Judiciales
Solicitaron la impugnación de la sentencia que declaró absueltos a Rubén López y Abramovich
El fiscal Márquez Gauna denunció que una testigo que declaró a favor de los acusados recibía cobertura médica de la Obra Social de la Fruta sin corresponderle por no ser aportante.
El fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, sostuvo la impugnación de la sentencia que absolviera a dos acusados de abuso sexual solicitando que sean declarados nulos el juicio y la sentencia del caso. Uno de los acusados es el ex legislador provincial Rubén López y el restante un ex jugador de fútbol de primera división.
De la audiencia partíciparon además de Márquez Gauna, los defensores particulares, Pablo Iribarren, Oscar Pineda y Guillermo Oviedo.
El requerimiento de la Fiscalía se centró en solicitar en primer término la nulidad del juicio porque una testigo presencial del hecho habría mentido deliberadamente para obtener un beneficio económico.
Subsidiariamente, el representante de la acusación solicitó que la sentencia sea declarada nula por tres motivos: por no estar suficientemente fundada, por la falta de valoración de la pruebas producidas durante el debate y por la errónea valoración de la prueba de cargo producida. En este sentido, agregó en el núcleo de pruebas aportado por la Fiscalía es sólido y que todos los testigos brindaron la misma versión de los hechos.
«Hacer desaparecer a la Víctima del proceso es lo peor que podemos hacer como juzgadores», sostuvo el fiscal. Sobre este punto agregó que si bien la joven no fue a declarar al debate su relato fue incorporado a través de tres personas distinta a las que la víctima les contó lo que había sufrido.
Testigo clave
La audiencia comenzó con la solicitud de producción de prueba para la etapa de impugnación realizada por parte de la Fiscalía. Al respecto Márquez Gauna informó que con posterioridad a la realización del debate se tomó conocimiento que una de las principales testigos del caso recibía cobertura médica de la Obra Social de la Fruta sin corresponderle por no ser aportante.
Por lo anterior consideró que el juicio debía ser anulado porque la sentencia se basó en un testimonio falso, motivado por un beneficio económico. Cabe señalar que Rubén López era -durante el juicio- el presidente de la obra social a la cual por la joven había sido beneficiaria de cobertura al 100% de sus gastos médicos.
Los defensores de los imputados se opusieron a la incorporación de nuevas pruebas aduciendo que la testigo no era vital para el sustento de la sentencia y que la misma se basó en otras evidencias. Además sostuvieron que la declaración era idéntica a otra prestada por la misma testigo en el año 2017 y que las prestaciones las recibió en esta fecha, ofreciendo está testimonial como prueba.
El Tribunal de Impugnacion aceptó la incorporación de las evidencias entre las que se incluyen las actas de los allanamientos realizados en la vivienda de la testigo y de la sede de la Obra Social de la Fruta y el carnet provisorio de la cual la mujer era titular.
El Tribunal de impugnacion, integrado por los jueces Adrián Zimmermann, Miguel Cardella y Carlos Mussi adelantó que su decisión sobre el caso se conocerá en un plazo no mayor a veinte días hábiles.
Judiciales
Fueron halladas la mujer embarazada de siete meses y a su hija de 2 años
Habían sido vistas por última vez el domingo alrededor de las 15 horas.
La búsqueda de una mujer de 37 años, embarazada de siete meses, y de su hija de apenas 2 años quedó formalmente desactivada luego de que fueran halladas en buen estado de salud.
La mujer había sido visto por última vez el domingo (13/09) alrededor de las 15 horas junto a su hija, cuando se dirigían a la plaza La Esperanza. Desde entonces, el último contacto registrado había sido a través de WhatsApp a las 19.21, dato que generó preocupación entre sus familiares.
A partir de la denuncia comenzó la reconstrucción del posible recorrido realizado por madre e hija y se activaron los recursos destinados a establecer dónde se encuentran. En las tareas participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal especializado con perros adiestrados.
Finalmente, pasado el mediodía de hoy (15/09) fueron halladas en buen estado de salud, se las trasladó a la Subcomisaría 69° y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debido a que hay una menor involucrada.
