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Río Negro

«Pedimos que sea revocado el nuevo aumento que se quiere imponer en el gas»

Defensores del Pueblo del país exigen al gobierno nacional que de marcha atrás a la Resolución que busca compensar a las productoras del servicio.

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La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina por intermedio de su presidente, Alejandro Amor, presentó un recurso Jerárquico ante el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, contra la Resolución N° 20/2018 y se solicitó que se revoque el acto impugnado de fecha 5 de octubre de 2018, de la Secretaría de Gobierno de Energía, mediante la cual se dispuso el recupero del crédito a favor de los productores y a cargo de los usuarios en veinticuatro cuotas a partir del 1° de enero de 2019.

En el recurso se fundamenta que la aplicación de cargos retroactivos a facturas ya abonadas por usuarios resulta ostensiblemente contrario a lo dispuesto por nuestro Código Civil y Comercial en su art. 880, en cual dispone «efectos del pago por el deudor. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera».

Asimismo, se señala que no se observaron los principios mínimos en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad, no confiscatoriedad exigidos por la Suprema Corte en el fallo CEPIS y se omitió además el principio esencial y específico de la participación ciudadana (la medida cuestionada no fue objeto de la última audiencia pública celebrada el 4 de septiembre del año en curso).

En este sentido, la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, manifestó en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 10 por La Super FM 96.3) que «pedimos que sea revocado el nuevo aumento que se quiere imponer en el servicio de gas».

«Presentamos un recurso para evitar el pago que compensa a las empresas de gas. Son 10 mil millones de pesos que los usuarios les tendríamos que pagar a las empresas», agregó.

«(Javier) Iguacel -secretario de Energía- tiene que entender que cuando se gobierna, se gobierna para todos, no para las empresas», añadió Santagati.

En tal sentido, en la presentación de todos los defensores del Pueblo se resalta que «resulta obligatorio, para la autoridad estatal, la realización de audiencias públicas previas ante cada alteración de los elementos que componen la tarifa que los usuarios deben pagar; en las cuales se debe garantizar principalmente un ámbito participativo, el acceso de los sectores interesados e información suficiente, adecuada y veraz».

Finalmente, en el escrito impugnatorio, expresan que esta Resolución se dio en el contexto de emergencia energética acentuado por los exponenciales aumentos tarifarios (con estimaciones que lo fijan entre un 1800% y un 2775%, según metodología utilizada) que, como se señaló en las distintas audiencias públicas en las que participaron los defensores del Pueblo, dificultan o impiden el acceso de distintas categorías de usuarios al pago de las tarifas y en consecuencia al mantenimiento de servicios elementales para nuestra sociedad.

Se agrega que la medida impugnada se dictó al mismo tiempo en que se dejó sin efecto la bonificación del 10% en el precio del gas natural por redes y del gas propano incluido por redes para todas las categorías de usuarios residenciales que registraron un ahorro en su consumo igual o superior al 20% con respecto al mismo periodo del año 2015; la eliminación de los topes porcentuales establecidos que mitigaban el impacto de los aumentos tarifarios y una considerable reducción de la tarifa social federal.

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Gremios

UnTER rechazó la propuesta del Gobierno pero no realizarán medidas de fuerza

De esta manera el lunes retornarán las clases con normalidad tras el receso invernal.

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El Congreso de UnTER que se realizó en Roca resolvió rechazar por insuficiente la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro. No obstante, las Seccionales del sindicato docente decidieron no llevar a cabo medidas de fuerza.

De esta manera, a pesar del rechazo a la oferta salarial, el gremio no realizará paro el próximo lunes (22/07), moción que habían llevado algunas Seccionales al Congreso. Por ende, el regreso a las clases se dará con normalidad tras el receso invernal.

UnTER ahora espera una nueva convocatoria a paritarias para acordar un nuevo aumento salarial para los docentes.

Por su parte, ATE y UPCN, en el marco de las negociaciones en la Mesa de la Función Pública, si aceptaron las condiciones ofrecidas por el Gobierno rionegrino.

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Gremios

ATE y UPCN aceptaron la nueva propuesta salarial del Gobierno

La Provincia ofreció como oferta para julio, agosto y septiembre aumentos de $50.000, $60.000 y $70.000 cada mes según categoría y agrupamiento.

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En el marco de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial destinada a los empleados públicos provinciales, abarcando los meses de julio, agosto y septiembre. Tras intensas negociaciones, los gremios UPCN y ATE aceptaron la propuesta.

La Provincia ofreció como oferta para julio, agosto y septiembre aumentos de $50.000, $60.000 y $70.000 cada mes según categoría y agrupamiento, con el adicional de que las sumas serán bonificables.

