Política
Juntos Somos Río Negro denunció penalmente a Martín Soria
Dirigentes del oficialismo fueron a la Justicia para que se investiguen presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del PJ, del cual el intendente de Roca es presidente.
Dirigentes de Juntos Somos Río Negro se presentaron ante la Justicia Federal para pedir que se investiguen las “reiteradas y sistemáticas irregularidades” en la presentación de los Estados Contables del Partido Justicialista rionegrino, que preside el intendente de Roca, Martín Soria.
«Tal y como ocurre en la Municipalidad de General Roca, en la cual se maneja de manera oculta gran parte de la información de la gestión que por ley debe ser pública, este mismo modus operandi se replica en el partido del cual Soria es presidente», aseguraron en un documento el ministro Luis Di Giácomo y los legisladores de Juntos Alejandro Palmieri, Facundo López, Marta Milesi, Silvia Morales y Sandra Recalt.
En este sentido, recordaron que la Ley Nacional N° 26.215 de «Financiamiento de los Partidos Políticos», establece expresamente «la obligatoriedad de los partidos políticos de informar en cada balance anual, las personas que hayan realizado aportes financieros a los mismos, detallando ‘datos de identificación personal y monto’, entre otros datos». Aseguran que el presidente del PJ rionegrino incumple abiertamente esta ley.
Detallaron que «solo tomando los 3 últimos años, un total de $4.202.100 en aportes aparecen mencionados en los balances del PJ como provenientes de personas físicas, pero no se informan identidades, montos ni dato personal alguno. Solo menciones genéricas y difusas, escondiendo bajo el anonimato los aportes y aportantes». Así se deja constancia en la presentación que efectuaron los dirigentes Graciela Valdebenito, Alfredo Martín y Rodolfo Cufré.
«Claramente, los que diariamente pretenden mostrarse como los abanderados de la moral y la ética en nuestra provincia, están muy lejos de serlo en la realidad. Lo cierto es que las autoridades del Justicialismo, y desde hace algunos años, no tienen ningún interés en mostrar el origen de los fondos de su partido, como lo exige la ley y como lo hacen los demás partidos políticos de Río Negro, y como lo hace el propio Justicialismo en otras provincias», agregaron.
«Todos los demás partidos políticos con representación en la Legislatura provincial cumplen esta normativa, lo que hace más notorio el desapego de Soria a las normas vigentes como presidente del PJ», indicaron.
«Sin ir más lejos. Juntos Somos Río Negro, presentó en su balance del 2017, 12 páginas con el detalle y la identificación de las 413 personas que aportaron al financiamiento del partido», añadieron. Afirmaron también que «la Coalición Cívica ARI por ejemplo, presenta un listado en 6 páginas dentro de su último balance. La UCR lo hace en 1 página de sus estados contables. Lo mismo el PRO rionegrino, por nombrar varios de los partidos políticos presentes en nuestra provincia. Lo mismo ocurre en otras provincias vecinas, en donde casualmente el PJ “sí” respeta y cumple la legislación nacional».
«De la propia información pública de la Secretaria Electoral surge, por ejemplo, que el PJ de La Pampa en su último balance anual (2017) informó en 129 páginas la identificación y los datos de sus aportantes. Lo propio hizo el PJ neuquino en 2 páginas, y el PJ de Mendoza en 52 páginas con los datos personales de todos sus aportantes durante el último año, por nombrar solo algunos», manifestaron desde JSRN.
«El Justicialismo Rionegrino es el único de los partidos políticos que hoy tienen representación política en la Legislatura o municipios, que incumple sistemáticamente esta obligación», enfatizaron.
«Esto no es un tema menor. La Ley mencionada prohíbe expresamente ocultar bajo el anonimato y no divulgar las identidades de los contribuyentes a cada partido, para evitar la corrupción o el financiamiento de partidos políticos desde fuentes ilícitas o prohibidas», agregaron.
«Ya la justicia le ha ordenado a Martin Soria, en su rol de intendente, que cumpla con la obligación legal de difundir la información municipal que debería ser pública, pero que en Roca no lo es. Ahora, seguramente deberá también explicar porqué no cumple con las obligaciones legales de informar de donde salen los recursos financieros del partido del que es Presidente y su máxima autoridad», concluyeron los dirigentes de Juntos Somos Río Negro.
Política
En Río Negro, la Ley de Ficha limpia es la más exigente del país
No pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.
«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.
«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.
Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».
El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
Política
El jueves sesionará el Concejo Deliberante roquense
Se convocó a una sesión extraordinaria para debatir dos iniciativas del Poder Ejecutivo local.
El Concejo Deliberante convocó a la sexta sesión extraordinaria del XXXV Período de Sesiones Ordinarias para este jueves (26/12) a las 10 de la mañana en la Sala de Sesiones del edificio gobernador Carlos E. Soria.
Los concejales roquenses analizarán y discutirán dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo local.