Judiciales
Se divorciaron en España y 17 años después lograron inscribir la sentencia en Río Negro
La sentencia había sido dictada por un juzgado español en diciembre de 2009. Para que tuviera efectos en Argentina, fue necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial.
Una pareja que se había casado en Chimpay logró que la Justicia de Río Negro reconociera e inscribiera una sentencia de divorcio dictada en España hace 17 años.
La pareja se había radicado en España y, con el paso del tiempo, decidió poner fin a la vida en común. En diciembre de 2009, un juzgado de Palma de Mallorca dictó la sentencia que formalizó el divorcio de mutuo acuerdo.
Si bien la decisión tenía plena vigencia en España, para que también produjera sus efectos en Argentina era necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial de la sentencia extranjera.
El hombre se presentó ante el Poder Judicial y solicitó la inscripción del divorcio ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro. Durante el trámite, la mujer prestó su conformidad expresa con el pedido.
Entre la documentación incorporada al expediente se presentó el testimonio de la sentencia dictada en España, acompañado por el correspondiente certificado de La Haya, destinado a acreditar la autenticidad del documento público extranjero.
Una jueza de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la solicitud y ordenó inscribir la sentencia de divorcio en el Libro de Extraña Jurisdicción del Registro Civil provincial.
Para resolver, el fallo tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.413, que contempla la inscripción de matrimonios y de las sentencias que los disuelven cuando fueron dictadas en otros países y cumplen con las exigencias legales. También se consideraron las disposiciones del Código Civil y Comercial referidas a los actos celebrados en el extranjero y la Convención de La Haya sobre apostilla.
La magistrada señaló que «no se advierte la existencia de alguno de los impedimentos previstos en el Código Civil y Comercial». Además, destacó que tanto el Registro Civil como el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron sin objeciones sobre la procedencia del trámite.
El procedimiento de reconocimiento o ejecución de una sentencia extranjera permite que una decisión judicial dictada en otro país produzca los efectos correspondientes en Argentina. En este caso, no se volvió a discutir el divorcio, sino que se verificó que la resolución española reuniera las condiciones necesarias para ser reconocida e inscripta en el país.
Con todos los recaudos cumplidos y la conformidad de ambas personas divorciadas, la Justicia provincial ordenó finalmente la inscripción de la sentencia.
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Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio de Mauricio Molinez
Según la Fiscalía, dos personas habrían pasado en moto frente al domicilio donde estaba la víctima y efectuado disparos. Un hombre mayor de edad también tiene pedido de captura.
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años, ocurrido durante la noche del 9 de septiembre en General Roca.
La Fiscalía había solicitado un allanamiento con orden de detención del adolescente. Durante la audiencia, el joven fue asistido por un defensor de menores penal.
El fiscal Daniel Zornitta solicitó como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, bajo responsabilidad de su padre, para evitar que abandone el domicilio hasta que se concrete la formulación de cargos. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, en el domicilio donde se encontraba la víctima fatal también había al menos dos menores. De acuerdo con la hipótesis investigada, entre las 20 y las 23 dos personas habrían pasado en una motocicleta frente a la vivienda y efectuado disparos que provocaron la muerte de Molinez. Uno de los involucrados es el adolescente y el otro, un hombre mayor de edad, tiene un pedido de captura vigente.
La Fiscalía informó además que se realizaron otros allanamientos, en los que fue posible encontrar una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.
Entre las evidencias reunidas se encuentra el informe de autopsia, durante la cual se extrajo un proyectil que será sometido a peritaje. También se cuenta con un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes levantaron vainas servidas en el lugar y constataron impactos de disparos en el frente de la vivienda.
La Brigada de Investigaciones trabajó en la toma de declaraciones testimoniales y en la recepción de evidencias.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló además que algunos testigos tendrían temor de brindar su versión de lo ocurrido, situación que fue incorporada como uno de los fundamentos para solicitar las medidas cautelares.
Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió en el mismo sentido que lo solicitado por la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria con tobillera para el adolescente.
Por tratarse de un menor de edad, no se brindan nombres, domicilios, imágenes ni otros datos que permitan identificarlo, ni precisiones que puedan afectar sus derechos de intimidad y privacidad.
