Judiciales
El policía acusado de matar a su vecina seguirá detenido
Recién el 17 de septiembre se le practicaría una pericia siquiatra y psicológica al imputado, para luego pasar al juicio.
Este mediodía (3/09) el fiscal del caso Luciano Garrido solicitó la prórroga de 6 meses de la prisión preventiva para Basilio Huenumilla, imputado por el “homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido por un miembro de la fuerza policial” ocurrido en junio de este año y del que resultó víctima fatal Evangelina Inoscencia Cayuleo.
Entre los argumentos vertidos en la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que “para esta fiscalía no se encuentra en discusión que el hecho existió, con resultado dañoso. El imputado disparó 11 veces con su arma, y 6 veces dentro de la vivienda donde falleció la señora. Se trata de un hecho grave y violento. Así mismo se encuentra acreditada la participación del imputado, y hablo de su culpabilidad y responsabilidad, por ello es que disminuye la presunción de inocencia, sumado a que el hombre se desempeñaba en la fuerza policial”.
Garrido señaló que “de acuerdo a la calificación legal la pena que trae aparejada no será de ejecución condicional, sino que hablamos de una prisión perpetua. Y hay que tener presentes además los antecedentes penales computables con los que cuenta de una sentencia del 4 de mayo de 2010 por lesiones graves cometidas con arma de fuego”.
En relación a los riesgos procesales, el fiscal explicó que “vamos a mantenerlos, porque los mencionados oportunamente siguen vigentes. Considero que los riesgos no son excluyentes, hablamos del riesgo de fuga, que en relación a la pena en expectativa podemos decir que está latente. Además, de acuerdo a como fue descrito el hecho, la cuestión de que saliera por el patio trasero de la casa de la víctima, forcejeara con los empleados policiales que procedieron a su detención y quisiera evadir el accionar de la policía, alimenta el peligro de fuga. No podemos olvidar que este Ministerio tuvo que solicitar la intervención de la Policía Federal, como también de del cuerpo de investigaciones del Ministerio Público Fiscal para llevar a cabo la investigación”.
“Este hecho ocurrió en una sola cuadra, donde la totalidad de los testigos que ha reunido la Fiscalía son tanto vecinos de la víctima como del imputado, y todos expresaron su temor en brindar sus testimonios en la audiencia de debate. ¿Cuándo es el inicio y el fin de ese temor?”, detalló el representante fiscal.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, retomó Garrido, “sólo queda por tomar una pericia siquiatra y psicológica del imputado, para la que el Cuerpo Médico Forense ha dado turno el 17 de este mes, es por ello que aún no se ha pedido la audiencia de apertura a juicio”.
Finalmente, dijo el fiscal del caso “¿estamos reeditado o continuando con los riesgos procesales? Son los argumentos que aún continúan. Si la peligrosidad desarrollada por el imputado no genera temor en los testigos, ¿cual sería el riesgo?”. Por su parte la querella coincidió con la Fiscalía e insistió en el nivel de vecindad de los testimonios.
La defensa particular no se opuso a la continuidad de la medida más si al plazo de la misma, “que debería estar relacionado con el turno de la pericia, y por ello solicitamos 2 meses más”.
La jueza de Garantías María Gadano expresó que “voy a otorgar la preventiva por 4 meses más, teniendo en cuenta que se deben completar medidas de pruebas señaladas tanto por la Fiscalía como por la querella y que hoy están pendientes”.
Y agregó que “como indicó la Fiscalía los riesgos procesales no se reeditan sino que continúan, teniendo presente que este hecho ocurrió en menos de una cuadra y se pretenden que los testimonios lleguen al debate lo más puros posible. Por ello es que el señor continuará detenido hasta el 2 de enero de 2019”.
Tanto la Fiscalía como la querella y la defensa hicieron reserva de impugnar la medida adoptada por la jueza.
Judiciales
Imputaron a un sujeto por intentar prender fuego a su ex pareja
El hoy detenido ya la había golpeado una semana atrás. Ahora enfrentará un juicio por violencia de género.
Esta mañana (14/07), la Fiscalía de turno de General Roca imputó a un hombre los delitos de violación de domicilio, daño, tentativa de incendio y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real, en el marco de violencia de género, por un hecho ocurrido el pasado sábado (12/07). Además solicitó la prisión preventiva del imputado, y de esta manera continuará detenido.
Según la acusación fiscal, «eran alrededor de las 11 de la noche, cuando el imputado ingresó contra la voluntad de la dueña a la casa de la ex pareja. Habría dañado la cerradura de la puerta de ingreso, y una vez allí bloqueó la entrada con una mesa y sillas, impidiendo que personal policial», explicó la fiscal del caso.
«El hombre habría cortado una manguera que se encontraba conectada a una garrafa de gas y de esta manera comenzó a incinerar cajas y elementos plásticos. Finalmente no pudo concretar su cometido, ya que personal Comisaría 31° logró ingresar y detenerlo», agregó la representante fiscal.
Entre el sustento probatorio para esta instancia se encuentra el acta de procedimiento de la comisaría mencionada, la denuncia penal de la víctima, quien ya había vivido una situación de violencia el sábado 5 de julio, y la Fiscalía ya había tenido intervención.
Se mencionó además la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), del Gabinete de Criminalística y el legajo acerca de la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento de fecha 6 de julio de este año dispuesta por la jueza de Familia.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del hombre teniendo presente el posible entorpecimiento a la investigación. «Nos bastan estas acciones que quedaron en evidencia que el imputado está dispuesto a concretar, no podemos permitir que la víctima continúe sintiendo temor por ello», enfatizó la fiscal.
