Río Negro
El IPPV tendrá nuevo sistema de facturación en cuotas
El objetivo es lograr una cuota accesible, justa y solidaria.
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) pondrá en marcha un nuevo formato de facturación de las cuotas de amortización de las viviendas. El objetivo es lograr una cuota accesible, justa y solidaria, y que la finalidad de su cumplimiento posibilite que otros rionegrinos puedan acceder a su vivienda.
En este marco, el IPPV procederá al recupero de las obras ejecutadas, estableciendo cuotas, conforme a las nuevas condiciones de facturación. Entre ellas se establece: una cuota mínima de hasta el 20% de los ingresos familiares; plazo máximo de hasta 360 cuotas a una tasa de financiación del 3% (según plan francés de amortización) y un índice de actualización conforme al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), reajustable cada seis meses o según informe del INDEC. Además de subsidios reintegrables de acuerdo a la situación socio-económica de los beneficiarios.
De esta manera, el sistema propone que la determinación del precio de las cuotas esté integrado por la actualización del valor de la vivienda, acorde al valor del salario mínimo vital y móvil ($12.500 a junio de 2019).
Por otra parte, se podrán seguir realizando los pagos de las cuotas pactadas con los adjudicatarios en las modalidades de descuento por planillas de haberes para empleados públicos y municipales, pago por medios electrónicos -Pagomiscuentas.com y redes de cajeros automáticos y débitos bancarios- y por ventanilla -en sucursales de Rapipago, Pago Fácil, Correo Argentino, Banco Macro y Banco Patagonia-.
Para poner en funcionamiento el nuevo sistema, el IPPV ha realizado capacitaciones al personal de las delegaciones de Choele Choel, Río Colorado, Lamarque, Chimpay, General Roca, Allen, Villa Regina, Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel y Viedma. En una segunda etapa, en Sierra Grande, San Antonio Oeste y General Conesa. Próximamente, se completarán las capacitaciones en Los Menucos, Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche.
Crecimiento del recupero
Desde el organismo se está llevando a cabo el plan de Cancelación Total, a partir del cual se emitieron 6600 avisos de cuenta en condiciones de cancelar con importes de hasta $15.000. Su pago se fija hasta el 31 de julio del corriente año. Asimismo, se realizó el envío de 270 avisos a adjudicatarios con más de tres cuotas impagas, entre otras acciones de cobro.
El recupero ha ido creciendo positivamente en los últimos años, y comparativamente del periodo 06/18 a 06/19, se produjo un incremento interanual del 14,7% en la recaudación de las cuotas de amortización de las viviendas.
Esto, sumado al aporte de recursos provinciales, permitió la construcción de salones de usos múltiples especialmente en la Región Sur, y viviendas a través de los municipios.
Por este motivo, el IPPV apunta a promover entre los adjudicatarios la necesidad de atender a los vencimientos y mantener la cuota y el pago oportunamente convenido.
El recupero de deuda es fundamental para que se pueda reinvertir en la construcción de más viviendas, soluciones habitacionales y obras de infraestructura e equipamiento comunitario.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Río Negro
Los estatales de Río Negro dejan de estar obligados a permanecer en IPROSS y podrán elegir otra obra social
La Legislatura aprobó la reforma que elimina la obligatoriedad de permanecer en IPROSS. La opción alcanza a trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares.
Los trabajadores estatales de Río Negro podrán elegir libremente su obra social y dejar de estar obligados a permanecer en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), a partir de la reforma aprobada por la Legislatura provincial. La nueva norma establece un régimen de afiliación voluntaria u optativa que alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a sus grupos familiares.
La modificación cambia el esquema vigente y permite que quienes actualmente tienen afiliación obligatoria a IPROSS puedan optar por otra entidad para su cobertura de salud.
La opción tendrá determinadas condiciones. Quien decida cambiar de cobertura deberá permanecer durante un período mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese plazo, podrá optar por otra cobertura.
Además, una vez transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción, el afiliado podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.
La reforma también contempla situaciones vinculadas con tratamientos médicos. Durante el proceso de cambio deberá garantizarse la continuidad de los tratamientos, mientras que también se prevé el regreso a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.
De esta manera, el nuevo esquema modifica la relación entre los trabajadores estatales y la obra social provincial: IPROSS deja de ser la única alternativa obligatoria y los afiliados pasan a contar con la posibilidad de elegir otra cobertura.
El cambio había sido anunciado por el Gobierno provincial y finalmente fue convertido en ley por la Legislatura, que aprobó la iniciativa por 35 votos a favor y 9 en contra.
Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo escenario busca que IPROSS compita por mantener a sus afiliados a partir de la calidad de sus prestaciones y atención. Esa posición fue planteada públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck al presentar la iniciativa.
