Judiciales
Arsat y otras dos compañías fueron condenadas por daños ambientales
Los hechos ocurrieron en campos de la Ruta 151.
El conjunto de empresas trabajó en el primer semestre del 2013 instalando cables de fibra óptica a la vera de la ruta y de manera adyacente a dos campos que suman una extensión de 8 kilómetros. La persona que habita ese lugar inició una demanda por daños y perjuicios. Refirió deterioros no solo en el alambrado sino daños ambientales.
La jueza civil de Cipolletti Soledad Peruzzi condenó a las tres empresas y a sus aseguradoras a pagar la suma de 2.654. 360 de pesos más intereses. La sentencia es de primera instancia y aun no está firme porque puede ser apelada.
La titular de la obra era la empresa Arsat S.A, la contratista era Tel 3 S.A y la subcontratista era Constructora GYG S.A.
La persona que inició la demanda consignó que las empresas comenzaron a desmontar el terreno de manera innecesaria; efectuando movimientos de suelo que afectaron seriamente el alambrado e hicieron una zanja lindera a toda la extensión del campo en la cual enterraban un largo cable de fibra óptica de tres secciones o cuerpos para transmitir señales de teléfono, televisión e internet.
Para resolver la jueza tuvo en cuenta los dictámenes de los peritos que constataron los daños en el alambrado y el daño ambiental.
La pericia ambiental efectuada por el perito geólogo determinó que «el principal impacto ambiental en la instalación de la fibra óptica (realizado con maquinaria pesada) fue la construcción de un camino longitudinal a lo largo del alambrado que hace en épocas de lluvia de avenida de drenaje la cual fue y es utilizada por el agua de lluvia para su encauzamiento, esto aumenta considerablemente la erosión hídrica…estos trabajos formaron un pequeño terraplén o bordo sobre y a lo largo de buena parte del alambrado que hizo en partes del mismo dique contenedor de las aguas de lluvia que bajan desde el oeste con lo cual se contuvieron esas aguas hasta sobrepasar la cumbre de esos diques y cuando el agua se derramó debido a su mayor volumen erosionó con mayor potencia la zona inmediatamente más baja topográficamente (…) El paso de las maquinarias produjo la remoción total del encape de suelo, que implica a su vez la remoción de la cobertura vegetal que está representada principalmente por jarilla y por zampa (…) Impactos directos permanentes: se ha modificado la flora…Interrupción de los sistemas de drenaje superficiales…alteración de los cauces naturales con efecto sinérgico en cuerpos hídricos superficiales (lagunas internas del superficiario) y por ende sobre los recursos biológicos de los ecosistemas que deben ser preservados».
También se incorporó al expediente la pericia de un ingeniero agrónomo.
Concluyó la jueza: “como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, tengo por probado el daño producido en el medio ambiente del suelo en el inmueble de la actora, por lo que haré lugar a la indemnización pretendida, a fin de obtener con las tareas presupuestadas el restablecimiento del suelo a los niveles anteriores a las labores que lo modificaron, dañando el natural curso de aguas ; intentando en la medida de lo posible la recomposición de las cosas a su estado anterior; de acuerdo a los cursos de agua que han sido constatados como desviados por la pericia cumplida en autos”.
Judiciales
Comenzó el juicio contra cuatro policías acusados de torturar a dos adolescentes en Alta Barda
El juicio se extenderá durante cinco jornadas más y contará con la declaración de más de 30 testigos.
Comenzó el debate oral por el hecho que investiga una serie de acciones que cuatro policías habrían cometido contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda de General Roca.
El Tribunal Colegiado comenzó a escuchar a los primeros testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que la pretensión punitiva supera los 3 años de prisión.
Durante la primera jornada declararon la madre de uno de los jóvenes, la hermana de ella y dos enfermeras del servicio de emergencias.
El debate continuará durante cinco jornadas más. Para este miércoles (19/08) está prevista, entre otras medidas probatorias, la reproducción de las Cámaras Gesell.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30, cuando los cuatro imputados, que se movilizaban en un móvil policial tipo pick up y prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, llegaron al playón deportivo del barrio Alta Barda.
La acusación sostiene que uno de los policías habría efectuado disparos al aire para dispersar a quienes se encontraban en el lugar y que, posteriormente, tras identificar a los dos adolescentes, los habría hecho subir al móvil frente a sus tres compañeros.
De acuerdo con el relato fiscal, una de las policías conducía, otra se encontraba en la cajuela y el restante ocupaba el asiento trasero junto a los adolescentes.
La acusación plantea que los jóvenes fueron trasladados a un descampado y que allí uno de los policías habría golpeado a ambos. Según la Fiscalía, las dos mujeres policías le pedían que detuviera su accionar, mientras el otro hombre observaba.
Siempre según la acusación, posteriormente el mismo efectivo les habría ordenado correr y efectuado nuevas detonaciones hacia los pies de los adolescentes. Uno de ellos habría sufrido una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón.
La Fiscalía también sostuvo que el policía habría amenazado a los jóvenes mientras tenía un arma cargada y que finalmente ambos lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos.
La calificación legal es torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma. Uno de los policías respondería como autor, mientras que los otros tres lo harían en carácter de partícipes necesarios.
Las defensas, en tanto, cuestionaron tanto la teoría de la fiscalía como la calificación legal. El defensor penal público Juan Pablo Chirinos sostuvo que su asistido reconoció el hecho, aunque no en el grado ni con la participación que plantea la acusación, y afirmó que para esa parte no existió tortura.
Por su parte, Flavia Rojas planteó que la defensa discutirá la teoría fiscal a partir de la desigualdad existente en la fuerza policial entre hombres y mujeres y su impacto en la labor de su asistida.
El juicio está previsto durante toda esta semana, desde las 8.30, en los Tribunales de General Roca.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
