Judiciales
Inició jury al juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos
Mañana se conocerán los alegatos de las partes.
Con la acusación del Procurador General Jorge Crespo comenzó hoy (2/10) en Roca el juicio político a Juan Pablo Chirinos, juez de ejecución de Roca actualmente suspendido por el Consejo de la Magistratura.
La acusación incluye tres cargos que configuran la causal de “mal desempeño” e “incumplimiento de las obligaciones que manda la Constitución”.
El Consejo de la Magistratura está presidido por la jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Adriana Zaratiegui e integrado por el juez Alejandro Sanchez Freites, por la magistratura, los abogados Paola Riquelme Catalán, Silvina Romano y Carlos Aroca Álvarez. En representación de la legislatura intervienen Alejandro Ramos Mexia, Tania Lastra y Leandro Lescano.
Como parte de la acusación, el Procurador General enumeró la causa “Ramón Geldres” en la que se le reprocha al juez Chirinos “haber incorporado de manera irregular al interno Geldres al régimen de salidas transitorias”.
En segundo lugar, el Procurador le atribuyó el caso “Jonathan Luna”, interno que también fue incorporado al beneficio de las salidas transitorias luego de ser indagado y sometido a una rueda de reconocimiento en el juzgado penal de Choele Choel. Se le reprocha también no haber mantenido una entrevista previa con el interno.
Finalmente, el juez Chirinos fue acusado por el erróneo computo de pena del interno Luis Alejandro Lara, quién estuvo detenido seis meses y 18 días de más.
El juez Chirinos está siendo asistido por los defensores Juan Carlos Chirinos y Oscar Pandolfi.
Conocida la acusación de la Procuración General, el juez Chirinos realizó en su defensa algunas consideraciones respecto de los expedientes en los que se le atribuye “mal desempeño”.
En la jornada de hoy declararon 19 testigos. En la primera parte de la mañana el Consejo de la Magistratura escuchó a distintos funcionarios judiciales que tomaron intervención en los expedientes y a otras personas ofrecidas tanto por la parte acusadora como por la defensa.
Concluida la etapa probatoria se realizarán los alegatos, momento en que las partes expondrán las conclusiones respecto de juicio.
Luego de la deliberación y del dictado de la sentencia el Consejo de la Magistratura puede disponer sanciones de suspensión, destitución o absolución de los funcionarios sometidos al proceso.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
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Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
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Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
