Judiciales
Solicitaron 8 años de prisión para uniformados y 6 años para ex jefes policiales
Causa Cárdenas-Carrasco: Continúan los alegatos en Bariloche.
En la continuación de la etapa de formulación de alegatos, en el marco del juicio por los homicidios de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco que lleva adelante el Tribunal integrado por los Jueces Marcelo Barrutia, Juan Alberto Lagomarsino y Emilio Riat, alegaron hoy (8/11) las abogadas Natalia Araya y Julieta Blanco, en representación de Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas, una de las víctimas fatales.
Esta parte querellante consideró que se encuentra acreditado que los empleados policiales Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo integraron el grupo que disparó y dio muerte a Sergio Cárdenas el 17 de junio de 2010 y solicitó al Tribunal se los condene a la pena de 8 años de prisión y 16 años de inhabilitación como autores de los delitos de Homicidio en riña calificado por el uso de armas. Cabe señalar que los tres policías mencionados, al momento de los hechos, prestaban funciones en la Comisaría Segunda de Bariloche. Además, las letradas solicitaron se condene a 6 años de prisión y 12 de inhabilitación a los ex comisarios Jorge Carrizo (exjefe de la comisaría 28), Jorge Villanova (exjefe de la Policía de Río Negro), Argentino Hermosa (exjefe de la Regional Tercera) y Víctor Cufré (ex secretario de Seguridad) como autores penalmente responsables de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento deberes de funcionario público y accionar negligente.
En su alocución, la abogada Natalia Araya, consideró que a lo largo de este juicio, al que calificó como histórico, «han quedado develadas muchas verdades», por caso, ha quedado acreditado la requisitoria fiscal en todos sus términos, agrego.- El 17 de Junio de 2010, señaló, hubo violencia institucional, con prácticas estructurales y gran estigmatización con la gente del alto, al estilo «Lombrosiano» afirmó la letrada. Agregó que la protesta fue generada por el propio personal policial. Los vecinos no era un grupo de más de 10 personas. Detalló que el grupo Bora actuaban y se movían , pero sin acercarse a los manifestantes, al contrario del personal policial que corrían por todos lados. «Generaron más violencia» en este sentido ponderó un video del Canal 6 de Televisión de Bariloche donde se puede ver el descontrol que generó el personal policial. Por otro lado mencionó que la órden de quien era Ministro de Gobierno, Larreguy , «evidentemente no llegó» . En esa fecha «hubo plomo» y hubo riesgo para los propios policías, afirmó Araya, acotando que en la localidad de El Bolsón no había riesgo, era en Bariloche donde debían estar» ello en relación a los jefes policiales. En otro tramo de la exposición de esta parte querellante, la abogada Julieta Blanco dijo que el monopolio de la fuerza, que tiene la policía en este caso, está limitado por el derecho a la vida. Señalando que «…la verdad no se puede tapar…».-
Luego de un cuarto intermedio comenzó el alegato por parte de la Fiscalía , en primer término lo hizo el Fiscal Martín Lozada, quien afirmó que tanto Hermosa como Villanova conocían la gravedad de la situación planteada. Consideró que la situación de alarma y máxima preocupación nunca mermó, desde el asesinato del joven Bonnefoi en adelante. Así lo demuestran los registros fotográficos de los reporteros Bartoliche y Leiva, imágenes elocuentes de la escalada de la situación «minuto a minuto» afirmó Lozada. Por otro lado señaló que «el regreso de Hermosa no empaña la desidia» En donde estuvo Hermosa? se preguntó el Fiscal, nunca lo sabremos, pero no estuvo en el lugar…» agregando que al momento en que dos personas morían y varios jóvenes estaban heridos, los jefes policiales cenaban en una parrilla de El Bolsón. Por otro lado señaló que la conducta antirreglamentaria da consecuencias muy precisas , por caso, señaló: falta de conducción, despliegue discrecional , portación de armas de fuego de puño y PG del personal policial y caótica provisión de municiones. Calificó la situación como «escándalo de inseguridad ciudadana» , mencionando que los policías Siris y Alemán fueron a Prosegur en un auto sin patente y les proveyeron tres cajas de municiones, que algunos dicen «perdiceros» y otros mencionan PG .
«Personal policial asesinó a Cárdenas y Carrasco» enfatizó Lozada. Por otro lado señaló que los heridos, todos fueron por la espalda, incluso una mujer que intentaba ayudar a un niño caído, salvó su vida de milagro. Destacó que tanto Aballay como Oyarzo mintieron en sus testimonios con respecto a la cantidad de gente que estaba en el lugar, «Se deben al espíritu de cuerpo, no como una virtud, sino como un vicio capaz de corromper la verdad» dijo Lozada. En este sentido señaló que no surgen imágenes de manifestantes con armas de algún tipo. No se acreditó, tampoco, el intento de incendio. El informe del físico Pregliasco señala que se dispararon 364 veces con armas largas y se usaron 15 cajas de cartuchos. Las muertes de Cárdenas y Carrasco fueron producto de munición letal.
