Judiciales
Prisión preventiva para acusado de atacar con un arma blanca al joven que murió en las 250 Viviendas
Se trata de un hombre de 26 años, quien fue imputado por «homicidio, atentado y resistencia contra la autoridad».
Ayer (26/11) por la tarde el fiscal de turno y subrogante de la temática de Delitos contra las personas, Ricardo Romero, formuló cargos contra un hombre de 26 años por los delitos de “homicidio, atentado y resistencia contra la autoridad”, cuya víctima fatal fue Walter Matías Calvo.
Según la acusación fiscal, fueron dos hechos los que se le imputan. El primero «ocurrió el pasado 24 de noviembre, cerca de las 14.40, en el domicilio del imputado, en el barrio de las 250 Viviendas. En la ocasión, de acuerdo a lo narrado por testigos presenciales, el hombre atacó con un arma blanca a la víctima, provocándole heridas en la zona axilar. El incidente se habría originado dentro de la vivienda, lugar en el que ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas».
Agregan que «una vez herido, Calvo salió de la vivienda y cayó en la vereda, allí permaneció hasta que se hizo presente la ambulancia que lo trasladó al hospital local. La asistencia médica fue solicitada por personal de la Comisaría 31a, que había sido alertado por una testigo del hecho y vecina del lugar».
Romero explicó en la formulación que el médico policial de turno, cuando examinó a la víctima constató que presentaba: «lesión en línea axilar media izquierda con hemoneumotorax, lesiones producidas por elemento punzo cortante…». Posteriormente, Calvo falleció en el nosocomio como consecuencia de las heridas recibidas.
El segundo hecho, fue inmediatamente después del otro, en circunstancias en que el personal policial de la Comisaría 31° se hizo presente en el domicilio mencionado. «Fueron atendidos por el imputado, quien presentaba su ropa manchada con aparentemente sangre. Los efectivos policiales le solicitaron que los acompañara hasta la Unidad, pero el hombre reaccionó violentamente, se resistió e hirió a uno de ellos. Por ello tuvo que ser reducido mediante el uso de la fuerza y quedó alojado en la Comisaría del barrio».
Por otro lado, el fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por el término de 4 meses, basándose en la pena en expectativa, que «no posibilitaría una de ejecución condicional, además como originariamente se resistió al procedimiento policial, esto habla del peligro de fuga».
Por su parte, el defensor público penal Eduardo Luis Carrera, que asistió al imputado en la audiencia, se opuso a la medida cautelar mencionando que «faltaban acreditar otros supuestos para solicitar la misma. Tiene arraigo en la ciudad, y se trató de un hecho confuso, donde hubo ingesta de alcohol y esto influyó en la actitud que asumió mi asistido al momento de arribar a su casa la prevención policial. Por otro lado, cabe decir que no cuenta con otros antecedentes penales».
La jueza de Garantías interviniente, María Gadano, tuvo por formulados los cargos en los términos expresados por la Fiscalía e hizo lugar al pedido de prisión preventiva, por el término de 3 meses.
Judiciales
La Justicia prorrogó las medidas cautelares para los imputados por la agresión a un adolescente a la salida de un boliche
La Justicia resolvió que dos de los acusados continúen con prisión preventiva, mientras que un tercero llevará tobillera electrónica.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de las medidas cautelares para tres jóvenes imputados por la brutal agresión a un adolescente ocurrida el 16 de junio pasado, a la salida de un local bailable de General Roca.
Tras el debate entre las partes, la jueza de Garantías interviniente resolvió que uno de los imputados deberá permanecer con un dispositivo electrónico de control, con autorización únicamente para salir de su domicilio con destino al establecimiento educativo. Además, se le impuso la prohibición de contacto con testigos y de realizar publicaciones o comentarios en redes sociales vinculados al caso.
En tanto, los otros dos imputados continuarán con prisión preventiva, luego de que la magistrada rechazara los pedidos de morigeración presentados por las defensas.
Desde la Fiscalía argumentaron que «se trata de un hecho muy grave, y el riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación continúa vigente». En ese sentido, se destacó que aún resta la declaración de testigos en Cámara Gesell, algunos de los cuales no quieren declarar por temor, lo que hace necesario mantener las medidas restrictivas.
Además, la fiscal del caso informó que durante las últimas semanas se secuestró un teléfono celular que se encuentra en proceso de peritaje por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), y que el Gabinete de Criminalística realizó levantamiento de rastros sobre la ropa de los imputados, evidencias que «son clave para avanzar hacia el control de acusación».
