El gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto 901/26 que promulga la Ley N° 5895 y consolida el esquema para destinar unos $7.000 millones provenientes de una inversión energética al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las Rutas Nacionales 22 y 151. Es el paso posterior a la aprobación legislativa, que permite convertir recursos de la nueva etapa productiva en infraestructura concreta para Río Negro.

La promulgación ratifica una decisión política definida por Weretilneck: que los recursos que generan las nuevas inversiones de petróleo y gas queden en la provincia y se transformen en obras necesarias para los rionegrinos.

La Ley 5895 había recibido un fuerte respaldo en la Legislatura, con el acompañamiento de 37 legisladores y el rechazo de parte del peronismo. La norma ratifica el acuerdo entre Río Negro y Oldelval por el Proyecto Duplicar Norte y establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial que recibirá la Provincia tendrá como destino exclusivo el inicio de las obras sobre las Rutas 22 y 151.

Se trata de dos corredores fundamentales para Río Negro, por donde todos los días transitan miles de personas y circulan la producción, la industria, el comercio y buena parte de la actividad logística y energética provincial.

El aporte previsto no podrá utilizarse para gastos corrientes. Weretilneck ya había definido que esos recursos serán destinados directamente a las primeras intervenciones sobre ambas rutas.

La decisión se integra al proceso iniciado por la Provincia para asumir la gestión de las Rutas Nacionales 22 y 151 frente a años de deterioro y falta de respuestas nacionales. Río Negro decidió hacerse cargo y buscar sus propias herramientas de financiamiento para recuperar dos corredores estratégicos.

De la inversión energética a las rutas

El Proyecto Duplicar Norte contempla un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. La inversión deja recursos concretos para la Provincia y se incorpora al modelo que impulsa Weretilneck: atraer inversiones, defender lo que le corresponde a Río Negro y transformar esos ingresos en infraestructura.

Además del aporte destinado a las rutas, Oldelval abonará una tasa anual de US$ 200.000 para tareas provinciales de control y fiscalización, mientras que el proyecto quedó comprendido dentro del régimen que prioriza la contratación de trabajadores rionegrinos.

El Superior Tribunal de Justicia estableció las reglas que deberán aplicarse en Río Negro en los procesos penales que involucren a niñas, niños y adolescentes, hasta que la provincia cuente con un Código Procesal específico en materia Penal Juvenil. La Acordada dispone la aplicación del Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías previstos por la legislación provincial y el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Una de las definiciones es que no se someterán a juicios por jurados populares.

La decisión se adoptó luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que derogó el anterior Régimen Penal de Minoridad. La Acordada señala que la nueva legislación, sancionada por el Congreso Nacional, establece, entre otros aspectos, «la edad de punibilidad plena a partir de los 14 años», incorpora otros tipos de penas, prohíbe imponer prisión y reclusión perpetua y fija que la pena de prisión «“no puede exceder de 15 años».

El STJ señaló que las normas procesales previstas en esa ley nacional no se aplican en el ámbito provincial, ya que las provincias conservan facultades para dictar sus propias normas procesales. Al mismo tiempo, recordó que Río Negro todavía no cuenta con una normativa procesal específica de Responsabilidad Penal Juvenil.

Hasta que exista un procedimiento específico, la Acordada estableció que debe aplicarse el Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías de cumplimiento obligatorio contenidos en la Ley Provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Nacional 27.801. La resolución establece que este esquema se aplicará «con excepción del juicio por jurados».

Entre los fundamentos, el STJ recordó que la Constitución de Río Negro establece que las personas menores de edad gozan, «como mínimo de las mismas garantías procesales que las personas adultas». También señaló que la Ley D 4109 regula el procedimiento para juzgar a adolescentes punibles y establece garantías específicas para niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso penal.

La Acordada aborda específicamente la situación de quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho. En esos casos, en concordancia con la Ley Nacional, establece que «no serán sometidos a proceso», sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de acreditar la existencia del hecho ilícito. Si se determina la necesidad de intervención del organismo de protección, la situación deberá ponerse en conocimiento de esa autoridad.

La resolución también dispuso comunicar a la SENAF y requerirle que informe al Foro Penal de Jueces y Juezas de las cuatro Circunscripciones Judiciales cuáles son los programas vigentes y operativos con los que cuenta para cumplir las obligaciones previstas por la Ley D 4109. Además, hizo saber al Poder Ejecutivo que las disposiciones de esa ley provincial «rigen en toda su extensión para el Organismo Técnico Proteccional».

Finalmente, el STJ encomendó a la Escuela de Capacitación Judicial continuar durante este año con el plan de capacitación obligatoria sobre Régimen Penal Juvenil destinado a integrantes del fuero Penal y del Tribunal de Impugnación. También invitó a la Procuración General a disponer la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y solicitó al Consejo de la Magistratura que incorpore esta temática en los exámenes para cubrir cargos del fuero Penal.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.

El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.

El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.

El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.

Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.

El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.

También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.

La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.