Río Negro
Río Negro cerró 2018 con seis nuevas áreas hidrocarburíferas adjudicadas
El objetivo es ampliar las reservas de gas y petróleo. Habrá una inversión de U$S 68.000.000 en los próximos cinco años.
El gobierno provincial adjudicó en diciembre pasado a las compañías President Petroleum y Petrolera Aconcagua Energía la concesión de explotación de seis áreas hidrocarburíferas con planes de inversión millonarios. En ambos casos será en asociación con la empresa estatal EDHIPSA, para efectuar actividades valorizadas en más de U$S 68.000.000 durante el próximo quinquenio.
Las áreas adjudicadas son Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos, que fueron adjudicadas por decreto 1523/18 a Petrolera Aconcagua Energía; y Las Bases y Puesto Prado, a President Petroleum, por decreto 1507/18; ambas en el marco de una licitación pública internacional.
Se trata de áreas que en su momento no fueron renegociadas por lo que sus contratos vencieron y volvieron al Estado Provincial. El secretario de Energía, Sebastián Caldiero, explicó que “lo que hicimos fue lanzar una convocatoria pública que tuvo un gran interés por parte de las empresas. De hecho, hubo una decena de compañías de primera línea que adquirieron pliegos y, en el caso de las ofertas recibidas, en todos los casos estuvieron por encima de las condiciones mínimas que establecimos”.
Sobre las inversiones previstas para los primeros cinco años de concesión, el funcionario contó que “son compromisos firmes de inversión en nuestro territorio que tendrán un impacto directo e inmediato en la producción y en la recaudación impositiva, así como en la generación de mano de obra rionegrina y en la contratación de empresas que funcionan en nuestra Provincia”.
Los acuerdos establecieron la exigencia a las empresas de efectuar el pago de un bono fijo de dinero en efectivo para la Provincia de unos U$S 16.900.000, que se está haciendo en forma desdoblada. Del total, las compañías ya pagaron el 72% de lo establecido, restando la cancelación de poco más de U$S 4.200.000 que llegarán durante el transcurso del año.
Los dos acuerdos establecen que la empresa provincial EDHIPSA participe en los bloques adjudicados en un 10% de los derechos y obligaciones que se cedieron. Es por ello que el decreto previó que tanto President como Aconcagua firmen un contratro de Unión Transitorio de Empresas (UTE) con EDHIPSA, lo cual les permite comenzar con la actividad en los bloques.
En el caso de President Petroleum, el acuerdo establece que la empresa explotará Puesto Prado y Las Bases, donde ejecutará inversiones cercanas a los U$S 29.000.000, muy por encima de lo establecido como mínimo en la licitación. “Entre las inversiones destacadas se puede señalar que harán tres pozos exploratorios, cuatro pozos nuevos y pondrán en marcha una planta de tratamiento de gas, además de dar continuidad con trabajos de reparación a la explotación productiva del área”, precisó Caldiero.
El titular de Energía también se refirió a las cuatro áreas adjudicadas a Petrolera Aconcagua donde “esperamos que realicen otros cuatro pozos exploratorios, seis pozos nuevos y una gran cantidad de reparaciones de los pozos existentes, que necesitan un acomodamiento para poder incrementar su producción”. “Aquí, las inversiones serán por más de U$S 39.000.000, siendo el 70% de las mismas en Catriel Oeste y Catriel Viejo”, añadió.
A la hora de evaluar el proceso, Caldiero reconoció que “fue muy satisfactorio ya que al momento de establecer las condiciones del pliego se plantearon objetivos altos y exigentes, considerando no sólo la inversión productiva sino la vinculada a la preservación y remediación del ambiente, así como la situación de los superficiarios del lugar, para quienes también se previó un importante reconocimiento dinerario”.
Por caso, CIC, la anterior operadora de las áreas adjudicadas a President dejó una deuda de $21.000.000 con una decena de superficiarios de tierras donde se realizan las actividades por parte de la concesionaria. Caldiero destacó que «por una decisión gubernamental, se incluyó esta cancelación como una obligación adicional a todo aquel que quisiera licitar por las áreas Puesto Prado y Las Bases».
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
