Política
Piden que se investigue «abuso» en aumento de combustibles
La diputada Soria busca que se indage a las petroleras ya que «abusan de su posición dominante en el mercado manipulando el precio de venta».
La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que indague si las empresas YPF, Shell y Axion, comercializadoras del 90% de los combustibles (gasoil y naftas) al público, «abusan de su posición dominante en el mercado manipulando el precio de venta».
Es que en lo que va del año, el monto de los combustibles aumentó 14 veces, acumulando un alza del 70% promedio en 2018. Sumado a ello, en diciembre habría un nuevo incremento más, que abultaría aún más aquella suma.
Para Soria «el gobierno de Mauricio Macri, en su filosofía de libre mercado, decidió no intervenir en el precio de los combustibles, situación que provocó que las petroleras gocen de total autoridad para avanzar con alzas en los surtidores. En efecto, analistas económicos y periodistas aseguran que el último aumento no tiene su correlato en la suba de la inflación ni de los valores internacionales del crudo, sino que resultaría antojadizo por parte de las comercializadoras de combustibles para alcanzar el margen de rentabilidad deseado».
Por ello la diputada solicitó también al presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Esteban Manuel Greco, que «investigue e informe a la sociedad la estructura de costos de las empresas sindicadas, en especial el valor de compra en boca de pozo de la materia prima, dato que llamativamente se resisten a informar».
«El problema en la desregulación del precio del combustible surge de la desidia, desatención y pereza en intervenir en pos de los consumidores y de la industria argentina por parte de la cartera de energía del gobierno de Mauricio Macri. Esa negligencia está generando graves daños al mercado, al resto de las industrias y actividades que utilizan los combustibles como materia prima y a los consumidores, ello sumado al brutal traslado al precio de bienes y servicios de dichos aumentos», expresó la rionegrina.
Política
Pesatti cargó contra el gobierno nacional y pide que no cierren las sucursales del Correo Argentino
«En la mayoría de los casos hay uno o dos trabajadores y suele ser el único lugar que tienen los jubilados para percibir sus haberes», aseguró el vicegobernador.
Ante el inminente cierre de al menos 7 sucursales del Correo Argentino en diferentes localidades de la provincia de Río Negro, el vicegobernador Pedro Pesatti salió al cruce del gobierno nacional y los acusó de querer «desmantelar el Estado, borrarlo del mapa si es posible».
A través de su cuenta de X (ex Twitter), Pesatti sostuvo que «en mi provincia el gobierno de (Javier) Milei está eliminando sucursales del Correo Argentino. Sierra Grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Huergo, Barda del Medio y Chimpay serán las primeras localidades afectadas».
En este sentido, el vicegobernador indicó que «le pido públicamente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde que, en su doble responsabilidad que tienen como parlamentarios de Río Negro y representantes de la fuerza política que gobierna el país, intervengan ya mismo para parar la motosierra sobre las dependencias del Correo Argentino en el ámbito de nuestra provincia».
«El Correo es la única institución de su tipo en las localidades más pequeñas de Río Negro. En la mayoría de los casos hay uno o dos trabajadores a cargo de las sucursales y suele ser el único lugar que tienen los jubilados para percibir sus haberes«, agregó.
«El cierre de las sucursales del Correo pone de manifiesto que estamos frente a un gobierno que busca desmantelar el estado, borrarlo del mapa si es posible, y que las reformas que el estado necesita para un mejor desenvolvimiento son un mero argumento que el gobierno usa para ocultar su verdadero propósito: anarquizar el país para generar un enfrentamiento de todos contra todos en beneficio de los que aspiran a saquear sus recursos naturales estratégicos», concluyó Pesatti.
En mi provincia el gobierno de Milei está eliminando sucursales del Correo Argentino.
— Pedro Pesatti (@pedropesatti) May 10, 2024
Sierra Grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Huergo, Barda del Medio y Chimpay serán las primeras localidades afectadas.
Le pido públicamente a los diputados nacionales de La Libertad…
Política
El Gobierno rionegrino acentuó los controles de ausentismo de trabajadores estatales
Entre marzo y abril hubo 20 cesantías, 1 exoneración, 41 suspensiones y 3 apercibimientos.
En el marco de la construcción de un Estado más ágil y organizado, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de mejorar el trabajo coordinado entre los trabajadores, los funcionarios y el gobierno. Con el propósito de lograr este objetivo, la Provincia acentuó los controles en estos últimos dos meses respecto a faltas de distinta índole del personal estatal.
Según detalló Weretilneck en muchos casos se debió a «abandono de servicio, causas penales, faltas graves como agresiones a niños o personas mayores en hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia. En otros casos, por ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias y agresiones o conflictos entre compañeros».
«Necesitamos un Estado eficiente para ofrecer mejores servicios y en eso el desempeño de las y los agentes públicos es esencial. Lograr un Estado con más productividad, agilidad, presentismo, multifunción e incorporación de nuevas tecnologías, son nuestros objetivos», expresó el gobernador.
A través de la Junta de Disciplina se viene fortaleciendo el control del ausentismo y el ordenamiento del Estado. En el período marzo-abril de este año hubo 20 cesantías, 1 exoneración, 25 suspensiones de 1 a 10 días, 10 suspensiones de 11 a 20 días, 6 suspensiones de 21 a 30 días y 3 apercibimientos.
Si queremos tener un Estado ágil y organizado necesitamos mejorar el trabajo coordinado entre los trabajadores, los funcionarios y el gobierno, y en eso estamos trabajando. A través de la Junta de Disciplina, entre 2023 y 2024, avanzamos en 52 cesantías, 2 exoneraciones, 219…
— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) May 9, 2024
Las suspensiones se deben a ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias (negarse hacer derivaciones, retirarse sin autorización de turnos de guardias), agresiones o conflictos entre compañeros.
Política
La Justicia Federal admitió un recurso de amparo para garantizar fondos universitarios
La finalidad es garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria.
La Justicia Federal admitió un recurso de amparo presentado por la estudiante de la Universidad Nacional del Comahue y presidenta de la Federación Universitaria del Comahue, Rocío Dellarriva, junto al legislador provincial Luciano Delgado Sempé y con el respaldo del bloque Vamos con Todos.
La acción judicial tiene como objetivo exigir al gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, el envío inmediato de los fondos necesarios a las universidades nacionales. La finalidad es garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria, asegurando que los alumnos y sus familias no enfrenten obstáculos financieros para acceder a la educación superior.
«Tanto estudiantes como sus familias realizan un esfuerzo significativo para permitir que los jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios. Esta acción legal busca proteger y promover ese derecho esencial, asegurando que las instituciones educativas cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado», indicó el legislador Delgado Sempé. «Los estudiantes universitarios y sus familias merecen certidumbre y apoyo del Estado. Estamos comprometidos a defender este derecho fundamental», agregó.
Por su parte, Dellarriva sostuvo que «es fundamental que se asegure la continuidad de la educación superior como un derecho accesible para todos, sin importar el contexto político. Este recurso de amparo es un paso importante en esa dirección».
El caso está ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar y pronunciarse sobre este recurso de amparo para garantizar los fondos necesarios que permitan mantener y fortalecer el sistema educativo universitario en Argentina.
