Judiciales
Femicidio de Leticia: «No hay elementos para considerar que el sujeto presentara dificultades psicológicas»
El viernes continuará el juicio. El imputado cada vez más complicado.
Hoy (20/02) declararon nueve testigos en el marco del debate oral y público que se lleva adelante al enfermero Mario Bravo por el “homicidio doblemente calificado” (Art. 45, 80 inc. 1 y 11), cuya víctima fatal fue Leticia Gómez.
En primera instancia lo hizo el cuñado de la víctima, con quien la joven había realizado una denuncia en el marco de la Ley 3040 contra el ahora imputado.
Luego, el médico forense del Poder Judicial, Ariel Bustos explicitó los puntos de pericia solicitados por el fiscal del caso Luciano Garrido al momento de realizarle la autopsia a la chica. “Pudimos ubicar 12 lesiones periféricas de menor jerarquía como esquimosis en la cabeza, en el cuello, y otras de mayor jerarquía, algunas punzo cortantes, y otras cortantes. La de mayor jerarquía es una cortante en el intercostal izquierdo, que luego continúa hacia el corazón con una herida cortante que involucra hasta la cavidad del mismo. Y sigue hacia abajo perforando el diafragma y en el abdomen sobre el baso hay dos lesiones de similares características”, detalló Bustos.
Respecto de la causa de la muerte, Bustos expresó que “se debió a la pérdida masiva de sangre, sobre todo por la herida que recibió en el corazón”.
Garrido consultó al médico forense en relación a la posible mecánica de la muerte, y Bustos dijo que “es probable que la víctima haya sido sujetada por uno de los miembros del agresor y con el otro la haya agredido”.
Luego siguió la psiquiatra forense del Poder Judicial Celina Vermal, quien entrevistó al imputado junto al perito de la defensa. “No hay elementos para considerar que al momento del hecho, Bravo presentara alteraciones o dificultades psicológicas. No estamos ante un caso en el que se constituyan los elementos exhimientes de la responsabilidad penal o se configure la inimputabilidad”.
Vermal agregó que “hay un buen registro de la memoria al momento del hecho, no hay elementos de emoción violenta. El sujeto tuvo capacidad de dirección de su conducta, no fue algo intempestivo, y presentaba una adecuada capacidad de organización y de planificación”.
En relación al legajo del Juzgado de Familia, la psiquiatra expresó que “hay un antecedente y se desprende de ese documento, que este caso puede constituirse como de violencia de género, es decir, hay asimetría de poder y económica, hay una cosa obsesiva sobre ella, muchos celos, una necesidad de dominar. En la entrevista se observa que es un hombre con gran dificultad de terminar con este vínculo, basándonos en su dependencia de otros, no poder estar solo, y el uso de la violencia para resolver los conflictos”.
Le siguió el licenciado en Psicología Walter Müller, perito de parte, quien expresó que se entrevistó con el imputado en 6 oportunidades.
Pablo Romera, médico policial que trabaja para la Reginal Segunda de la Policía de Rio Negro y en comisarías, fue quien examinó a Gómez en agosto de 2017 cuando realizó la denuncia de Ley 3040, contra el acusado, y cuyas lesiones fueron certificadas como leves.
Más tarde sucedió la declaración de un vecino de la víctima fatal que tras escuchar gritos en la calle, pudo observar que a 15 metros de su ventana, se encontraba la joven y que el imputado le dijo que llamara a la policía. Este señor presentó una fotografía del momento posterior al ataque que hoy fue exhibida en la audiencia.
También se escuchó la palabra de un amigo y compañero de trabajo del imputado, con quien compartió una cena previo a que sucediera el hecho. También declaró una señora que fue testigo presencial, y finalmente una de las integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la policía, quien tuvo a su cargo la investigación de las últimas 24 horas del hombre antes de que cometiera el homicidio. Fue así que se entrevistó con uno de los yernos del sujeto, con su ex-mujer y con compañeros de trabajo.
La próxima audiencia de testigos será el viernes (22/02), a las 9 de la mañana frente a los jueces Oscar Gatti, Gustavo Quelín y Daniel Tobares.
