Sociedad
Los estudiantes buscan consolidar y ampliar sus derechos con una ley
En la UNCo presentaron la campaña nacional por la Ley de Derechos Estudiantiles.
Se presentó en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) la campaña nacional por la Ley de Derechos Estudiantiles, que busca garantizar las condiciones necesarias para garantizar a todos y todas las estudiantes del país el acceso a la Educación Superior, contemplando aspectos académicos, gremiales, sociales y de inserción profesional. Además de abordar aspectos básicos como los derechos al estudio, a la alimentación y el transporte, toca aspectos novedosos como los de las licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, que entre otras cosas, flexibiliza las normativas de vencimientos de los cursados. También se propone la creación de guarderías maternales/paternales para facilitar los estudios de los y las estudiantes padres y madres.
La presentación del proyecto de ley se realizó en el Salón Azul de la Biblioteca de la UNCo y estuvo a cargo de Ayelén Rojas, presidenta de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), y de Alejandra Corsi, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Participaron el rector de la UNCo, licenciado Gustavo Crisafulli, el diputado nacional Darío Martínez, el concejal Marcelo Zúñiga, la mayoría de los decanos, la secretaria de Bienestar, Marcela Debener, el secretario de Extensión, Gustavo Ferreyra, la secretaria general de ADUNC, Micaela Gomiz, la secretaria general de APUNC, María Julia Barsotelli, y el secretario general de CEDIUNCO, Javier Pavese, presidentes de centros de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.
El rector Gustavo Crisafulli manifestó el compromiso del rectorado y de los decanos que acompañaron el lanzamiento a nivel regional del proyecto con la campaña y trabajar junto a los legisladores de Neuquén y Río Negro para “hacer de estos derechos una realidad”.
“Saben que desde el primer borrador y la largada de esta campaña de esta Ley de Derechos Estudiantiles, la gestión de la Universidad Nacional del Comahue colaboró e hizo su acto de presencia en el primer lanzamiento en Buenos Aires y hoy estamos aquí porque creemos que los derechos estudiantiles, que son dispersos, desiguales de una institución a otra, que tienen mucho que ver con la historia de la vida política de cada una de las instituciones, y de las fuerzas y debilidades en distintos tiempos de los movimientos estudiantiles, deben estar garantizados en una ley nacional que proteja los derechos esenciales, esta es una discusión que tenemos que dar porque hay muchas conquistas que parecen sólidas, pero que no lo son tanto porque son fuertes en algunas instituciones y no en otras, y entonces hay un conjunto de derechos que todos entendemos que deben ser el mínimo común denominador de una ley, pero por otro lado hay un desarrollo de nuevos derechos, de nuevas cualidades de la vida institucional de las universidades que requieren la protección”, expresó el rector.
Los estudiantes “son los sujetos más importantes de las instituciones universitarias pero también son los de relaciones de poder más asimétricas, respecto de otros actores de las instituciones, y el mejor modo de proteger nuestros derechos es, en primer lugar, sancionarlos en el marco de las leyes, que por ser leyes de la Nación deben ser para todos los ciudadanos en un pie de igualdad y me parece que ha pasado demasiado tiempo sin que tuviéramos este instrumento legal, y que es un momento en el que estamos en retroceso, defendiendo derechos que parecían absolutamente sólidos en la historia política y social de la Argentina, pero no significa que no debamos seguir luchando a la defensiva por los derechos básicos que ya tenemos, sino a la ofensiva para garantizar la ampliación de nuestros derechos”, manifestó Crisafulli.
Recogiendo el guante, el diputado neuquino Darío Martínez se comprometió “a militar el proyecto” y a trabajar en la comisiones para que se haga una realidad.
El proyecto lo impulsa el Frente Universitario Nacional por la Emancipación (FUNE) y se presentó el pasado 14 de agosto en la Universidad Tecnológica Nacional y contó con la presencia de un importante número de rectores y dirigentes nacionales de todos los gremios universitarios. También participó la presidenta de la FUC, Ayelén Rojas, y las diputadas nacionales rionegrinas Silvia Horne y María Emilia Soria, quienes también expresaron su entusiasmo por la iniciativa.
Roca
Ahora también podrá realizarse el examen práctico de la licencia de conducir en el Autódromo de Roca
También se seguirán haciendo en la Escuela de Conductores de calle Neuquén.
A partir de la firma de un convenio entre el Municipio de Roca y la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), las pruebas y exámenes prácticos obligatorios para la emisión de licencias de conducir se podrán realizar también en las instalaciones del Autódromo Parque de la ciudad.
