fundamental para conocer las condiciones de vida de la población. A través de ella se obtienen datos clave sobre el empleo, la educación, la migración, los ingresos, y los servicios con los que cuenta cada hogar, entre otros aspectos.
En esta edición, 1.240 viviendas fueron seleccionadas mediante métodos estadísticos de muestreo. Las localidades incluidas son: San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Grande, San Antonio Oeste, General Conesa, Viedma, Río Colorado, Lamarque, Luis Beltrán, Villa Regina, General Roca, Allen, Cinco Saltos, Villa Manzano, Catriel, Ingeniero Huergo y Cipolletti.
Las entrevistas serán realizadas por personal debidamente acreditado, tanto en días hábiles, feriados o fines de semana. En algunos casos, los encuestadores estarán acompañados por supervisores que también contarán con identificación oficial.
Cabe destacar que la encuesta se realiza bajo los términos de la Ley Nacional N° 17.622, que garantiza la confidencialidad de toda la información relevada. La participación de los hogares seleccionados es fundamental para asegurar la calidad y representatividad de los resultados.
Contar con información confiable y actualizada permite una mejor interpretación de la realidad social y económica de la población, y en un mejor diseño de políticas públicas, por este motivo se solicita a la población que participe de la encuesta.
