Fue publicada el viernes (11/01) en el Boletín Oficial la Ley 27.499, conocida como «Ley Micaela», que obliga a la capacitación en género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Esta ley fue impulsada por la diputada rionegrina Silvia Horne, integrante del Movimiento Evita, en el bloque Red por Argentina.

«Es un aporte cierto a la a la lucha contra la violencia hacia las mujeres», expresó Horne, al conocer la entrada plena vigencia de la ley.

La «Ley Micaela» incorpora en forma obligatoria la exigencia a todos los organismos del Estado de incluir la formación en derecho desde la perspectiva de género, que permita «la comprensión de las inequidades qué surgen de la tradicional estructura patriarcal. Formación obligatoria para cada una y cada uno de los y las agentes y funcionarios, que tendrán ahora la oportunidad de transitar un cambio posicional, actitudinal, que exige la sociedad», destacó la diputada.

La Ley pone en cabeza de las autoridades de cada organismo la responsabilidad de su cumplimiento. Abarca inclusive las organizaciones sindicales. Permite a cada estamento generar su propia currícula y metodología, pero aporta los recursos que el Instituto Nacional de las Mujeres, INAM desarrolla. A su vez, estipula como mecanismo principal de control de su cumplimiento, la publicidad de su desarrollo, monitoreo que estará a cargo también del INAM, y sera posible su seguimiento desde su página.

Horne afirmó que «las violencias a las que son sometidas las mujeres, y que han sido desdibujadas, o negadas por siglos, los estereotipos que las encapsulan, la no credibilidad de su simple voz, su reclamo o hasta la misma denuncia, la asimilación de las mujeres a roles subordinados, entre otras, son rémoras de una arquitectura patriarcal, que solo se identifica cuando se transita hacia una perspectiva de género, que pone en pie de igualdad los derechos de las mujeres».

Destacó también que «no se trata ahora, de ‘cumplir’ la ley mediante un prospecto de reglas que se pueda dictar y repetir, sino de una formación crítica, que permita la reflexión introspectiva, para poder innovar. Pararse desde otro lugar. Generar respuestas y protocolos de actuación, y sobre todo, de aportar a la formación de una nueva generación de personas que puedan poner valores universales por encima de los que estigmatizan y clasifican peyorativamente en base al género».

«Quienes impulsamos este proyecto, que hoy es Ley, lo hicimos desde el convencimiento de que no habremos de modificar las conductas violentas hacia las mujeres, sin atender la raíz, las verdaderas causas que la promueven. Micaela fue una joven que hizo carne las consignas de Ni una Menos, que impregno su vida personal y familiar, su militancia en el barrio Mandarino, y en su organización política, el Movimiento Evita de Entre Ríos, de contenido feminista. Su feminicidio, como el de tantas mujeres, nos compromete en la lucha que ella, como tantas otras mujeres encarnaba», sostuvo Horne.

«Río Negro es una provincia que figura con sus femicidios al tope de la estadística. Se acumulan parvas de expedientes de mujeres en las oficinas del organismo proteccional. Los funcionarios que están a cargo de esas dependencias están señalados por actitudes persecutorias y machistas. Estamos dispuestas a llevar a delante, en forma efectiva, políticas activas, trasnversales, integrales, y desde el mas alto nivel de responsabilidad de cada organismo del gobierno y del estado, hasta los agentes de menor rango, que se direccionen hacia una sociedad que se pueda despojar de las rémoras violentas que el sistema machista y patriarcal pretende cristalizar», concluyó la diputada Horne.