El hecho juzgado
“El 21 de junio del año pasado, alrededor de las 22:40, en la vía pública, sobre calle San Luis al 1800. En un contexto de violencia de género, el sujeto le dio muerte a su ex pareja, Leticia Gómez, con quien tenía una hija en común de 3 años. Aplicándole al menos una puñalada en la zona mamaria, herida que le provocó la muerte”, describió el fiscal Garrido en su alegato de apertura a juicio.
Judiciales
Comenzó el juicio a un anestesiólogo por la muerte de Valentín Mercado Toledo
La acusación afirma que el anestesiólogo no vigiló adecuadamente los parámetros vitales durante la operación, lo que habría provocado la encefalopatía que derivó en el fallecimiento del pequeño.
Durante la mañana de hoy (26/11), cuatro testigos dieron inicio al debate que se desarrolla en los Tribunales de General Roca por la imputación al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause, de 45 años, acusado del delito de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo, un niño de cuatro años, ocurrida en julio de 2024.
La Fiscalía, con adhesión de la querella que representa a la madre y al padre del niño, sostuvo en su acusación que durante el juicio se acreditará que «el hecho ocurrió entre las 8.28 del 11 de julio del año pasado y las 14.14 del 18 de julio, durante el tratamiento quirúrgico programado por una hernia diafragmática realizado al niño en el Sanatorio Juan XXIII».
Según la acusación, «en esa oportunidad, el médico anestesiólogo imputado, por su impericia, negligencia y por no tomar en cuenta la rigurosidad debida que indica el protocolo de actuación, causó la muerte de Valentín».
La Fiscalía afirmó que el niño sufrió una encefalopatía hipóxico isquémica durante la cirugía, debido a que el profesional «omitió vigilar y prestar atención anestésica en forma continua». Indicaron además que a las 10.50 del 11 de julio se detectó «un período anormal de 10 minutos sin registros de presión arterial ni pulsioximetría», lo que derivó en una taquicardia y posterior hipoxia, situación que -según la acusación- debió ser advertida por el anestesiólogo.
«Como consecuencia de ese accionar, el nene sufrió muerte encefálica y el 18 de julio falleció», concluyó el fiscal.
Al inicio del debate se presentaron las convenciones probatorias alcanzadas entre la Fiscalía, las querellas y la defensa del médico: el allanamiento realizado por el Gabinete de Criminalística de Roca, la confirmación de la Asociación de Anestesia y Analgesia de Río Negro sobre el domicilio laboral del profesional en el Sanatorio Juan XXIII, y los resultados de estudios toxicológicos e histopatológicos emitidos por el Laboratorio Regional de Investigación Forense de Chubut.
Hoy declararon la denunciante y madre del niño, la psicóloga de la OFAVI que intervino en la asistencia a la familia, el médico de cabecera del pequeño y uno de los consultores técnicos de la querella.
El juicio, a cargo de un Tribunal unipersonal, continuará mañana. Los alegatos de clausura serán el viernes 28 de noviembre a las 8.30.
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Una demora administrativa dejó a un estudiante sin examen, pero la Justicia confirmó que había abonado en término
La universidad no registró a tiempo la cuota de junio y bloqueó el acceso a los exámenes. El juez de Paz determinó que el alumno cumplió con lo pactado y reconoció la relación de consumo educativa.
Un estudiante de abogacía de una universidad privada vivió una situación inesperada luego de abonar la cuota mensual prácticamente sobre el límite del segundo vencimiento. Aunque realizó el pago dentro del plazo permitido, la institución no lo registró a tiempo y el joven quedó imposibilitado de rendir los exámenes del cuatrimestre, dado que la habilitación para presentarse depende de tener todas las cuotas acreditadas.
Desde la universidad le informaron por correo electrónico que la habilitación del parcial se activaría recién «dos horas después de acreditado el pago», una demora administrativa que el alumno consideró determinante para su desempeño académico. A pesar de insistir con reclamos internos y participar de una instancia de mediación, no consiguió que la institución reconociera el pago en el momento oportuno.
Ante la falta de respuestas, decidió acudir al Juzgado de Paz de Allen, que intervino por tratarse de un conflicto encuadrado en una relación de consumo educativa. Tras la audiencia entre las partes, el juez determinó que la cuota correspondiente a junio de 2025 había sido pagada en tiempo y forma.
