Gremios
Malvinas: La CTA Autónoma denuncia grave lesión a la soberanía nacional
Se adjudicaron permisos de exploración a capitales extranjeros para 18 áreas de la plataforma marítima argentina.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro denunció la «grave lesión a la soberanía y al interés estratégico nacional sobre el Atlántico Sur que significa la adjudicación mediante la resolución 276 publicada hoy en el Boletín Oficial de permisos de exploración para 18 de las 38 bloques de la plataforma marítima argentina que habían sido puestos a licitación mediante el decreto 872/2018 del 1 de octubre pasado».
El hecho ocurre un mes después de la apertura de sobres del 16 de abril -en el marco del concurso internacional costa afuera en áreas offshore del Mar Argentino- y adjudica dos áreas de la cuenca Malvinas austral, siete de la cuenca argentina y nueve de la cuenca Malvinas oeste por un total de 718 millones de dólares que el Estado argentino recibió en concepto de canon por acceder a estas áreas. Estos permisos de exploración se extenderían hasta en 8 años y en el mes de agosto -con el título en su haber- las empresas podrían empezar las tareas.
«Denunciamos esta la decisión irresponsable del gobierno de Mauricio Macri de poner en manos extranjeras áreas geopolíticamente claves de nuestro territorio», señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro.
«Se están rifando al mejor postor nuestros recursos naturales. El proceso de extranjerización ya no es sólo de las tierras en la Patagonia, sino que ahora incluye a nuestros mares. Este gobierno deberá ser condenado por la entrega de toda la soberanía de nuestro pueblo», completó el dirigente.
«La gravedad del hecho radica en varios aspectos, uno de ellos es que el decreto 872 establece en uno de sus artículos la prórroga de jurisdicción soberana para cualquier conflicto que ocurriera. Es decir, se cede soberanía jurídica ante la posibilidad de cualquier circunstancia que se tenga con este tipo de empresas una vez que fueron adjudicadas las áreas», agregó.
«Otro dato no menor es que entre las ganadoras se encuentra la firma británica Tullow Oil y la noruega Equinor. La primera ya operó ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y la noruega tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, que también trabajó para Tullow», sostuvo Aguiar.
«Son algunas de las irregularidades que deja ver este tratado que impacta sobre la soberanía nacional, dando, entre otros conglomerados, a capitales británicos -un actor que tiene una ocupación colonial en este país- aún más derechos a avanzar estratégicamente sobre el territorio y poniendo áreas geopolíticas claves en manos de unas pocas empresas extranjeras que son las están en condiciones de plantar plataformas submarinas de exploración petrolera sin siquiera estudios de impacto ambiental», indicó.
«Vale la pena recordar que en 2016 la convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar se reconoció 1.782.500 kilómetros cuadrados más como parte de la plataforma continental argentina. Ahora, 38 bloques divididos en 225 mil kilómetros cuadrados de esta plataforma fueron licitados y de ellos 18 adjudicados para su exploración», concluyó Aguiar.
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UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
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ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
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Nueva fecha paritaria para estatales rionegrinos: Será el 8 de septiembre
Así lo acordaron el gobernador Weretilneck y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck se reunieron este lunes en Buenos Aires y acordaron para el 8 de septiembre una nueva reunión paritaria que será convocada por la Función Pública, de la cual también forma parte el gremio UPCN.
El sindicato había reclamado esta instancia luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio. Una porción mayoritaria de empleados públicos rionegrinos permanece aún sin conocer cuál será su ingreso en septiembre en un contexto económico turbulento.
«En un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público, es muy importante poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales», dijo Rodolfo Aguiar.
«Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo», agregó.
«También deben ser convocadas mesas en todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace mucho tiempo», dijo Aguiar.
