Judiciales
Tres meses de prisión preventiva para quienes intentaron fugarse de la policía el martes pasado
Antes de la persecución habían intentado robar a un hombre que, con su hija de 3 años en brazos, resistió el asalto.
La fiscal Silvana García formuló cargos a tres sujetos por el delito de tentativa de robo agravado y solicitó la prisión preventiva por el término de tres meses.
Según la acusación fiscal, los hechos sucedieron el pasado martes 7 de marzo, a las 20.30 cuando la víctima se encontraba en su domicilio, “escuchó que golpeaban la puerta y al abrir, con su hija de tres años en brazos, un sujeto, presuntamente Claudio Muñoz, lo empujó mientras lo intimidaba con un arma calibre 9 mm y aparecieron sorpresivamente además Damián Maza y Cristian Espinosa que estaban escondidos en el porche de la casa portando un arma de fuego calibre 11.25 con la intención de ingresar a la casa”.
“Acto seguido la víctima forcejeó con los sujetos mientras gritaba “tengo a la nena” tratando de impedir que accedan a la vivienda momento en el que, uno de ellos lo golpea con el arma en la cabeza y en las costillas lesionándolo. Ante la resistencia de la víctima los tres sujetos salen hacia la vereda, se suben a un vehículo Chevrolet Clasic color gris, (el que había sustraído en Neuquén en octubre de 2018 y al que le habían cambiado el dominio), conducido por Claudio Muñoz, mientras peatones que pasaban por el lugar dieron aviso a un patrullero que circulaba por calle Villegas”.
“Luego se sucedió una persecución por calles céntricas de la ciudad, que culminó en Gadano y Fleming, donde el vehículo colisionó en una vallas que cortaban la calle. Con la intención de continuar la fuga Muñoz intenta ir en reversa impactando al móvil policial en su lado izquierdo, y dañándolo. De inmediato descienden los tres ocupantes, Maza emprende la huida por calle Fleming hacia Moreno; mientras Espinosa y Muñoz son reducidos por un empleado policial, quien previamente es atacado por Espinosa con una barreta de hierro debiendo efectuar un disparo con posta de goma a la altura de la rodilla para repeler el ataque. Maza es perseguido por otro policía que advierte que en su huida arroja el arma 9mm, logrando reducirlo”.
Como sustento probatorio la Fiscalía mencionó la entrevista a la víctima, realizada por la fiscal García, el acta de procedimiento policial de la Comisaría 3°, las entrevistas a testigos circunstanciales y a los empleados policiales intervinientes. Como también el informe preliminar del Gabinete de Criminalística, el certificado médico de las lesiones de la víctima de la tentativa del robo, y los secuestros (el auto, las armas de fuego, respectivos cargadores, una barreta de hierro).
La calificación legal por la que el juez de Garantías Maximiliano Camarda tuvo por formulados los cargos fue “tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad”. A Muñoz se le suma el delito de “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro” respecto del auto que conducía y “daño” al móvil policial. Mientras que a Espinosa “atentado agravado” por el ataque al policía.
Respecto a la medida cautelar de la prisión preventiva por el término de tres meses, el juez tuvo presentes los argumentos vertidos por la fiscal, esto es que “absolutamente está acreditado que los hechos ocurrieron, que son graves y que aún pensando en que es tentativa no habrá pena en suspenso” dijo García.
La representante del Ministerio Público Fiscal agregó que “las armas estaban cargadas, y salvo uno de ellos, los otros dos ya han cometido delitos, aunque sus condenas no están firmes”.
“Hemos demostrado aquí que los tres imputados son los autores ya que han sido detenidos en casi flagrancia. Y el peligro de fuga está latente ya que con el delito cometido tendrán un largo encierro”, dijo la fiscal.
“No podemos dejar de lado el desprecio a la vida, ya que cuando atacaban a la víctima en su casa el mismo tenía en sus brazos a una niña de 3 años, huyeron por calles céntricas, en un horario y en un día hábil, con ciudadanos en movimiento”, mencionó García.
Judiciales
Una charla en la adolescencia le sembró dudas sobre su identidad: Años mas tarde confirmó su origen
Descubrió quién era su padre biológico y logró el reconocimiento judicial.
Desde su nacimiento, lo criaron su madre, la pareja de ella y sus abuelos maternos. Cuando era adolescente, una charla cambió el rumbo de su vida para siempre. El joven tuvo un encuentro con un hombre que le aseguró haber conocido a su madre. Le dijo que había mantenido una relación sentimental con ella. En esa conversación, mencionó que el vínculo ocurrió mucho tiempo atrás. Así, hablaron sobre la posibilidad de que fueran padre e hijo.
El joven accedió a las redes sociales en busca de familiares cercanos al hombre. Estableció contactos y descubrió que más personas sabían de su existencia. Aunque la duda quedó instalada, decidió continuar con su vida y no incomodar al hombre que lo había criado como a un hijo. Años después, su padre de crianza falleció y entonces decidió buscar a su verdadero padre.
Acudió al Poder Judicial y solicitó una acción de impugnación de estado y emplazamiento. Pidió ser desvinculado legalmente del hombre que lo había reconocido como hijo. También solicitó el reconocimiento de su vínculo filial con el hombre que había planteado la duda sobre su paternidad.
El estudio realizado por el Laboratorio Regional de Genética Forense del Poder Judicial de Río Negro arrojó un resultado concluyente: se descartó la paternidad de su padre de crianza y se confirmó, con una certeza superior al 99,9999 %, que el otro hombre es su padre biológico.
Con base en esta prueba y conforme al principio de verdad biológica, el derecho a la identidad y la normativa vigente, el fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la demanda.
La jueza valoró el derecho a la identidad del actor. «Este derecho es el presupuesto de la persona que se refiere a sus orígenes como ser humano y a su pertenencia, abarcando su nombre, filiación, nacionalidad, idioma, costumbres, cultura propia y demás elementos componentes de su propio ser: , dice el fallo.
La sentencia declaró impugnada la paternidad y estableció que el joven es hijo biológico del hombre. Además, autorizó el cambio de apellido, por lo que el joven adoptará el nuevo apellido de su padre. También se ordenó la rectificación de su partida de nacimiento y la emisión de un nuevo documento de identidad
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Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
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Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
