Sociedad
Soria, Horne y Odarda denunciaron penalmente a Weretilneck
Es porque Weretilneck habría asegurado a Macri que «ya tiene los votos en el Tribunal de Justicia de su provincia para que fallen a favor» de su reelección.
Las diputadas nacionales del Frente para la Victoria María Emilia Soria y Silvia Horne, junto a la senadora nacional y candidata a vicegobernadora por el Frente para la Victoria, Magdalena Odarda, presentaron una denuncia penal contra el gobernador de la provincia y candidato de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho».
La denuncia penal de las parlamentarias, surge como consecuencia de los datos que trascendieran en las publicaciones del diario «Clarín» a través del periodista Ignacio Zuleta y que contaron con la ratificación de distintos medios locales. El reconocido columnista político de «Clarín» publicó el domingo 3 de febrero pasado, que «Weretilneck aseguró a Macri que ya tiene los votos en el Tribunal de Justicia de su provincia para que le admitan que su primer mandato no fue de gobernador y que la constitución rionegrina no previó los efectos de un magnicidio».
En este sentido la diputada María Emilia Soria, expresó que «estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada. Un gobernador que anda por los despachos de la Casa Rosada, haciendo gala de que ya tiene arreglados a los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia para violar la Constitución y las leyes, algo que habla a las claras del nivel de desfachatez de Weretilneck y fundamentalmente del desprestigio de la Justicia rionegrina».
«De no tener asidero las palabras del gobernador, ninguna persona medianamente lucida trataría de impulsar una candidatura claramente ilegal como lo manifiesta el texto de la Constitución. Si Weretilneck, se anima a tanto es porque sabe y cuenta con el respaldo judicial suficiente, algo de lo cual hace gala frente a otros funcionarios públicos de la Casa Rosada y que en definitiva expresa la comisión del delito de prevaricato y cohecho, en este pacto mutuo que evidentemente llevan adelante el gobernador y algunos jueces del STJ de la provincia», agregó.
Por su parte la senadora Odarda indicó que «esta noticia, ya tiene varios días de publicada y sin embargo ningún juez del Superior Tribunal, salió a desmentir la grave acusación que este periodista dio a conocer, el silencio mismo de los jueces los complica y los hace parte de este daño institucional que genera el temerario actuar del gobernador de la provincia».
Finalmente la diputada Horne sostuvo que «por eso no solamente hemos denunciado penalmente al gobernador y a los integrantes del STJ que deberán aclarar debidamente esta grave situación, sino que también hemos solicitado como testigos a los funcionarios públicos que participaron de esa charla en la Casa Rosada y fueron testigos de la confesión de Wereltineck, por eso hemos requerido como testigos al mismísimo presidente de la Nación Mauricio Macri, al jefe de Gabinete Marcos Peña y al diputado Sergio Wisky quien deberán dar cuenta de la descarada confesión efectuada por el gobernador de la provincia».
Roca
El Municipio aseguró que la Fiesta de la Manzana dejó más de $10.000 millones en la economía local
El neto total invertido por la comuna roquense fue de $2.372 millones.
La Fiesta Nacional de la Manzana cerró su edición 2026 con un balance «altamente positivo», según evaluó el Municipio de Roca. La nueva disposición del predio y las condiciones climáticas favorables generaron el marco ideal para que miles de personas disfrutaran durante las tres jornadas.
Desde la organización destacaron la diversidad de propuestas artísticas, la integración de los espacios y la fluidez en la circulación dentro del predio. También se subrayó el operativo de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del evento, que permitió un desarrollo sin incidentes de gravedad pese a la masividad.
En el plano económico, se estima que el movimiento generado en la ciudad y el Alto Valle superó los 10.000 millones de pesos, con fuerte repercusión en los sectores hotelero, gastronómico, turístico, comercial y de servicios.
La intendenta María Emilia Soria, presidenta de la Comisión Organizadora de la FNM, destacó el trabajo del personal municipal, fuerzas de seguridad, salud y bomberos. «El cuidado de cada detalle de la organización, el control de accesos, el predio bien iluminado, cómodo y limpio, permitió que el público disfrutara sintiéndose tranquilo y seguro», expresó.
En cuanto a los números oficiales, el neto total invertido en la FNM 2026 fue de $2.372.052.361, compuesto por $3.019.718.941 de egresos y $647.666.580 de ingresos.
Entre los principales ingresos se contabilizaron la venta de stands y puestos de artesanos ($303.713.549), entradas ($172.315.000), aportes de empresas auspiciantes ($138.538.031) y otros conceptos como licitaciones y publicidad ($33.100.000).
