Río Negro
Hasta la fecha no son válidas las multas de tránsito por los radares de Chimpay y Darwin
Ya se recibieron casi 1000 reclamos en la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo de Río Negro ha recibido más de 850 reclamos de automovilistas, de diferentes ciudades del país, que fueron notificados con actas de infracción cometidas, a la altura de la ciudad de Chimpay, por superar la velocidad máxima permitida. Misma situación se da en la localidad de Darwin.
En este sentido, el organismo provincial informó nuevamente que los equipos de control de velocidad instalados en la provincia deben contar, como requisito obligatorio, con la homologación y autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el caso de las rutas nacionales y, autorizados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial para el caso de rutas provinciales, caminos y autovía que atraviese los ejidos municipales. «Esta condición es necesaria y así lo establecen las leyes de transito nacional y provincial, para que la infracción tenga validez», destacaron desde la Defensoría.
La Legislatura provincial promulgó la Ley N° 5.263 el 27 de diciembre del año pasado, de adhesión a la Ley Nacional de Transito N° 24.449, con modificatorias. El artículo 36 expresa que «no pueden privatizarse ni concesionarse las acciones vinculadas al contralor directo de las infracciones, las cuales quedan a cargo exclusivamente de las autoridades de aplicación. Las personas que utilicen los sistemas o instrumentos o labren infracciones con dichos equipos, deben ser funcionarios públicos».
Por su parte, el artículo 37 indica que «la autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y los Cuerpos de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, pudiendo delegar en otras autoridades provinciales o municipales de constatación la operación de los equipos de control».
En caso de la participación municipal, la ley establece que para la instalación y uso de instrumentos cinemómetros y otros equipos de detección de velocidad en rutas nacionales, provinciales, caminos y autovía que atraviese el ejido municipal, deberán contar con la autorización del Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Todo ello previa autorización, en el caso de las rutas nacionales, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por Ley N° 26.363 como máxima autoridad en la materia.
Radar instalado a la altura de Chimpay
Según lo informado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), hasta la fecha no son válidas las multas de tránsito por exceso de velocidad, aplicadas por el Municipio de Chimpay, con utilización del cinemómetro de instalación móvil (Marca STALKER), ubicado en el Km 1044 de la Ruta Nacional N° 22, ya que el radar no ha sido autorizado por la autoridad de aplicación.
Las quejas recibidas por este organismo de control son derivadas al Municipio, solicitando la anulación de las actas de infracción. Al mismo tiempo, todos los reclamos son puestos en conocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Así fue acordado por la defensora del Pueblo, Adriana Santagati en oportunidad de reunirse en Buenos Aires con la Dra. Daniela Ortíz, directora nacional de Coordinación Interjurisdiccional del organismo competente en la materia.
Para eximirse de la multa, los ciudadanos pueden realizar un descargo ante la Oficina Administrativa de Faltas de la Municipalidad de Chimpay y, para ello, encontrarán un modelo de nota/descargo orientativa en la página web www.defensoriarionegro.gov.ar.
También pueden hacer el reclamo en la Defensoría del Pueblo de Río Negro adjuntando copia del Acta de infracción (fotocopia o escaneo en caso de ser enviada de manera digital) y copia del DNI (fotocopia o escaneo digital).
Las vías de contacto para canalizar el reclamo son: correo electrónico [email protected]; la página web; línea gratuita 0800 999 3776 o correo postal con franqueo pago a través de los formularios de reclamo y sobres que se encuentran en todos los Juzgados de Paz de la provincia.
En el caso de los ciudadanos que hayan abonado el valor de la multa y requieran la restitución de su dinero, deberán realizar su reclamo ante el Juzgado de Faltas del Municipio adjuntando copias de: la infracción, el DNI y la constancia de pago (recibo, transferencia bancaria, etc.). Ante la falta de respuesta o negativa, el reclamo podrá hacerse por la vía judicial.
En la página Web de la Defensoría del Pueblo de Río Negro encontrarán los modelos de notas orientativas a presentar ante la Oficina Administrativa de Faltas de la Municipalidad de Chimpay.
Irregularidades detectadas en los radares ubicados en la Ruta Nº 22 a la altura de Darwin
La Defensoría del Pueblo de Río Negro fue notificada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial respecto a la auditoría realizada en los radares ubicados en la Ruta Nacional Nº 22, entre los Km 1005 y 1010, a la altura de Darwin.
El organismo nacional indicó que inspeccionó los radares oportunamente autorizados y homologados por Disposición Nº 45/18 de fecha 15/02/18. En este sentido, informó haber detectado irregularidades en la implementación de estos puestos de control, por lo que intimó al Municipio de Darwin a que se abstenga de imponer infracciones hasta tanto no se hayan regularizado las anomalías constatadas, ya que las infracciones impuestas pueden ser pasibles de planteos de nulidad por parte de los particulares, en legítimo ejercicio de su derecho de defensa.
En este marco, la defensora Santagati mantuvo comunicación con el Intendente, Víctor Mansilla, quien le manifestó que estaba en proceso de cumplimentar las observaciones realizadas por la autoridad nacional.
Por ello, los ciudadanos que reciban multas por exceso de velocidad, captados con los radares ubicados a la altura de Darwin, a partir del 7 de septiembre y hasta el momento en que desde el Municipio se cumplimenten los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pueden dirigir su reclamo ante la Oficina de Faltas de la Municipalidad de Darwin.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
Política
Río Negro celebra la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur
El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina.
El Gobierno de Río Negro celebró la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un hito que cierra una etapa clave de la obra energética más relevante de las últimas décadas en la Argentina. «Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro», remarcó el gobernador Alberto Weretilneck.
El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina. La obra avanza con estándares de calidad que incluyeron 76 cruces especiales de rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados, tres campamentos móviles y la participación de miles de trabajadores a lo largo de toda la traza.
En octubre, la UTE Techint–Sacde alcanzó un récord de 175 uniones y más de 4 kilómetros de avance en una sola jornada. La etapa se completará con soldaduras lineales y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025. La exportación se proyecta a partir de diciembre de 2026.
Weretilneck expresó que «es un día histórico para Río Negro y para la Argentina» y destacó además que «estos logros son posibles porque Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica, condiciones que dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan».
VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios en su primera fase, con posibilidad de ampliar la capacidad hasta 550.000 barriles diarios. Se prevén ingresos para Río Negro por más de U$S 1.000 millones en 13 años, mientras que el Bono VMOS de U$S 60 millones ya se destina a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad.
El gobernador subrayó que el esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores consolida un modelo de desarrollo que atrae inversiones, genera empleo y fortalece el protagonismo de Río Negro en el corazón del crecimiento energético nacional.
