Judiciales
El acusado de matar a Brian Rodríguez quedará internado en un organismo y con custodia policial
Por ser menor de edad no puede quedar con prisión preventiva hasta que se complete el proceso judicial.
El equipo de fiscales de feria Belén Calarco y Laura Olea formuló cargos al menor de 17 años acusado del homicidio ocurrido el pasado 15 de enero y del cual fue víctima fatal Brian Alejandro Rodriguez.
Según la acusación fiscal, “entre las 00.00 y 03.20 en calle Perito Moreno y Cisne, la víctima fatal, de 22 años de edad, iba caminando con una menor y fueron sorprendidos por quien sería la ex pareja de la chica. Inmediatamente se acercó hacia Rodriguez y le acestó una puñalada, en la parte frontal del torso, en el frente del hemitorax derecho sobre el cuarto espacio intercostal en la línea media clavicular (lesión fatal). La víctima cayó al piso, y el menor imputado continuó dándole puñaladas en forma reiteradas y simultáneas, lo cual una de ellas le lesionó el pulmón izquierdo. También le dio un golpe con una botella en la cabeza. Estas lesiones le causaron la muerte, que se produjo en el nosocomio local a las 03.43 hs. Inmediatamente de cometido el hecho, la menor huyó asustada siendo perseguida por el sujeto implicado, que finalmente se dio a la fuga. En horas de la tarde, a las 16:00 fue aprehendido y demorado por personal policial de la Comisaría 21 en un domicilio particular, tras los allanamientos ordenados por el Juez de Garantías”, explicó la fiscal en la audiencia.
La calificación legal mencionada por la Fiscalía es la de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento” (Arts. 45 y 80 inc. 2 del Código Penal).
“Cabe mencionar que en este caso vale la aplicación de la Ley N° 22.278, de Régimen Penal de la Minoridad, donde los menores de entre 16 y 18 años son plausibles de acusación, en el caso de delitos que superen la pena de 2 años”, mencionó la fiscal.
Entre el sustento probatorio que cuenta la acusación, se encuentran el acta de procedimiento policial de la Comisaría 21°, el certificado médico expedido por el Hospital Francisco López Lima; entrevistas a testigos presenciales tanto del hecho como del momento en que la víctima quedó tendida en la calle. El acta de secuestros varios, como de los allanamientos y demora del menor, declaración en Cámara Gesell de la menor que acompañaba a la víctima fatal. El informe del Gabinete de Criminalística de Roca, conteniendo acta de inspeccion, fotografias del lugar del hecho y lugar de aprehension, y los elementos secuestrados, y levantamiento de rastros. Además se cuenta con el informe de autopsia de la víctima fatal.
“De todas maneras se continúan llevando a cabo medidas en el marco de la investigación”, dijo Calarco.
Por su parte el defensor público penal de feria Luis Eduardo Carrera se opuso al agravante de la calificación legal, en relación al “ensañamiento”, sosteniendo que la primer puñalada fue la letal y que no se puede probar lo anterior.
Finalmente el juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por el Ministerio Público Fiscal y teniendo presente que en este caso el sistema de prisión preventiva no es posible por la Ley N° 22.278, es que resolvió la internación del menor imputado en un organismo del estado provincial con custodia policial por el término de un mes.
Por otra parte, el plazo solicitado por la fiscal para la investigación fue de 4 meses, estableciéndose de esta manera el inicio de la investigación preparatoria.
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Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
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Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz
La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.
Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.
La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.
En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.
Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.
Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.
Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.
La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.
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Ya son 12 los acusados por integrar una organización dedicada a violentos robos en el Alto Valle
La causa ya cuenta con doce personas imputadas por una organización que habría cometido catorce hechos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
El equipo fiscal que investiga una asociación ilícita acusada de cometer una serie de robos en Río Negro y Neuquén formuló cargos contra un nuevo integrante de la organización, por lo que ya son 12 las personas imputadas en la causa.
Durante la audiencia, y tras escuchar la oposición de la defensa particular, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses.
La fiscal Verónica Villarruel explicó que una de las principales evidencias surge de la extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) sobre el teléfono celular de uno de los imputados. A ello se suman informes de las empresas de telefonía móvil y análisis efectuados por la Comisión de Investigación Judicial.
Según indicó la representante fiscal, de esa pericia surgieron comunicaciones entre el nuevo imputado y otros integrantes de la organización durante la jornada de uno de los hechos investigados, además de registros que lo ubicarían en uno de los lugares donde se cometieron los delitos.
De acuerdo con la acusación, la banda actuaba con un mismo modus operandi: realizaba tareas de vigilancia sobre los objetivos, llegaba en uno o dos vehículos previamente robados, ingresaba por la parte trasera de las viviendas tras escalar muros y techos, reducía a las víctimas mediante armas de fuego y luego las ataba con alambres o precintos. Posteriormente exigían dinero en dólares, cajas fuertes, oro y dispositivos electrónicos, evitando sustraer teléfonos celulares, además de llevarse los DVR de las cámaras de seguridad.
El nuevo imputado habría participado en varios de los hechos atribuidos a la asociación ilícita y también en el robo de un vehículo perteneciente a una de las víctimas.
La investigación comprende 14 hechos atribuidos a la organización: 11 ocurridos en General Roca, 2 en Cipolletti y 1 en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Actualmente, 6 de los imputados permanecen con prisión preventiva en esta causa, 2 cumplen esa medida en otro expediente, 2 llevan tobillera electrónica y otros 2 están sujetos a medidas cautelares para garantizar el proceso. En el caso del último acusado, tiene prohibido ingresar a General Roca, mantener contacto con uno de los imputados y deberá presentarse periódicamente en una comisaría de Neuquén, ciudad donde fijó domicilio.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación continúa, al tiempo que siguen las impugnaciones presentadas por algunas defensas y avanzan otras medidas probatorias, entre ellas reconocimientos de personas. Para lograr la detención del último imputado se realizaron diversas tareas de campo encabezadas por la Comisión Investigativa de la Policía de Río Negro junto al Departamento de Delitos Patrimoniales y Leyes Especiales y la División de Evadidos y Recapturas de la Policía de Neuquén.
