Judiciales
Prisión preventiva para el quinto acusado de asesinar a Colipi
Estaba prófugo de la Justicia y fue detenido el sábado pasado.
El fiscal Luciano Garrido formuló cargos al quinto sujeto, que se encontraba prófugo de la justicia, y lo imputó por “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, y portación de arma de fuego”.
El representante del Ministerio Público indicó que el crimen de Jonathan Colipi de 24 años ocurrió el domingo 3 de febrero, alrededor de las seis de la madrugada en calle Colibrí al 1300 de Roca. En esas circunstancias la víctima y otra persona se hallaban en el interior de la vivienda cuando los cinco acusados se habrían hecho presentes a bordo de un automóvil de color blanco portando dos de ellos armas de fuego: una escopeta calibre doce y una pistola de color negro.
Según la acusación, llevando a cabo un plan criminal común para dar muerte a la víctima, los acusados dispararon en dos oportunidades contra la vivienda de la víctima para intimidarlo para posteriormente cortar la luz de la vivienda e ingresar a la misma. Una vez en el interior, amedrentaron a Colipi para que salga de la vivienda. La víctima salió del lugar y en esas circunstancias -previo mantener una conversación telefónica con una de las acusadas que se encontraba en el interior del vehículo mencionado- el hoy imputado le efectuó dos disparos en la zona del tórax a la víctima provocándole la muerte de forma inmediata.
Tras lo anterior los acusados se dieron a la fuga escondiendo la escopeta con la que dieron muerte a Colipi en una vivienda de calle El Cóndor de esta ciudad.
En cuanto a la calificación legal y el agravante en el cual la fiscalía encuadró el caso, Garrido explicó que el día anterior al hecho (02/02) los mismos acusados se hicieron presentes en la vivienda del fallecido y también lo habrían atacado con armas de fuego, lo que a criterio del fiscal evidencia que la noche del crimen todos los acusados fueron al lugar con el fin a matar a la víctima.
En cuanto las principales evidencias recabadas hasta el momento el representante del Ministerio Público señaló que el arma presuntamente utilizada para dar muerte a Colipi fue secuestrada en el marco de un allanamiento. Por otro lado, destacó que distintos testigos aportaron datos esenciales para poder dar con los autores. Además se cuenta con los informes de las tareas realizadas por el personal de la Comisaría 21° y por el Gabinete de Criminalística de la policía de Río Negro y con el informe de la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense.
El acusado, además, fue señalado por la Fiscalía como el autor de los disparos, y teniendo presente el peligro de fuga, tras la actitud puesta de manifiesto inmediatamente después del hecho, sumado a que pudo ser demorado gracias a la investigación de la policía el domingo pasado, es que Garrido solicitó la prisión preventiva por 6 meses.
Miguel Salomón, el defensor penal oficial, no se opuso a la formulación de cargos, y solicitó que la prisión preventiva del sujeto se contabilizara como el resto de los imputados.
El juez interviniente Maximiliano Camarda acompañó el pedido del fiscal, y resolvió la prisión preventiva por 6 meses.
Judiciales
Condenan a 4 años de prisión a dos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil
Los hechos fueron detectados tras reportes de Google y WhatsApp al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó al Ministerio Público Fiscal rionegrino. Uno de ellos es de Roca.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial logró esta semana que dos hombres fueran condenados a cuatro años de prisión efectiva por delitos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
Las causas, tramitadas en General Roca y Choele Choel, se resolvieron en el marco de juicios abreviados, luego de que ambos imputados reconocieran su responsabilidad penal.
El primer caso ocurrió en Choele Choel y fue detectado en agosto de 2022, cuando Google denunció la actividad sospechosa a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con el cual el Ministerio Público Fiscal argentino mantiene un convenio de cooperación. La investigación determinó que el acusado tenía en su poder múltiples fotos y videos con contenido de abuso sexual infantil, lo que derivó en su procesamiento y condena.
El segundo hecho fue investigado en General Roca, donde un hombre aceptó haber cometido tres delitos durante 2024. Según la Fiscalía, el imputado subió videos a los servidores de WhatsApp, facilitó contenido a otros usuarios y almacenó material en su teléfono celular, el cual fue secuestrado durante un allanamiento. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) confirmó que el dispositivo contenía 21 videos con imágenes de víctimas menores de edad.
Las pruebas reunidas incluyeron los reportes internacionales, los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, peritajes informáticos de OITel, informes del Gabinete de Criminalística y evaluaciones médicas del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmaron la edad de las víctimas.
En Choele Choel, la condena fue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal, mientras que en Roca, la figura legal aplicada fue tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravadas por ser las víctimas menores de 13 años, ambas previstas en el artículo 128 del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en la pena solicitada y, tras renunciar a los plazos procesales, los dos condenados ya se encuentran cumpliendo su condena.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Judiciales
Múltiples estafas por viajes al exterior: La acusada deberá continuar cumpliendo medidas cautelares
Entre ellas se encuentran el bloqueo de cuentas y presentarse en Fiscalía periódicamente.
En pos de que cese el delito y el posible provecho de la maniobra, el Ministerio Público Fiscal insistió en que Yolanda Livera, la mujer propietaria de la agencia Lola Tour y que está siendo investigada por presunta estafa por venta de viajes al exterior continúe cumpliendo con las medidas cautelares.
Los tres abogados querellantes, representando a cuatro de los denunciantes, adhirieron íntegramente a los términos fiscales.
Por su parte, el defensor penal público solicitó que se deje sin efecto el bloqueo de cuentas, así la mujer «puede seguir cumpliendo con los compromisos asumidos antes de la fecha mencionada por la Fiscalía. De otra manera, podrían aparecer nuevas denuncias porque ella no podrá cumplir con los viajes ya vendidos. Esto es sin inaugurar nuevas ventas».
La parte acusadora se opuso a dicha propuesta y el fiscal explicó que «hemos unificado hasta ahora 21 legajos, con diferentes víctimas y diversas modalidades de estafa, hechos que habrían ocurrido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 17 de octubre de este año».
Durante la audiencia, Livera, asistida por su defensor, declaró sobre la medida cautelar de bloqueo y congelamiento de las cuentas y las consecuencias que ello podría tener sobre clientes que tienen viajes a futuro.
Finalmente, la jueza resolvió que la mujer siga realizando presentaciones en la Fiscalía interviniente, que el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias, activos digitales, billeteras virtuales, opere hasta el 16 de febrero del año que viene.
En caso de que se verifique algún incumplimiento a las medidas, la Fiscalía podrá solicitar otra audiencia para pedir medidas mas gravosas y garantizar el adecuado avance de los legajos fiscales.