Hasta ahora, los exámenes prácticos se realizaban únicamente en la Escuela de Conductores «Asociación Cooperadora ECEV», pero a partir del próximo miércoles 22 de mayo se suma además la posibilidad de efectuarla en el Autódromo. De esta forma se busca brindar mayor amplitud de días y horarios disponibles para comodidad de los aspirantes.
La Dirección de Tránsito local recuerda que es obligatorio, tanto para la obtención de la licencia de conducir por primera vez, como para quienes deseen ampliar su licencia, renovar su licencia vencida por más de 90 días, y para las personas mayores de 65 años que renuevan su licencia anualmente; realizar un examen teórico de detección de fallas y un práctico de idoneidad conductiva.
De esta forma, los exámenes prácticos a cargo de personal matriculado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se realizan en el Autódromo Parque General Roca (ingreso por calle Juan María Traverso) de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 con turno previo, para todas las clases; en la Escuela de Conductores (calle Neuquén 112) los días martes y jueves, a partir de las 15 horas (para categoría B y profesionales) y a las 10 horas para categorías A (motos), en ambos casos por orden de llegada.
Río Negro
Echarren: «El peaje al tránsito pesado permitirá mantener nuestras rutas»
El nuevo sistema de peajes y control de cargas fue aprobado por la Legislatura rionegrina.
El nuevo sistema de peajes y control de cargas aprobado por la Legislatura rionegrina se aplicará sobre las Rutas Provinciales Nº 2, Nº 6, Nº 8, Nº 65, Nº 69 y solo a vehículos de carga que hagan uso de rutas provinciales con fines económicos.
No se cobrará peaje a los vehículos de uso privado radicados tributariamente en Río Negro, con excepción de Ruta 2, cuyo cobro ya estaba autorizado anteriormente por ley.
De concretarse la solicitud del Gobierno Provincial de provincializar las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151 para su finalización y mantenimiento, las mísmas también estarán afectadas al cobro de peaje.
El nuevo sistema le permitirá a Vialidad Rionegrina contar con los recursos para poder mantener, mejorar y ejecutar obras viales en todo el territorio rionegrino. Tendrá un doble propósito: recaudatorio y de control de peso a fin de evitar que el transporte venga pasado de peso y estropee las rutas.
En un contexto de obra pública nacional paralizada y en donde el propio Gobierno Nacional anunció el fin del financiamiento para la obra pública, la Provincia encontró alternativas para mantener el estado de sus rutas provinciales.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , explicó que «por un lado todo lo que es insumo de materiales para el mantenimiento y reparación de rutas sufrió en el último año un incremento muy grande, al tiempo que la coparticipación vial disminuyó muchísimo; ese desfinanciamiento para mantener la seguridad y transitabilidad sus rutas la Provincia lo está sufriendo».
«Por otro lado, el Gobierno Nacional tiene obras paradas como es el caso de la Ruta N° 22, la N° 23, la Rotonda Choele Choel; puntos y zonas donde tenemos un movimiento permanente de la actividad hidrocarburífera, y también estamos viendo que mucho del tránsito pesado de la actividad se da también por rutas provinciales; entonces no están estropeando las rutas provinciales porque las rutas nacionales están sin finalizar y sin mantenimiento y seguridad que tienen que tener vías de ese tipo para garantizar este tipo de tránsito que requiere la industria», agregó.
Esta combinación de factores, ha hecho que el Gobierno Provincial resuelva sobre la necesidad de cobrar peaje a una actividad que se desarrolla sobre rutas provinciales. «Hay que llevarles tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de la provincia, el peaje se aplicará sólo sobre el tránsito pesado como es el caso del petróleo, así que el rionegrino o rionegrina que, por ejemplo, quiera transitar la ruta turística 82 no pagará ningún peaje», finalizó Echarren
La ley contempla además la creación de una Comisión de seguimiento de la inversión de los fondos recaudados a través del peaje.
Río Negro
La Legislatura aprobó el Régimen de Desvinculación Voluntaria para agentes públicos
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses.
Los agentes públicos de Río Negro podrán desvincularse del Estado y obtener una serie de beneficios, tras haberse modificado en la Legislatura la Ley Nº 3135. El proyecto fue originado en el Poder Ejecutivo y contó con el respaldo mayoritario del Parlamento.
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses, que se abonará al contado o en cuotas, de acuerdo a la antigüedad laboral. El monto de esas cuotas se actualizará de acuerdo al aumento salarial que se produzca en las categorías que revestían al momento de retirarse.