Además «tenemos presente que el sujeto cuenta con antecedentes penales y que no cumplió con las medidas dispuestas por Familia», dijo la representante fiscal.
Por su parte, el defensor penal oficial que asiste al hombre no se opuso a la formulación, tampoco al sustento probatorio ni a la calificación legal.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos fiscales y resolvió que el imputado cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de tres meses.
Judiciales
Un niño cruzó los vagones de un tren que estaba detenido pero justo inició su marcha y sufrió heridas de gravedad
La Justicia condenó a la empresa ferroviaria a la que responsabilizó por el accidente.
Jugaba con sus amigos en el Paseo de la Familia, en Chichinales. Era una tarde calurosa de diciembre, y la formación ferroviaria se encontraba estacionada frente a la plaza. El niño cruzó los vagones que estaban detenidos. Sin aviso, el tren inició su marcha y el menor sufrió heridas graves.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil de General Roca confirmó la resolución de primera instancia que condenó a la empresa de trenes y a la aseguradora por los daños y secuelas sufridos por el niño.
La demanda fue presentada por los padres del niño y recurrida por la empresa ferroviaria. Alegaron que el accidente se debió a una conducta imprudente. También cuestionaron la ausencia de una persona adulta a su cuidado.
El Tribunal desestimó los planteos y confirmó la responsabilidad de la empresa. Señaló que la cercanía de las vías al área parquizada y recreativa exige medidas adicionales para advertir sobre los movimientos del tren.
Un testigo que circulaba en su vehículo declaró que el tren no estaba en movimiento. Afirmó que comenzó a desplazarse sin emitir ningún sonido, bocina ni señal por parte de un operario que advirtiera a los presentes. La máquina estaba compuesta por una locomotora y 63 vagones.
La Cámara sostuvo que el accidente ocurrió en una zona urbana de la ciudad de Chichinales. Esto impone mayores exigencias de cuidado al medio de transporte, en este caso una máquina ferroviaria, frente a sus obligaciones de prevención en zonas transitadas.
El fallo también destacó que no debe perderse de vista la idiosincrasia de los habitantes del corredor del Valle. Las vías del tren atraviesan las localidades y forman parte del paisaje urbano, dividiendo a pueblos y ciudades por el trazado férreo.
Tras revisar el material probatorio, el Tribunal concluyó que el daño fue causado por la formación ferroviaria y que no se probó culpa de la víctima ni de un tercero. Por lo tanto, se mantuvo la atribución de responsabilidad exclusiva a los demandados.
Judiciales
Grupo empresario deberá pagar más de 26 millones por incumplimiento en una obra
La empresa se había comprometido a construir una casa de 36 metros cuadrados mediante sistema Steel Framing, con plazo de entrega previsto para julio del mismo año.
Una firma dedicada a la construcción en seco deberá restituir el valor de una camioneta recibida como parte de pago y abonar sumas por daño moral, daño emergente y daño punitivo, tras no haber cumplido con un contrato para la edificación de una vivienda. Así lo dispuso una sentencia dictada en Cipolletti, luego de que la empresa no compareciera al proceso y quedara declarada en rebeldía.
Según consta en el expediente, las partes firmaron el contrato en marzo de 2023. La empresa se comprometió a construir una casa de 36 metros cuadrados mediante sistema Steel Framing, con plazo de entrega previsto para julio del mismo año. A cambio, el ciudadano entregó una camioneta como parte del pago y se comprometió a transferir el saldo restante al finalizar la obra.
La obra nunca comenzó. Durante varios meses, el damnificado realizó numerosos reclamos a la empresa, pero no obtuvo respuestas concretas. En septiembre de ese año envió una carta documento exigiendo el inicio de los trabajos, bajo apercibimiento de resolver el contrato. La firma no respondió la intimación ni inició la construcción. El terreno permaneció vacío, según constató un acta labrada por un oficial de justicia.
Ante esa situación, la persona afectada presentó una demanda solicitando la resolución del contrato, la devolución del valor del vehículo y el reconocimiento de distintos rubros indemnizatorios. El tribunal analizó el caso en el marco de una relación de consumo, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y al Código Civil y Comercial.
La sentencia reconoció la procedencia de la resolución contractual y, con ello, la obligación de restituir las prestaciones. En ese sentido, ordenó a la empresa abonar más de 21 millones de pesos en concepto del valor estimado del vehículo más los intereses devengados desde la firma del contrato.
Además, el fallo reconoció un monto cercano a 1,1 millones de pesos en concepto de daño emergente, por los alquileres que la persona afectada debió afrontar durante el período en que esperaba la entrega de la vivienda. Ese monto se calculó desde la fecha en que venció el plazo de obra hasta la presentación de la demanda.
El Tribunal también admitió el reclamo por daño moral. Tuvo en cuenta los testimonios incorporados al expediente, que describieron el malestar emocional, la frustración y la angustia que atravesó la persona afectada, quien entregó su único medio de transporte con la expectativa de acceder a su primera vivienda. La indemnización por este concepto se fijó en 1,15 millones de pesos, incluyendo intereses.
Finalmente, la jueza impuso una multa civil en concepto de daño punitivo. Consideró que la empresa actuó con total desinterés por los derechos del consumidor, incumplió su compromiso contractual sin brindar explicaciones ni ofrecer soluciones y omitió responder incluso durante el proceso judicial. Por esa conducta, estableció una sanción de 3 millones de pesos, a pagar a favor de la persona damnificada.
La sociedad demandada fue Grupo Steel Patagónico y deberá abonar más de 26,6 millones de pesos. La sentencia no está firme porque es de primera instancia y puede ser apelada.
