A pocos días de haber sido de haber obtenido la personería para actuar como partido de distrito, las autoridades de Primero Río Negro -encabezadas por el ex legislador e intendente de Campo Grande, Ariel Rivero- entregaron en la Justicia cerca de 1300 nuevas afiliaciones de ciudadanas y ciudadanos rionegrinos que se suman al proyecto de uno de los partidos que representa a Javier Milei en la provincia.

Cabe recordar que por irregularidades en las adhesiones, el sello La Libertad Avanza, liderado por la diputada nacional Lorena Villaverde, aún no ha tenido el visto bueno de la Justicia Electoral. No obstante planean llegar a marzo próximo con el trámite aprobado, de cara a las elecciones de medio término de este año.

En cuanto a Primero Río Negro, si bien el plazo de recepción de la documentación es de 150 días, se definió adelantar la entrega de la mitad de las fichas solicitadas a fin de que el trámite sea todo lo ordenado y transparente que se requiere.

Al ser consultado sobre el particular Rivero señaló que «estamos cumpliendo formalmente con este trámite administrativo, mientras nuestros equipos siguen sumando adhesiones en cada rincón de la provincia de muchos ciudadanos y ciudadanas que volvieron a tener esperanzas, confianza e ilusiones en el país, fundamentalmente por todo lo que está haciendo el presidente Javier Milei y apostando con mucho interés el proyecto de provincia que queremos desarrollar».

Agregó el presidente de Primero Río Negro que «invitamos a sumarse al proyecto a todos aquellos que quieran ser parte fundacional de un proyecto que, no tengan dudas, cambiará la historia de esta bendita provincia».

La Secretaría de la Función Pública de Río Negro realizó una revisión integral de la planta de personal contratado, cuyos vínculos vencieron el 31 de diciembre pasado. En este marco, de 3382 contratos con vencimiento al último día del 2024, un total de 2.934 fueron renovados por un nuevo período.

Desde el Gobierno aseguraron que de los 448 casos (13,2%) de los contratos que no tuvieron continuidad, se trataron de «faltas e incumplimientos en los que incurrieron los agentes en cuestión. Todos estos casos han sido debidamente justificados, y la patronal, en este caso el Estado rionegrino, tiene la potestad de no mantener el vínculo laboral con una persona que no cumple con sus obligaciones, tal cual sucede en el ámbito privado», dijo el gobernador Weretilneck al respecto.

Entre las causas que figuran en la justificación de la no renovación de los contratos laborales se encuentran sanciones disciplinarias, incumplimientos laborales, ausentismo del lugar de trabajo sin justificación, entre otros.

«Esta decisión de discontinuar la relación laboral con quienes no cumplen con sus compromisos no se trata de ninguna política de ajuste del Gobierno Provincial y mucho menos con lo que algunos denominan como motosierra, haciendo alusión al achique estatal implementado en otros ámbitos. Por el contrario, se trata de una política de eficientización del gasto público, cuidando los recursos generados por los propios rionegrinos a la hora de pagar sus impuestos», destacó el gobernador.

«Todos los agentes públicos, desde un empleado hasta el propio Gobernador nos debemos a quienes no pagan el sueldo, que son todos y cada uno de los rionegrinos que con sus impuestos contribuyen en ese sentido. Entonces, quienes no cumplen con la tarea para cual se les está abonando un salario no merecen estar en el Estado», concluyó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, indicó que «luego de un trabajo minucioso llevado adelante por la Función Pública, área por área, chequeando la efectividad laboral de cada trabajador, se renovaron la enorme mayoría de los contratos. Solo el 13,2% de los casos no fue renovado, y para determinar eso se tuvieron en cuenta las sanciones disciplinarias; el ausentismo injustificado, entre otras cosas».

En este sentido, expresó que «el empleo público no tiene que ser visto como un lugar de privilegio, algo que sucedió durante la pandemia; se deben aplicar las normas. Esto no significa hacer un ajuste o aplicar cualquier tipo de motosierra, como se llama ahora, simplemente hacer cumplir las leyes vigentes».

Con respecto al diálogo con los gremios, el funcionario comentó que «siempre tuvimos la mejor relación con los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Estado, en general. Yo he sido particularmente crítico con UnTER, en relación a su posición violenta, que implicó el año pasado lesionar a policías y dañar edificios públicos, pero el diálogo se mantiene siempre».

«Tenemos que eficientizar el dinero público para poder, no solo pagar sueldos, sino prestar los servicios que le corresponde a la Provincia y generar obra pública, teniendo en cuenta el ajuste que la Nación aplicó, con un sinfín de partidas que dejaron de enviarse y que debimos asumir. Debemos estar más que atentos para no caer en cesación de pagos», destacó.

Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicara dos decretos que modifican el régimen de contrataciones en el sector público, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, evaluó que «después de que se llenaron la boca hablando mal y estigmatizando al empleo público, el Gobierno tenía la oportunidad de establecer el ingreso al Estado por concurso público, pero no se animó».

«Este decreto no elimina el dedo de un presidente, los ministros o un diputado para el ingreso a la Administración Pública. Se aseguraron de dejar una hendija abierta para que puedan entrar al Estado los trolls y militantes libertarios. Esta norma sigue sin garantizar a la sociedad que quienes ingresen sean los más idóneos y capaces, y que eso a su vez se traduzca en la mejora de la calidad del empleo público», agregó el dirigente. Entre sus artículos, el Decreto 1148/24 señala que cualquier nueva alta en el Estado deberá ser aprobada por la cartera que conduce Sturzenegger.

En tanto, el Decreto 1149/24 establece la contratación anual de todos los trabajadores que aprobaron durante diciembre la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, tal y como exigió el sindicato. En este marco, Aguiar señaló que «por supuesto que luego del fraude laboral gigantesco y la reprecarización que decidió llevar adelante el Gobierno apenas asumió, la contratación anual aparece no sólo como un avance, sino como una respuesta a una de las principales demandas que le planteó ATE al Ejecutivo desde el principio».

«Seguimos demandando que se cumpla con la Constitución Nacional y se garantice el derecho a la estabilidad en el empleo público incorporando a la planta permanente a los más de 57.000 trabajadores contratados desde hace muchos años bajo distintas modalidades», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Sin estabilidad, sin salarios dignos de los trabajadores estatales y sin la inversión presupuestaria necesaria en todas las áreas públicas, no hay derechos para nuestro pueblo, sobre todo para las franjas sociales más vulnerables que son las verdaderas usuarias del sistema público de salud, educación, previsión social, entre otros», concluyó.