Judiciales
Femicidio de Leticia: «No hay elementos para considerar que el sujeto presentara dificultades psicológicas»
El viernes continuará el juicio. El imputado cada vez más complicado.
Hoy (20/02) declararon nueve testigos en el marco del debate oral y público que se lleva adelante al enfermero Mario Bravo por el “homicidio doblemente calificado” (Art. 45, 80 inc. 1 y 11), cuya víctima fatal fue Leticia Gómez.
En primera instancia lo hizo el cuñado de la víctima, con quien la joven había realizado una denuncia en el marco de la Ley 3040 contra el ahora imputado.
Luego, el médico forense del Poder Judicial, Ariel Bustos explicitó los puntos de pericia solicitados por el fiscal del caso Luciano Garrido al momento de realizarle la autopsia a la chica. “Pudimos ubicar 12 lesiones periféricas de menor jerarquía como esquimosis en la cabeza, en el cuello, y otras de mayor jerarquía, algunas punzo cortantes, y otras cortantes. La de mayor jerarquía es una cortante en el intercostal izquierdo, que luego continúa hacia el corazón con una herida cortante que involucra hasta la cavidad del mismo. Y sigue hacia abajo perforando el diafragma y en el abdomen sobre el baso hay dos lesiones de similares características”, detalló Bustos.
Respecto de la causa de la muerte, Bustos expresó que “se debió a la pérdida masiva de sangre, sobre todo por la herida que recibió en el corazón”.
Garrido consultó al médico forense en relación a la posible mecánica de la muerte, y Bustos dijo que “es probable que la víctima haya sido sujetada por uno de los miembros del agresor y con el otro la haya agredido”.
Luego siguió la psiquiatra forense del Poder Judicial Celina Vermal, quien entrevistó al imputado junto al perito de la defensa. “No hay elementos para considerar que al momento del hecho, Bravo presentara alteraciones o dificultades psicológicas. No estamos ante un caso en el que se constituyan los elementos exhimientes de la responsabilidad penal o se configure la inimputabilidad”.
Vermal agregó que “hay un buen registro de la memoria al momento del hecho, no hay elementos de emoción violenta. El sujeto tuvo capacidad de dirección de su conducta, no fue algo intempestivo, y presentaba una adecuada capacidad de organización y de planificación”.
En relación al legajo del Juzgado de Familia, la psiquiatra expresó que “hay un antecedente y se desprende de ese documento, que este caso puede constituirse como de violencia de género, es decir, hay asimetría de poder y económica, hay una cosa obsesiva sobre ella, muchos celos, una necesidad de dominar. En la entrevista se observa que es un hombre con gran dificultad de terminar con este vínculo, basándonos en su dependencia de otros, no poder estar solo, y el uso de la violencia para resolver los conflictos”.
Le siguió el licenciado en Psicología Walter Müller, perito de parte, quien expresó que se entrevistó con el imputado en 6 oportunidades.
Pablo Romera, médico policial que trabaja para la Reginal Segunda de la Policía de Rio Negro y en comisarías, fue quien examinó a Gómez en agosto de 2017 cuando realizó la denuncia de Ley 3040, contra el acusado, y cuyas lesiones fueron certificadas como leves.
Más tarde sucedió la declaración de un vecino de la víctima fatal que tras escuchar gritos en la calle, pudo observar que a 15 metros de su ventana, se encontraba la joven y que el imputado le dijo que llamara a la policía. Este señor presentó una fotografía del momento posterior al ataque que hoy fue exhibida en la audiencia.
También se escuchó la palabra de un amigo y compañero de trabajo del imputado, con quien compartió una cena previo a que sucediera el hecho. También declaró una señora que fue testigo presencial, y finalmente una de las integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la policía, quien tuvo a su cargo la investigación de las últimas 24 horas del hombre antes de que cometiera el homicidio. Fue así que se entrevistó con uno de los yernos del sujeto, con su ex-mujer y con compañeros de trabajo.
La próxima audiencia de testigos será el viernes (22/02), a las 9 de la mañana frente a los jueces Oscar Gatti, Gustavo Quelín y Daniel Tobares.
El hecho juzgado
“El 21 de junio del año pasado, alrededor de las 22:40, en la vía pública, sobre calle San Luis al 1800. En un contexto de violencia de género, el sujeto le dio muerte a su ex pareja, Leticia Gómez, con quien tenía una hija en común de 3 años. Aplicándole al menos una puñalada en la zona mamaria, herida que le provocó la muerte”, describió el fiscal Garrido en su alegato de apertura a juicio.
Judiciales
Condenaron a un trabajador de la SENAF por abuso y amenazas a niños bajo su cuidado
El hombre reconoció los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en un Centro de Atención Integral de Roca. Recibió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta mañana (05/11), uno de los dos imputados por delitos cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a 3 años de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.
El hombre, que se desempeñaba como auxiliar asistencial, aceptó los cargos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y amenazas coactivas continuadas, cometidos entre abril de 2021 y septiembre de 2023.
Según detalló la Fiscalía, el acusado ejercía violencia y amenazas contra los menores, generándoles temor para evitar que contaran lo ocurrido. En uno de los episodios, ocurrido entre julio y agosto de 2023, abusó de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo abreviado, con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas. Además de la pena de prisión condicional, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso.
El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años: fijar domicilio, no acercarse ni contactar a la víctima, directa o indirectamente, y abstenerse de todo tipo de vínculo con menores en el ámbito institucional.
La investigación incluyó denuncias institucionales, testimonios de operadores y psicólogos, pericias forenses y registros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Por su parte, la segunda persona imputada en la causa, una mujer, continúa bajo proceso judicial: la audiencia de control de acusación se retomará el próximo lunes (10/11) a las 10.00.
Judiciales
Condenan a 4 años de prisión a dos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil
Los hechos fueron detectados tras reportes de Google y WhatsApp al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó al Ministerio Público Fiscal rionegrino. Uno de ellos es de Roca.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial logró esta semana que dos hombres fueran condenados a cuatro años de prisión efectiva por delitos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
Las causas, tramitadas en General Roca y Choele Choel, se resolvieron en el marco de juicios abreviados, luego de que ambos imputados reconocieran su responsabilidad penal.
El primer caso ocurrió en Choele Choel y fue detectado en agosto de 2022, cuando Google denunció la actividad sospechosa a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con el cual el Ministerio Público Fiscal argentino mantiene un convenio de cooperación. La investigación determinó que el acusado tenía en su poder múltiples fotos y videos con contenido de abuso sexual infantil, lo que derivó en su procesamiento y condena.
El segundo hecho fue investigado en General Roca, donde un hombre aceptó haber cometido tres delitos durante 2024. Según la Fiscalía, el imputado subió videos a los servidores de WhatsApp, facilitó contenido a otros usuarios y almacenó material en su teléfono celular, el cual fue secuestrado durante un allanamiento. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) confirmó que el dispositivo contenía 21 videos con imágenes de víctimas menores de edad.
Las pruebas reunidas incluyeron los reportes internacionales, los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, peritajes informáticos de OITel, informes del Gabinete de Criminalística y evaluaciones médicas del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmaron la edad de las víctimas.
En Choele Choel, la condena fue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal, mientras que en Roca, la figura legal aplicada fue tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravadas por ser las víctimas menores de 13 años, ambas previstas en el artículo 128 del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en la pena solicitada y, tras renunciar a los plazos procesales, los dos condenados ya se encuentran cumpliendo su condena.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