Para arribar a esa conclusión, el magistrado analizó principalmente la prueba documental aportada por ambas partes. Consideró innecesarias otras presentaciones y rechazó la testimonial ofrecida por la universidad al no estar debidamente justificada su pertinencia. Entre los elementos presentados por el estudiante se encontraba el recibo del pago efectuado el 30 de junio de 2025 en un centro autorizado, correspondiente al segundo vencimiento. Esa documentación acreditaba que el pago se realizó a través de los medios habilitados por la propia institución.
El expediente también incorporó correos electrónicos intercambiados entre las partes, en los cuales la universidad reconocía que la habilitación a los exámenes dependía de la acreditación del pago y que el sistema se actualizaba dentro de las dos horas siguientes. El joven informó haber realizado el pago durante esa misma jornada hábil, sin que la institución actualizara la información a tiempo.
Frente a esa evidencia, el juez sostuvo que el alumno cumplió con lo pactado y que su pago debía considerarse válido. En su resolución aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, ratificando la existencia de una relación de consumo en el ámbito educativo.
De todos modos, no se expidió sobre una eventual responsabilidad de la universidad en las demoras del sistema ni en los procesos internos de acreditación, ya que ese punto excedía el objeto de la acción. La institución, por su parte, argumentó que se trataba de una cuestión estrictamente académica. Finalmente, el juzgado dictó una acción meramente declarativa en favor del estudiante, cerrando el conflicto desde la normativa vigente en materia de defensa del consumidor.
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Impidió el regreso de su hijo a Brasil para perjudicar a la madre: Fallo lo calificó como violencia vicaria y autorizó el retorno
La mujer había llegado a Bariloche junto a su hijo para pasar unos días con familiares.
Un hombre utilizó a su hijo menor de edad como herramienta para perjudicar a su ex pareja. Revocó un permiso de viaje con el único objetivo de impedir que la mujer y el niño pudieran volver a Brasil, donde están radicados desde hace más de un año. Una jueza de Familia de Bariloche determinó que el progenitor ejerció violencia vicaria e hizo lugar a una medida cautelar para que madre hijo puedan volver al país limítrofe.
La mujer había llegado a la ciudad cordillerana junto a su hijo para pasar unos días con familiares. El viaje era temporal. La vida del niño transcurre en el estado de Bahía, Brasil, junto a su madre y sus abuelos maternos. La casa, el trabajo, los controles médicos, todo está allá. Pero el regreso no fue posible. El padre, sin previo aviso, revocó la autorización de salida del país.
En el expediente judicial quedó claro que el hombre no tenía ninguna intención de revincularse con el niño. Tampoco inició un pedido de restitución internacional. Lo que hizo fue usar al hijo como una barrera para inmovilizar a la madre, dejarla sin ingresos y lejos de su entorno.
La magistrada interviniente fue terminante: revocar el permiso de viaje no fue un acto de interés paterno, sino una forma encubierta de agresión. «Violencia vicaria», definió. Esa figura se aplica cuando alguien ataca a otra persona valiéndose de alguien cercano. En este caso, la persona menor de edad. La magistrada sostuvo que impedir el regreso a Brasil fue una forma de continuar con la violencia previa, ahora dirigida a través del hijo.
La madre ya había sido víctima de violencia de género. Lo había denunciado en otro expediente, también en el fuero de Familia de Bariloche. Esa situación fue la que motivó su decisión de mudarse a otro país y construir un entorno más seguro para ella y el niño. La jueza recordó que incluso durante el embarazo la mujer fue agredida por su expareja.
El fallo tomó en cuenta que el niño tenía residencia migratoria legal en Brasil, atención médica, arraigo afectivo y social, y una vida consolidada. También que el padre no mostró interés en el menor de edad durante más de un año. En ese tiempo, no presentó ningún recurso ni hizo ningún intento por restablecer el vínculo. Por el contrario, eligió intervenir solo cuando pudo interferir en la vida de la madre.
Con el respaldo de la Defensora de Menores, la jueza interviniente autorizó el regreso inmediato del niño a Brasil como medida autosatisfactiva. Dispuso que Migraciones tome conocimiento para evitar trabas administrativas.
