Río Negro
El gobierno intervino judicialmente a EdERSA por su deuda con CAMMESA
La deuda es superior a los 2.800 millones de pesos.

Esta mañana (20/05) la empresa EdERSA fue notificada de una medida judicial impulsada por el Gobierno de Río Negro, desde donde se solicitó la intervención de la compañía. Ello permitirá acceder a toda la documentación financiera y contable que la distribuidora resistía entregar para clarificar la situación en torno al inminente riesgo en la continuidad de la prestación del servicio eléctrico, derivado del no pago a CAMMESA de la electricidad que distribuye a sus más de 221.000 mil usuarios.
La empresa acumula una deuda superior a los 2.800 millones de pesos por el costo de la energía, lo cual pone en riesgo la prestación del servicio público de electricidad.
El secretario de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero, explicó en conferencia de prensa que la solicitud de intervención se hizo en el marco de la Ley de Sociedades Comerciales y tiene una vigencia inicial de 60 días, durante los cuales se deberá confeccionar un amplio informe que permitirá a la Provincia adoptar las medidas necesarias en defensa del interés público que se encuentra en juego.
La causa tramita en el Juzgado Comercial 9 de Cipolletti cuyo titular, Dr. Federico Corsiglia, designó como Interventor Veedor para cumplir con la medida cautelar al Cr. Cristian Pedro Skou, ex Director y CEO de Expofrut SA.
La solicitud de la intervención fue requerida a partir de la negativa recurrente por parte de la concesionaria a brindar todo tipo de información sobre la pública situación de morosidad que mantiene con CAMMESA, lo cual el propio magistrado entendió que “resulta, desde donde se lo mire, inadmisible”.
El 8 de abril pasado, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que es la empresa nacional mixta que administra las operaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista, publicó en diarios de circulación masiva una solicitada donde exponía la situación de morosidad crónica de la distribuidora EdERSA. Al 19 de marzo de este año, ya la deuda ascendía a $2.874.860.877,30, superando los dos períodos de facturación, pese a haber cobrado a sus usuarios ese costo de la energía que luego no trasladó a CAMMESA. Allí también se advertía que a partir del 15 de abril podría disminuir en forma mensual un 10% de su consumo histórico, lo cual apareja un deterioro en la calidad del suministro de un servicio público.
A través del EPRE como organismo regulador del servicio público y previo a esa publicación de CAMMESA, EdERSA ha negado en forma sistemática brindar información relativa al cumplimiento de sus obligaciones contractuales cada vez que le fue solicitada. Y esa negativa se mantuvo hasta la fecha.
“Si bien EdERSA siempre ha considerado y sostenido que la deuda que mantienen con el Mercado Eléctrico es una cuestión inherente exclusivamente a su manejo comercial y, por ende, ajeno a la competencia de la Provincia de Río Negro, nosotros como poder concedente y como autoridad de contralor del contrato a través del EPRE consideramos que eso no es así. Hay razones de interés público que hacen a que la deuda con CAMMESA pueda afectar a los usuarios”, evaluó Caldiero.
A partir del informe, el funcionario adelantó que podrán adoptar medidas para que no se siga agravando la situación del endeudamiento. “Está claro que la jurisdicción es exclusivamente provincial por lo que aquí no corresponde ninguna interferencia de parte de la Nación y de CAMMESA para determinar la suficiencia o no de una tarifa eléctrica”, sostuvo.
Finalmente, Caldiero anticipó que “también es posible que del informe del veedor puedan surgir elementos que aporten herramientas u obliguen a tomar otro tipo de decisiones que tienen que ver con la relación contractual con EdERSA pero que se tramitarán por la vía administrativa correspondiente”.
Judiciales
Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.

Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Política
La Provincia junto a los roquenses: 545 atenciones en IPPV en tu barrio
189 adjudicatarios se acercaron a querer cancelar su vivienda.

El plan de abordaje IPPV en tu barrio se instaló durante tres días en el Salón de las 500 Viviendas de General Roca, donde atendió a 545 personas que se acercaron por diferentes trámites relacionados a su vivienda.
«Una vez más, se cumplió con el objetivo de atender, escuchar y resolver los problemas a los vecinos», enfatizó el interventor del IPPV, Mariano Lavin.
En este marco, cabe destacar la colaboración de la Comisión Normalizadora de las 500 Viviendas al momento de coordinar cada jornada, tanto en la prestación de las instalaciones, como en la atención hacia los trabajadores del IPPV.
Cancelar y escriturar, los trámites más requeridos
En lo que hace a los trámites, se destacó la cantidad de adjudicatarios que se acercaron a querer cancelar su vivienda: 189. Incluso, muchos de ellos, pagaron el mismo día y volvieron para iniciar el trámite previo a la escrituración, que es obtener el certificado de cancelación, documento indispensable al momento de tramitar la escritura. Es así que el área de control habitacional del IPPV recepcionó 70 certificados de cancelación.
A su vez, 162 familias iniciaron el trámite de escrituración. Desde el IPPV se viene fomentando la importancia de tener el título de propiedad, que se traduce en tranquilidad para las familias.
También 50 vecinos se acercaron para regularizar su situación, aprovechando las facilidades de pago que ofrece el IPPV y, además, se registraron cambios de titularidad, readjudicaciones e inscripciones al registro de demanda.
Los tres días de atención estuvieron a cargo de un equipo del IPPV, quienes recepcionaron los distintos trámites y en la mayoría de los casos pudieron resolverlos.
El IPPV llega y los vecinos lo agradecen
Cada vecino que fue atendido, se mostró muy conforme que «queríamos agradecer; fue todo muy rápido y la atención divina», destacó Alicia Nievas. «Me voy contenta porque en unos meses me van a entregar mi título de propiedad’, sostuvo María González.
«Me atendieron muy bien y me voy con la nota, tengo que volver para arreglar algunas cosas, pero muy conforme con las chicas», enfatizó Mabel Lorente.
Río Negro
Registro Civil: Crece la demanda de trámites online en Río Negro
Aumentaron considerablemente la realización de trámites como las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial.

Con más de 20.000 gestiones realizadas en el primer semestre del 2025, el Registro Civil continúa acercando a la comunidad la posibilidad de realizar distintos trámites vinculados al organismo de manera online, facilitando el acceso a documentaciones de forma ágil y gratuita.
Se trata de las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial que hayan sido inscriptas en la provincia que pueden tramitarse vía online en https://registrocivilpartidas.rionegro.gov.ar y posteriormente recibirse vía email o retirarla en alguna de las 63 delegaciones con las que el Registro Civil cuenta en la Provincia en un máximo de 5 días hábiles.
Al respecto el director del Registro Civil, Pedro Sánchez, destacó que «es un trámite muy sencillo que forma parte de los 25 gratuitos que el gobernador Alberto Weretilneck decretó en nuestra provincia, y en lo que va del año totalizamos más de 45.000 tramitaciones realizadas para las y los rionegrinos sin costo alguno».
Asimismo, el funcionario agregó que «desde la gratuidad vemos una curva muy pronunciada con lo que tiene que ver en la solicitud de partidas, ya que en 2024 procesamos 17.000, mientras que en el primer semestre de este año contabilizamos 20.000, así que vamos en una tendencia a duplicar la cifra anterior».
De esta manera, el Registro Civil continúa trabajando para que todas y todos los vecinos de la provincia puedan acceder a las distintas gestiones pertinentes a la documentación de identidad de forma sencilla, en muchos casos sin la necesidad de trasladarse hacia una delegación.