También continuarán recibiendo las prestaciones del IPROSS por un año y quienes inicien alguna actividad económica en la provincia gozarán de exenciones en el impuesto a los ingresos brutos.
La legisladora Marcela González Abdala (Juntos Somos Río Negro) fundamentó la iniciativa diciendo que se basa en la necesidad de modernizar el Estado, evaluando la cantidad y calidad de sus agentes.
Tras mencionar que «la sociedad pide un cambio de rumbo» en ese aspecto, sostuvo que «muchas provincias atraviesan por la misma situación, y lo están discutiendo. Todo ello producto del rumbo económico actual».
Indicó que el gobierno nacional eligió despedir a algunos sectores de trabajadores, mientras que Río Negro «optó por el diálogo y por poner en marcha esta desvinculación para aquellos agentes que creen que han cumplido un ciclo en el Estado».
Opiniones, aportes y críticas
Al tomar la palabra otros legisladores, César Domínguez (Primero Río Negro) argumentó su acompañamiento, aunque pidió el congelamiento de nuevos ingresos por el término de tres años. «Si eso no ocurre se va a convertir en una puerta giratoria, porque se irán retirando pero también incorporando», indicó.
El bloque de Vamos con todos no apoyó la iniciativa. Ayelén Spósito consideró que la suma estimada que recibirá en promedio cada desvinculado (unos 10 millones de pesos) «no alcanza para iniciar una actividad privada». Resaltó el incremento de la cantidad de agentes públicos «previo a las campañas electorales».
Leandro García (Partido Justicialista-Nuevo Encuentro) explicó que el respaldo a la propuesta se debe a la necesidad de modernizar el Estado y al deseo de «darle una mano» a los empleados estatales.
No obstante solicitó que las cuotas que se les abonarán tras desvincularse se actualicen y de esa manera no ser tan afectados por la inflación. También requirió que tengan atención prioritaria por parte de la Agencia de Desarrollo Económico en materia de capacitación y asistencia financiera, si optan por comenzar con un emprendimiento privado.
Por otra parte, García anticipó que presentará otra propuesta para que también puedan desvincularse quienes se encuentren a menos de cinco años de acceder a la jubilación y ya tienen lo 30 años de aportes.
La Coalición Cívica ARI-Cambiemos también votó a favor de la iniciativa, según lo adelantó antes de la votación el legislador Javier Acevedo. «Sabemos que hay sobredimensión de empleados, que muchas veces llegan con las elecciones, pero un retiro voluntario es mucho mejor opción que los despidos», sostuvo.
Asimismo propuso que se aumenten algunos montos que se abonarán a quienes se retiren y se acorte la cantidad de cuotas. También que se invite a adherir a otros poderes del Estado y a los municipios.
Si bien acompañaron el proyecto porque entendieron que «es mejor que nada», desde el bloque PRO-Unión Republicana criticaron varios aspectos de la presentación.
María Laura Frei sostuvo que el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo «fue por necesidad y no por convicción. Este mismo gobierno aumentó la planta mediante sucesivos pases a planta permanente, pero no mejoró el servicio. Ahora llegó el momento en que no hay plata. Es lo que pasa cuando las cosas se hacen con el agua hasta el cuello y no hay un plan».
Juan Martín, por su parte, manifestó que la Provincia comenzó a «desandar un camino de festival de empleo públicos. En este tiempo de gobiernos verdes y un gremio que usa el mismo color, la cantidad de agentes estatales creció de 48.000 a 68000. Ésto se paga con déficit y deudas, y las consecuencias las tenemos hoy».
Para Lorena Matzen (UCR) se trata de «un retiro con dignidad económica» debido a los montos que recibirán quienes decidan retirarse. Destacó además que es una medida voluntaria y no forzosa.
López: «No hay que temerle al Estado»
Cerró las deliberaciones el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien -en principio- desmintió los dichos de Juan Martín sobre el incremento del personal. «No es verdad que aumentamos la planta, eran agentes que estaban contratados y adquirieron estabilidad», indicó. Añadió que sí se contrataron más trabajadores, pero para cubrir cargos tras la apertura de nuevas escuelas y hospitales.
López afirmó que «no hay que temerle al Estado, porque el Estado siempre equilibra y elimina extremos».
Finalmente informó que se incorporaron algunas modificaciones en el proyecto, producto de sugerencias de otros bloques, como que las cuotas indemnizatorias se actualicen de acuerdo a los aumentos salariales de las categorías que revestían al momento de retirarse.
El proyecto fue votado por 40 legisladores y rechazado por 5.
