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En fotos: En el Día de la Soberanía Nacional reclamaron en refinerías y pozos petroleros
Fue en cercanías a Guerrico, en la margen sur de la Ruta 22.
Tal como lo había anticipado, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro, junto a otras organizaciones, reclamaron en refinerías y pozos de petróleo y gas. Lo hicieron en el marco del Día de la Soberanía Nacional, reclamando por una «segunda y definitiva independencia».
«Mientras el Ejecutivo continúa manifestando no tener recursos económicos, las empresas extranjeras continúan saqueando con multimillonarias ganancias todas las riquezas propiedad del pueblo argentino, llevándose los recursos no renovables dejando a cambio solo tierra arrasada». Así lo expuso el secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar.
«No se puede hablar de soberanía nacional si se continúan saqueando nuestros bienes estratégicos como el petróleo y el gas. La única salida es defender un desarrollo nacional y en manos del pueblo. No habrá una segunda y definitiva independencia mientras los Lewis y los Benetton sigan viviendo en nuestro país y sus empresas no sean expropiadas y estatizadas», agregó.
De esta manera, con una importante movilización -como lo hiciera en otras oportunidades frente al ingreso al Lago Escondido que posee el magnate inglés en este territorio o en Sierra Grande donde tiene su aeropuerto- la central llamó a «poner freno al proceso de extranjerización de la tierra y el avance en la Patagonia y llamó a luchar en defensa de la soberanía territorial, política y energética de los argentinos».
La CTA denunció así que «no habrá una segunda y definitiva independencia mientras se siga pagando la deuda externa, explotando a gran escala los recursos naturales no renovables como el gas y petróleo y no sean echados del país Lewis y Benetton».
«Es por esto que exigió la expropiación y estatización de la Usina Eléctrica de Río Escondido propiedad de Lewis, la devolución del Lote 79 donde construyó su mansión el magnate inglés y la recuperación del aeropuerto, con dimensiones similares a las de Aeroparque, que mantiene en la ciudad de Sierra Grande bajo un riguroso y armado control de seguridad», detalló Aguiar al respecto.
La denuncia que la central hizo en este marco respecto a la crisis estructural que atraviesa la actividad frutícola y la imposición de las condiciones por las grandes multinacionales como Patagonian Fruit de capital ruso o los despidos producidos por la belga Expofrut que cerró sus puertas en el Alto Valle.
Finalmente, la CTA demandó el «fin del ajuste que impone a toda costa el gobierno de Mauricio Macri, rechazó la presencia del G20 y el FMI en el país, pidió justicia por los 44 tripulantes del ARA San Juan, repudió el intento de establecer un nuevo Código de Tierras en la provincia mediante el cual se quieren entregar más de 5 millones de hectáreas y defendió la propiedad comunitaria de los pueblos originarios».
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