Respecto a los egresos, las mayores partidas se destinaron a la contratación de artistas ($1.211.991.460), escenario, sonido y pantallas ($859.887.916), alojamientos ($17.438.341) y gastos generales y preparación del predio ($930.401.224). Dentro de este último ítem se incluyó la contratación de adicionales de la Policía de Río Negro por $113.382.700, con el objetivo de reforzar la seguridad sin afectar el servicio en la ciudad.
Judiciales
Vendió su vehículo de trabajo para cancelar un plan, pero el auto nunca llegó: Deberán entregarle uno nuevo y compensar el daño causado
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado y una indemnización total de 13,5 millones de pesos.
Confió en la palabra del vendedor, reorganizó su economía familiar y tomó una decisión que afectó de manera directa su actividad profesional: vendió la camioneta con la que trabajaba para cancelar anticipadamente un plan de ahorro y así acceder al modelo que le habían prometido. El vehículo nuevo nunca fue entregado y el conflicto culminó con una sentencia del fuero Civil de Bariloche que ordenó cumplir con la entrega del rodado y pagar una indemnización millonaria.
El fallo responsabilizó en forma solidaria a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria oficial Automotores Fiorasi y Corradi S.A., al considerar acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de derechos básicos del consumidor, en especial el deber de información clara y detallada.
El hombre, maestro mayor de obras, había suscripto un plan de ahorro para una Volkswagen Saveiro en su versión base, pero según expuso en la demanda, desde el inicio recibió la promesa de que podría cambiar a una versión superior si cancelaba la totalidad del plan antes de tiempo y abonaba la diferencia correspondiente, beneficio que incluía además ciertas bonificaciones comerciales ofrecidas por el concesionario.
Con esa expectativa y ante la necesidad de contar con un vehículo adecuado para su actividad laboral, decidió vender su camioneta, una Ford Ranger que utilizaba como herramienta de trabajo, y destinó el dinero obtenido a cancelar el plan en su totalidad, convencido de que ese paso destrabaría la adjudicación y permitiría concretar el cambio de modelo.
Sin embargo, tras la cancelación comenzaron las dilaciones, los pedidos de pagos adicionales sin precisión suficiente sobre los montos y las explicaciones cambiantes respecto de la disponibilidad de la unidad. En un momento se le informó que existía un vehículo asignado, pero la operación no avanzó y luego se le comunicó que esa unidad ya no estaba disponible, situación que lo llevó a formular reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva.
Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil en la que reclamó la entrega del vehículo comprometido y una indemnización por los daños sufridos, entre ellos el impacto emocional, la imposibilidad de utilizar un rodado propio para trabajar y la conducta que consideró abusiva por parte de las empresas involucradas.
Uno de los ejes centrales de la sentencia fue el deber de información. El juez interviniente consideró probado que el plan estaba cancelado y que existía adjudicación, pero entendió que las demandadas no acreditaron haber brindado información cierta, clara y detallada acerca de los requisitos finales, los importes exigibles para el cambio de modelo y los pasos concretos para efectivizar la entrega. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, según el cual en las relaciones de consumo la empresa tiene la obligación de aportar al proceso la documentación y los datos que obran en su poder, de modo que la falta de precisión y respaldo documental jugó en su contra.
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado -o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa- y respetar las bonificaciones ofrecidas en el marco de la operación. Además fijó una indemnización total de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.
Para cuantificar el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración generada por la falta de respuesta eficaz, la prolongación del conflicto y la afectación emocional acreditada mediante pericia psicológica, que dio cuenta de ansiedad y malestar vinculados con la situación. Reconoció también un monto por privación de uso del vehículo, al considerar que la indisponibilidad impactó de manera directa en la actividad profesional del demandante. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
Roca
Alcohol cero en Roca: Detectaron infracciones y retuvieron motos y autos
Se confeccionaron 121 actas y se detectaron 9 casos de alcoholemia positiva.
Como ocurre semanalmente, inspectores municipales de Tránsito realizaron controles en diferentes sectores de General Roca con el objetivo de preservar la seguridad vial, tanto en la zona rural como en el centro.
Los operativos, desarrollados entre el lunes (16/02) y el domingo (22/02), arrojaron como resultado la confección de 121 actas, de las cuales 9 fueron por alcoholemia positiva. En esos casos se procedió a la retención preventiva de 6 vehículos.
Además, se concretaron otras 4 retenciones por distintas infracciones, lo que elevó el total a 10 vehículos retenidos: 8 motos y 2 automóviles. Según se informó, las faltas más frecuentes fueron la ausencia de licencia de conducir y de seguro obligatorio.
Desde el Municipio recordaron que se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23 de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.
