Sociedad
Pautas claras para investigar delitos de Grooming en Río Negro
Se creó un protocolo en la provincia para la la investigación de los delitos informáticos.
Entre las diversas instrucciones generales que el Procurador General, Jorge Crespo, suscribió durante su primer año de gestión se destaca aquella que pauta cómo debe desarrollarse en toda la provincia la investigación de los delitos informáticos. Este documento fue el resultado de un trabajo realizado con la organización no gubernamental «Mamá en línea» y su redacción implicó no sólo reglas claras a la hora de avanzar en la resolución de los casos sino además, la posibilidad que quienes sufrieron este tipo de delitos capaciten a los fiscales sobre cómo debe ser, especialmente, el trato con la víctima.
Así lo entendió el Procurador quien, con la redacción de este instrumento, ubicó a la provincia de Río Negro en una de las primeras del país en aprobar un protocolo de investigación de ciberdelitos, creado a la luz de aquel elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en adhesión a la “Guía de buenas prácticas para obtener evidencia electrónica en el extranjero”. En este proceso fue fundamental el trabajo mancomunado con “Mamá en Línea”, que desde el 2009 brinda acompañamiento a familias víctimas de delitos de índole sexual y, especialmente, de ciberacoso sexual conocido con el nombre de Grooming.
A partir de agosto de 2017, con el nuevo Código Procesal Penal, ingresaron a la órbita de las fiscalías 49 casos de Grooming. En el último cuatrimestre de este año las causas se incrementaron en un 83% con respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a la procedencia, la segunda circunscripción judicial, especialmente la ciudad de General Roca, concentra la mayor cantidad de casos.
La diferencia sustancial, a partir de la segunda parte de este año la constituye no sólo la relación que Fiscales y víctimas fortalecieron a través de la inclusión activa de la organización, sino además el modo unificado en que estos casos avanzan hacia una resolución positiva.
Así lo determina el protocolo que enfatiza en la función de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) dependiente de la Procuración General, a cuyos integrantes les endilga la responsabilidad de ser los únicos que pueden examinar y analizar la evidencia digital recolectada en el marco de las investigaciones, buscando preservar en todas las ocasiones la prueba original. Dentro de éste área se encuentra, además, el referente provincial que recibe las causas de pornografía infantil y las remite a las Fiscalías correspondientes para el inicio de las investigaciones.
Además, entre otras pautas específicas de actuación, el protocolo impone reglas para la recepción de la denuncia, la atención que debe brindarse a denunciantes menores de edad, las condiciones imperantes en la investigación preliminar y el modo de actuar en los allanamientos.
En este sentido da instrucciones precisas acerca de qué tipo de dispositivos electrónicos deben secuestrarse, cómo manipularlos para evitar pérdida de información y de qué forma garantizar una cadena de custodia que reduzca las posibilidades de futuras nulidades en el marco de la causa judicial.
Asimismo indica que el trabajo judicial debe realizarse sobre copias del material obtenido, procurando preservar el original de manera inalterable y puntualiza cuál es la prueba que puede ser susceptible de secuestro entre la que nombra los chats y blogs, juegos infantiles o de contenido sexual, registro de actividad en internet y directorios de archivos encriptados. Agrega además cualquier tipo de papel que contenga contraseñas anotadas, notas y manuales.
Entre otros aspectos, el protocolo destaca que para llevar adelante este tipo de casos, los fiscales podrán hacer uso de los medios de investigación dependientes de la Procuración General y requerir, de ser necesario, la colaboración con agencias provinciales, nacionales o internacionales especializas en la materia.
¿Qué es “Mamá en línea”?
Se trata de una organización sin fines de lucro creada por familiares de víctimas del delito de Grooming, cuya principal meta es la prevención del abuso sexual infantil a través de Internet. Fueron impulsores, en noviembre del 2013, de la sanción de la ley 26.904 que tipifica el delito de en Argentina. “La lucha no fue fácil pero tampoco imposible, sabemos que la ley sola no alcanza. Por eso nos pusimos en acción”, destaca su referente Rosa Castro.
“A través de esta actividad esperamos iniciar un proceso de sensibilización directa con la comunidad sobre el uso responsable, saludable, seguro y respetuoso de Internet y redes sociales, multiplicando la prevención del abuso sexual infantil a través de la red, el denominado Grooming” .
Vías de comunicación:
Correo electrónico: [email protected]
Facebook: @PorLaLeyDeGrooming
Artículo 131 del Código Penal
El 13 de noviembre de 2013 se sancionó la Ley Nacional 26.904, donde se incorpora el Artículo 131 al Código Penal, el mismo versa que “será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
Roca
Extienden el corte de agua en la zona norte de Roca: Será hasta las 21 horas
La interrupción del servicio alcanza a barrios como Tiro Federal, Noroeste, Aeroclub y Barrio Nuevo.
La empresa Aguas Rionegrinas informó que debieron extender la interrupción del servicio de agua potable en la zona norte de General Roca y que la normalización comenzaría recién a partir de las 21 horas.
El corte del agua se debe a la reparación de una bomba de gran importancia ubicada en los filtros rápidos de la intersección de calles Maipú y Gelonch, un punto clave para la distribución del suministro en ese sector.
En un primer momento, estaba previsto que el servicio se restableciera desde las 16 horas, pero los trabajos demandaron más tiempo, por lo que se decidió extender la interrupción.
El área afectada comprende el sector ubicado al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, alcanzando a barrios como Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub, entre otros.
Desde la empresa provincial recomendaron hacer un uso racional del recurso, cuidar las reservas domiciliarias y, en caso de no contar con tanque, almacenar agua en recipientes previamente lavados.
Para consultas, continúa habilitada la línea gratuita 0800-999-24827 y el WhatsApp 2920-402808.
Roca
Aguas Rionegrinas trabaja en una reparación y hay corte en la zona norte
El suministro comenzaría a normalizarse desde las 16 horas.
Vecinos de la zona norte de Roca se ven afectados este lunes (04/05) por un corte en el suministro de agua potable debido a trabajos que lleva adelante Aguas Rionegrinas.
La empresa explicó que se trata de la reparación de una bomba instalada en los filtros rápidos ubicados en Maipú y Gelonch, fundamentales para el abastecimiento del sector.
El corte alcanza a los barrios ubicados al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, incluyendo Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub.
De acuerdo a lo informado, el servicio comenzará a normalizarse en forma paulatina desde las 16 horas, una vez finalizadas las tareas.
Mientras tanto, desde Aguas Rionegrinas solicitan a los usuarios hacer un uso responsable del agua disponible y resguardar las reservas domiciliarias. También se recomienda almacenar agua en recipientes limpios en caso de no contar con tanque.
Ante dudas o consultas, se puede llamar al 0800-999-24827 o comunicarse vía WhatsApp al 2920-402808.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