El Ministerio Público continuará alegando mañana (8/11) con la exposición del fiscal Eduardo Fernández . Luego será el turno de los defensores Sebastián Arrondo y Marcos Cicciarello.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Judiciales
Cuatro policías fueron declarados responsables por vejaciones y otros delitos contra adolescentes
Uno de los policías fue declarado autor y los otros tres partícipes necesarios. Ahora deberán atravesar la audiencia de cesura para conocer la pena.
El Tribunal Colegiado declaró hoy (24/09) responsables penalmente a cuatro policías por hechos cometidos contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda.
De esta manera, el Tribunal consideró acreditada la plataforma fáctica y la teoría del caso presentada por la Fiscalía durante el juicio. Uno de los empleados policiales fue declarado responsable en carácter de autor, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios.
La calificación legal comprende los delitos de vejaciones y severidades, lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma.
Los cuatro deberán atravesar ahora la audiencia de cesura de pena, instancia en la que se determinará el monto de la condena. La Fiscalía ya adelantó que solicitará que la pena sea de cumplimiento efectivo.
Como medida cautelar para asegurar el avance del proceso hacia esa próxima etapa, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que los cuatro responsables utilicen tobillera electrónica y que se establezca una prohibición de acercamiento.
«El peligro procesal de entorpecimiento a la investigación quedó explicitado tanto en nuestros alegatos como en la resolución del Tribunal, además el de fuga también es latente», expresó el fiscal del caso, Gastón Britos Rubiolo.
El funcionario agregó que se debe tener en cuenta la ubicación territorial, que los imputados son empleados policiales y que podrían recibir o pedir ayuda para fugarse. También hizo referencia a las contradicciones acreditadas entre los acusados y otros empleados policiales durante el juicio.
Las defensas penales públicas y particulares se opusieron a la colocación de los dispositivos electrónicos. Finalmente, el Tribunal resolvió que los cuatro realicen presentaciones semanales ante la Fiscalía que lleva adelante el caso.
El proceso continuará cuando las partes presenten la prueba con la que cuentan para atravesar el juicio de cesura de pena y la Oficina Judicial establezca la fecha de la audiencia.
Judiciales
Una hermana de la vida: Autorizaron a una mujer a donarle un riñón a su amiga
La donante y la receptora se conocieron en 2017 y construyeron una amistad que se extendió a sus familias. Los estudios confirmaron que son compatibles.
«Una hermana de la vida». Así definió una mujer a su amiga de varios años al explicar ante la Justicia por qué decidió donarle uno de sus riñones. El vínculo comenzó en 2017, cuando ambas se conocieron en un espacio de trabajo comunitario de Bariloche, y con el tiempo se extendió también a sus familias.
La receptora se encuentra en lista de espera para un trasplante renal desde el año pasado y necesita realizar tratamiento de diálisis. Su amiga decidió postularse como potencial donante y comenzó los estudios médicos correspondientes. Los análisis determinaron que ambas son compatibles.
La situación requería, sin embargo, una autorización judicial. La Ley N° 27.447 permite la donación de órganos en vida entre determinados vínculos familiares, cónyuges o convivientes, pero una relación de amistad no está incluida dentro de esa enumeración.
Por ese motivo, el pedido fue presentado mediante una medida autosatisfactiva ante el fuero de Familia de Bariloche. El objetivo fue acreditar que la donación era voluntaria, que la mujer conocía los riesgos de la intervención y que no existía dinero, compensación ni otro beneficio detrás de su decisión.
La urgencia también fue analizada. Una pericia médica estableció que la postergación u omisión del tratamiento de diálisis podía provocar complicaciones sistémicas severas, mientras que el trasplante permitiría discontinuarlo y representaría un beneficio clínico para preservar la salud de la receptora.
La potencial donante fue evaluada por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Los estudios confirmaron la compatibilidad inmunológica y analizaron su estado de salud y los riesgos asociados a vivir con un solo riñón. La evaluación psicológica concluyó que comprendía los alcances, riesgos y consecuencias de la intervención.
También se analizó el vínculo entre ambas. La mujer explicó que se trataba de una amistad cercana de varios años y que había decidido donar el órgano más de un año antes. Los informes señalaron que su voluntad estaba vinculada con el deseo de ayudar a su amiga a mejorar su calidad de vida.
Dos testigos declararon ante el tribunal y dieron cuenta de la relación entre las mujeres y de las circunstancias en las que conocieron la decisión de donar.
La donante además ratificó su voluntad en una audiencia y fue informada de que puede arrepentirse hasta el momento de la cirugía, sin necesidad de justificar la decisión y sin que esa retractación le genere una obligación.
La receptora también fue evaluada y las pericias determinaron que comprende el procedimiento, sus riesgos y la importancia que el trasplante tiene para su salud.
Con todos esos elementos, la Justicia tuvo por acreditada la relación de amistad, la voluntad libre de la donante y la inexistencia de pagos o retribuciones. De esta manera, autorizó la ablación de un riñón para su posterior implante a su amiga.
Ahora, el trasplante deberá cumplir las restantes exigencias médicas y contar con el dictamen favorable del equipo que llevará adelante la intervención.
