La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en reclamo por la reapertura de las paritarias y para rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Si no hay plata no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente apuntó que «los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios».

«Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más», completó Aguiar.

La medida de fuerza fue resuelta en la reunión mantenida en el Hotel 27 de Junio del sindicato, ubicado en 1469 (CABA). En los próximos días se definirá la modalidad de acción en cada una de las provincias y la Capital Federal. Además, se definió realizar el 69° Congreso Anual Ordinario de ATE el día jueves 28 de mayo en la Sede Nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527.

Otra de las resoluciones del encuentro fue acompañar la movilización de FATE a Plaza de Mayo el día martes 14 de abril por la puesta en marcha inmediata de la fábrica y en rechazo a la apertura de importaciones indiscriminada.

En esta línea, Aguiar sentenció que «hemos decidido marchar junto a los trabajadores de FATE porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo».

Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.

Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».

El Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER mantuvieron este jueves (09/04) un nuevo encuentro paritario en la Secretaría de Trabajo, marcado por un clima de confrontación y sin avances significativos en materia salarial. Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos manifestaron su voluntad de diálogo, aunque cuestionaron duramente la postura del sindicato.

Según indicaron desde la cartera educativa, resulta «excesivo» que el gremio anuncie medidas de fuerza para los días 16 y 17 de abril antes de agotar las instancias de negociación.

Por su parte, la respuesta de UnTER no se hizo esperar. A través de un duro comunicado, la conducción gremial encabezada por Laura Ortiz afirmó que el encuentro no fue una instancia de diálogo real, sino de «dilación». El sindicato denunció una decisión política de «seguir ajustando sobre los salarios» y criticó el abandono de las escuelas rionegrinas. «No se puede condicionar la paritaria ni las políticas educativas al silenciamiento de la docencia», expresaron desde el gremio, rechazando las acusaciones de extorsión vertidas por el Ejecutivo provincial.

En cuanto a los números, el Ministerio ratificó que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de $125.000 por agente. Además, se comprometieron a entregar las nuevas grillas salariales una vez que se publiquen los índices de inflación (IPC) de Viedma y Nación. Este incremento, que promediará los meses de febrero y marzo, sería abonado recién con los salarios de mayo, lo que fue calificado por los docentes como una medida insuficiente frente al costo de vida actual.

El Gobierno insistió en que los salarios docentes superan la inflación acumulada y apeló a la «previsibilidad de los recursos provinciales». No obstante, para UnTER, el Gobierno utiliza las mesas de trabajo como «promesas vacías» para desactivar el conflicto sin abordar los problemas de fondo. Participaron de la reunión Silvia Arza por Educación y la cúpula de UnTER, dejando un escenario de incertidumbre total respecto al inicio de clases normal para la próxima semana.

El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.

En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.

En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.

Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.