Asimismo se informó que a partir del mes de julio se incrementará en un 20% el valor del punto de las guardias de salud y se otorgará un incremento a la bonificación Ley N° 1904 equivalente al 10% de la asignación básica bruta para los profesionales no médicos y el equivalente al quince por ciento 15% de la asignación básica bruta para los profesionales médicos. En el mismo sentido, se otorgará un aumento del 50% al concepto compensación full time tanto para los profesionales médicos como para los no médicos.

Por otro lado, también a partir de julio, se reemplazará el plus pandemia que percibían los agentes dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes y el nuevo adicional consistirá en sumas de $ 45.000, $ 47.500 y $ 50.000 según las funciones específicas previstas en las normativas reglamentarias.

Se ofreció oficialmente que las y los agentes estatales de la ley N° 1844 y los agentes comprendidos en la ley N° 1904 (escalafón sanitario) perciban según su categoría:

Agentes no profesionales bajo la Ley N° 1844

  • Categorías 1 a 11: $50.000 en julio, $50.000 en agosto y $50.000 en septiembre
  • Categorías 12 a 14: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre
  • Categorías 15 a 20: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre

Agentes profesionales de pregrado bajo la Ley N° 1844

  • Categorías 8 a 11: $50.000 en julio, $50.000 en agosto y $50.000 en septiembre
  • Categorías 12 a 14: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre
  • Categorías 15 a 21: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre

Agentes profesionales de grado bajo la Ley N° 1844

  • Categorías 12 a 14: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre
  • Categorías 15 a 23: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre

Agentes profesionales de posgrado bajo la Ley N° 1844

  • Categorías 16 a 25: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre

Para agentes del escalafón sanitario bajo la Ley N° 1904

Profesionales médicos (44 horas semanales)

  • Agrupamiento primero: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre
  • Agrupamiento segundo: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre

Profesionales no médicos (44 horas semanales)

  • Agrupamiento primero: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre
  • Agrupamiento segundo: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre
  • Agrupamiento tercero: $50.000 en julio, $50.000 en agosto y $50.000 en septiembre

La Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, se comprometió a convocar durante este trimestre a la mesa, con el objetivo de abordar la solicitud de los gremios de la incorporación de $35.000 (correspondiente a la suma de $70.000 otorgada en el mes de octubre de 2023) a la asignación básica bruta.

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Judiciales

Planes de ahorro: Concesionaria demandó a fabricante por no entregar un auto

Aunque la clienta pagó la totalidad del plan, la fábrica no entregó el auto por más de un año.

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Luego de abonar la totalidad de las cuotas de un plan de ahorro previo, el fabricante no entregó el vehículo por más de un año. Entonces, se inició una demanda judicial. Lo destacado del caso fue que, esta vez, quien demandó fue la propia concesionaria, radicada en Viedma. Intentó que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor, pero el fallo dijo que no correspondía.

En principio, una mujer había suscripto un plan de ahorro para adquirir un vehículo Chevrolet Tracker. Cuando terminó de pagarlo, cedió el contrato a Líder Automotores.

La adjudicación se produjo a finales de 2020, en plena pandemia de Covid. Un año después, el vehículo no había sido entregado, entonces la concesionaria inició una demanda contra el fabricante.

En su presentación, la concesionaria dio cuenta de las intimaciones cursadas, de las respuestas negativas y también cuestionó «el trato que le proporcionara en su carácter de consumidor, calificando el accionar de la accionada como indigno y contrario a las obligaciones impuestas al comerciante por la Ley de Defensa del Consumidor y Constitución Nacional».

Justamente en este punto se centró la primera cuestión a decidir en el proceso: ¿puede la concesionaria ampararse en la Ley de Defensa del Consumidor? Corrido traslado al Ministerio Público Fiscal indicó que no.

Poco después de presentada la demanda, el auto fue entregado. Así lo comunicó la propia concesionaria. El juez resolvió que la empresa «aún siendo cesionario del contrato de adhesión, no encuadra en la figura de usuario o consumidor». Entonces, se recaratularon las actuaciones como proceso ordinario.

Chevrolet SA de Ahorros Para Fines Determinados no contestó demanda «por lo que al caso resulta aplicable la presunción de verdad de los hechos».

Tras analizar la prueba, «ha quedado comprobado en autos que el vehículo fue entregado luego del inicio de la demanda y que a su vez la administradora no ha acreditado el pago de la multa contractual a la que se ha obligado mediante su propia construcción contractual frente al suscriptor».

El juez concluyó que «existe probada la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual con base en la entrega tardía de la unidad».

De esta manera, condenó a Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados a abonar la multa prevista en el propio contrato. Sin embargo, rechazó otros rubros solicitados por la concesionaria, como daño moral, daño emergente y daño punitivo, que plantea la Ley de Defensa del Consumidor, justamente por no tratarse de una relación de consumo.

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