Una pareja que se había casado en Chimpay logró que la Justicia de Río Negro reconociera e inscribiera una sentencia de divorcio dictada en España hace 17 años.

La pareja se había radicado en España y, con el paso del tiempo, decidió poner fin a la vida en común. En diciembre de 2009, un juzgado de Palma de Mallorca dictó la sentencia que formalizó el divorcio de mutuo acuerdo.

Si bien la decisión tenía plena vigencia en España, para que también produjera sus efectos en Argentina era necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial de la sentencia extranjera.

El hombre se presentó ante el Poder Judicial y solicitó la inscripción del divorcio ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro. Durante el trámite, la mujer prestó su conformidad expresa con el pedido.

Entre la documentación incorporada al expediente se presentó el testimonio de la sentencia dictada en España, acompañado por el correspondiente certificado de La Haya, destinado a acreditar la autenticidad del documento público extranjero.

Una jueza de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la solicitud y ordenó inscribir la sentencia de divorcio en el Libro de Extraña Jurisdicción del Registro Civil provincial.

Para resolver, el fallo tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.413, que contempla la inscripción de matrimonios y de las sentencias que los disuelven cuando fueron dictadas en otros países y cumplen con las exigencias legales. También se consideraron las disposiciones del Código Civil y Comercial referidas a los actos celebrados en el extranjero y la Convención de La Haya sobre apostilla.

La magistrada señaló que «no se advierte la existencia de alguno de los impedimentos previstos en el Código Civil y Comercial». Además, destacó que tanto el Registro Civil como el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron sin objeciones sobre la procedencia del trámite.

El procedimiento de reconocimiento o ejecución de una sentencia extranjera permite que una decisión judicial dictada en otro país produzca los efectos correspondientes en Argentina. En este caso, no se volvió a discutir el divorcio, sino que se verificó que la resolución española reuniera las condiciones necesarias para ser reconocida e inscripta en el país.

Con todos los recaudos cumplidos y la conformidad de ambas personas divorciadas, la Justicia provincial ordenó finalmente la inscripción de la sentencia.

La libertad de elegir y pagar su obra social para estatales rionegrinos representa un desafío y una oportunidad para el IPROSS: el proceso de mejora que atraviesa le brinda las condiciones necesarias para competir con prepagas y sindicales. «Esto obliga a IPROSS a seguir mejorando su prestación, dando respuestas ágiles y de calidad a sus afiliados frente a la competencia«, destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

«Creemos que el IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado, por los servicios que brinda, por ello tomamos la decisión de darle la libertad para que cada agente público pueda elegir y pagar la obra social que decida», afirmó el mandatario en diálogo con los medios y agregó que esto “permitirá que siga creciendo”.

Con más de 130.000 afiliados de manera directa e indirecta, la obra social provincial podrá afianzar su proceso de mejora. «Sabemos que hoy IPROSS cuenta con muy buena cobertura en discapacidad, diabetes, también se incrementó la cobertura en medicamentos», aseguró Weretilneck y reafirmó que «esta decisión de abrir la competencia se centra en la buena respuesta que está dando actualmente».

El proyecto de ley representa un beneficio para todas las partes: para IPROSS significa acentuar su proceso de mejora, consolidando su prestación en beneficio de los afiliados; mientras que los agentes tendrán la libertad de elegir y pagar la obra social que consideren más conveniente para ellos y su grupo familiar.

«Esta decisión representa un cambio histórico para IPROSS, que ahora podrá competir con el resto de las obras sociales. Desde su fundación, nunca contó con esta posibilidad y creemos que tiene todas las condiciones para hacerlo de la mejor manera», sintetizó el gobernador.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley que propone habilitar la libre elección de obra social para el personal estatal, eliminando la obligatoriedad de contar con IPROSS.

“IPROSS está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia”, sostuvo el gobernador.

La iniciativa incorpora el derecho de opción para los afiliados directos, tanto activos como pasivos. Quienes decidan ejercerlo podrán derivar sus aportes y contribuciones, junto con la cobertura de su grupo familiar primario.

La opción deberá incluir a todo el grupo familiar a cargo. Una vez realizado el cambio, el afiliado deberá permanecer al menos 12 meses en la entidad seleccionada.

Cumplido ese plazo, podrá optar por otra entidad habilitada o reincorporarse a IPROSS como afiliado obligatorio directo.

El proyecto también garantiza la continuidad de la atención. Si la cobertura elegida cesa por motivos ajenos al afiliado, la reincorporación a IPROSS será automática. Además, los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones durante el proceso de cambio.

La medida se suma al proceso de cambios que viene llevando adelante IPROSS, con la incorporación de nuevas herramientas digitales, el pago de coseguros desde el teléfono y la ampliación de distintas coberturas, entre ellas las vinculadas a medicamentos. “Río Negro está cambiando. Río Negro tiene rumbo”, concluyó Weretilneck.