Río Negro
Pruebas finales del nuevo transformador que ampliará la capacidad eléctrica en Roca
La nueva máquina optimizará notablemente el suministro en la ciudad.
La solución para el abastecimiento eléctrico de Roca y Cervantes está próxima a concretarse. La empresa que construye el transformador de potencia de 60 MVA que compró la Provincia, se encuentra realizando en Córdoba los últimos ensayos, previo a su envío a la región.
El artefacto se instalará en la Estación Transformadora General Roca y servirá para aumentar en un 50% la capacidad de transformación de la planta eléctrica, llevando su disponibilidad de potencia de los actuales 60 a 90 MVA.
Se trata del primer transformador de estas dimensiones que se instale en el sistema eléctrico de Río Negro. Constituye una de las medidas dispuestas por el Estado Provincial para mejorar las condiciones y ampliar la capacidad del sistema en alta tensión del Alto Valle.
Los trabajos de prueba se iniciaron esta semana con la presencia de una comitiva rionegrina encabezada por el secretario de Energía, Sebastián Caldiero; y personal técnico de la empresa estatal Transcomahue, que hizo el proceso de compra y lo pondrá en servicio.
“El objetivo de los ensayos en fábrica consiste en verificar que la máquina cumpla con las condiciones de diseño solicitadas en las especificaciones técnicas y especialmente en la planilla de datos técnicos que el fabricante garantiza”, confió el técnico de Transcomahue, Pablo Vilte.
El especialista explicó que “luego de siete meses de fabricación, durante las próximas horas se someterá al artefacto a pruebas relacionadas con las funciones básicas del equipo”. “En síntesis son ensayos dieléctricos que se le realizan al transformador de potencia simulando, de acuerdo a la normativa vigente que aplica para este tipo de máquinas, las condiciones normales y excepcionales a las que puede estar sometido durante el transcurso de su vida útil”, añadió.
Durante las cuatro jornadas de trabajo se medirá la capacidad de transformación, la resistencia de los bobinados y la medición de corriente. Aunque también hay cuestiones que se verifican referidas a su aislación para medir su resistencia y el funcionamiento general de sus accesorios, además de aspectos de diseño.
Vilte contó que está previsto que la máquina se despache antes de fin de mes en un viaje que duraría unos tres días. “En paralelo se están realizando trabajos de reacondicionamiento de la Estación Transformadora General Roca desde hace un tiempo, donde tenemos bastante trabajo porque hay que retirar el transformador actual de 30 MVA, por lo que hay que hacer una logística importante para moverlo. Tiene que ser una maniobra muy coordinada entre la salida del actual transformador y la llegada de éste y su montaje sobre la fundación”, adelantó.
Un plan integral
El transformador se instalará en la ET General Roca y servirá para aumentar en un 50% la capacidad de transformación de la planta eléctrica, llevando su disponibilidad de potencia de los actuales 60 a 90 MVA. Fue construido en Córdoba por la empresa Tubos Trans Electric SA y demandó una inversión superior al millón de dólares.
El titular de Energía, Sebastián Caldiero, resaltó que la adquisición del aparato es parte de un plan integral para dar una solución al abastecimiento de la región que el Gobierno Provincial ejecuta a través de Transcomahue. “Esto se complementa con el recambio y modernización del tren de celdas que terminamos en marzo de este año con una inversión de 30 millones de pesos de la Provincia. A eso le adicionamos la reconversión de la playa de maniobras de Termoroca para que funcione como una Estación Transformadora con otros 20 millones de pesos invertidos”, recordó.
Las medidas dispuestas llevarán la capacidad de transformación de Roca y sus alrededores en el orden de los 105 MVA. “Esto permitirá brindarle seguridad en el abastecimiento a Roca con una expectativa de crecimiento de 20 años”, aseguró.
Caldiero estuvo acompañado por la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini, y el presidente de Transcomahue, Marcos Crescimone.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