Por su parte, la querella -representante de la familia del adolescente- adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, destacando la necesidad de preservar los testimonios y garantizar que «las personas involucradas lleguen con tranquilidad al juicio».
Las defensas, tanto particular como pública, habían solicitado en primera instancia la libertad de los imputados, y subsidiariamente prisiones domiciliarias o el uso de dispositivos electrónicos, planteos que fueron rechazados.
El hecho investigado
Según la acusación fiscal, el ataque ocurrió el 16 de junio alrededor de las 6.10 de la madrugada, en la esquina de Avenida Roca y Tres Arroyos, cuando cuatro jóvenes, con un «plan común y división de tareas», abordaron al adolescente, lo insultaron, rodearon y golpearon con un trozo de escombro en la cabeza, provocando que cayera al suelo.
Mientras la víctima permanecía en el piso, los agresores continuaron atacándolo, concentrando los golpes en la cabeza «con la intención de acabar con su vida».
El violento episodio fue interrumpido gracias a la intervención de una transeúnte y del personal de seguridad del local bailable, que lograron auxiliar a la víctima y dispersar a los agresores.
Los tres mayores están imputados como coautores de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor de edad, mientras que el menor enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Audiencia restringida
Al inicio de la audiencia, y en cumplimiento de los artículos 73 inciso 1 y 74 del Código Procesal Penal, además de la Acordada 47/2021 del STJ y los lineamientos de Unicef sobre casos con menores involucrados, la jueza dispuso que la audiencia fuera de acceso restringido a los medios de comunicación.
La magistrada explicó que la medida busca proteger la identidad del menor víctima y resguardar al menor imputado, aclarando que «toda la información oficial será difundida por las áreas de comunicación institucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial».
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Weretilneck sobre la Ruta 151: «El Gobierno Nacional sigue sin hacerse cargo»
Nacion apeló el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la Ruta Nacional N° 151, tras años de abandono y reclamos.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck expresó su malestar ante la decisión del Estado Nacional de apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la Ruta Nacional N° 151, tras años de abandono y reclamos. Consideró que la apelación «es una muestra más de la falta de interés del Gobierno Nacional por nuestra provincia».
«En lugar de asumir su responsabilidad, que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta», afirmó.
Weretilneck recordó que el fallo de la Justicia Federal reconoció el derecho colectivo a la seguridad vial y ordenó al Estado Nacional presentar un plan de obras en un plazo de 10 días y comenzar los trabajos en 90. «Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la Ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro», enfatizó.
«La 151 es una ruta para el desarrollo del norte provincial y su estado merece una respuesta inmediata. Tiene un enorme grado de abandono, reconocido en la propia causa judicial por el mismo Estado y por Vialidad Nacional. Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto con los Intendentes, y parece que mucho menos le importan las vidas que todos los días se ponen en juego cuando alguien transita esa ruta», concluyó el gobernador.
Judiciales
No cumplió con la cuota alimentaria y le suspendieron la licencia de conducir
El hombre solicitó la revisión de las medidas dispuestas por la Justicia, pero fue rechazada.
Un hombre que no cumplió con el depósito de la cuota alimentaria en tiempo y forma solicitó la revisión de las medidas dispuestas por el fuero de Familia de Roca. La resolución incluyó la suspensión de su licencia de conducir y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios. También se ordenó el libramiento de un oficio a su puesto de trabajo para retener la cuota alimentaria pactada.
La Sala I de la Cámara Civil de Roca rechazó la revocatoria y confirmó las medidas. El fallo determinó que el hombre solo presentó constancias de dos pagos, menores y fuera de término. Aportó comprobantes de transferencias realizadas a Mercado Pago y no a la cuenta judicial establecida en el acuerdo original. Se verificó que el último pago válido en la cuenta judicial correspondía a enero de 2024.
El hombre apeló la resolución. Cuestionó la falta de una liquidación precisa de la deuda, afirmó haber realizado pagos y denunció una supuesta violación a su derecho de defensa. También sostuvo que las medidas eran desproporcionadas.
La Cámara consideró insuficientes los argumentos del apelante para revertir la decisión. Señaló que el hombre había sido previamente intimado a cumplir con el pago de la cuota y que su respuesta fue incompleta.
El Tribunal advirtió que el alimentante no aclaró su situación laboral ni acreditó ingresos o cumplimiento regular, lo cual refuerza el incumplimiento. También sostuvo que era su responsabilidad probar el cumplimiento de sus obligaciones, algo que no hizo.
Así, la sentencia interlocutoria concluyó que las medidas adoptadas en primera instancia eran proporcionales y adecuadas para garantizar el derecho alimentario del niño; considerado un derecho humano fundamental.
