Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».

«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.

En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.

«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.

El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).

Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno Nacional la inmediata reapertura de las paritarias antes del 31 de diciembre y reclamó un aumento de emergencia para recomponer el poder adquisitivo gravemente deteriorado en el último año. El sindicato anticipó que en el caso de que no haya convocatoria a las negociaciones salariales, podría determinar medidas de acción directa para el inicio del 2025.

«Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan ni para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Ante esta situación el dirigente apuntó que «necesitamos que sea compensando el grave deterioro que han tenido durante este año nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada».

«Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

En una nota dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, el sindicato exigió:

• Salarios dignos que, de acuerdo con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, aseguren como mínimo alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión;
• Aumentos salariales por encima de la inflación;
• Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados, como el del Personal Civil y Docente Civil de las FF.AA.-Seguridad-IOSFA,Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) y Profesionales de la Salud Dto. 1133/09;
• Asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público – pases a planta permanente;
• Cese del ajuste; los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023

Hasta el momento, la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional (Convenio Colectivo de Trabajo 214/06) superó el 40% en el 2024.

Cabe recordar que la Junta Interna de ATE en el INDEC, utilizando los datos recabados por el organismo, determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debería ser de $1.547.169.

Este lunes (22/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará acampes en los principales edificios públicos provinciales en Roca, Bariloche y Viedma. «Es en rechazo al congelamiento salarial y en demanda de la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre», informaron.

Desde el sindicato demandan a la provincia una compensación salarial y en este sentido, anunciaron que darán continuidad a las protestas durante las Fiestas si no existe respuesta al pedido de reapertura paritaria. En Roca, el acampe comenzará a las 6 de la mañana del lunes frente al edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria, en 9 de Julio y España. Asimismo, realizarán protestas también en Viedma y Bariloche.

«La política de aumento 0 del Ejecutivo Provincial golpea no sólo al bolsillo de los estatales sino también a toda la comunidad, ya que esa decisión comienza a impactar en el desfinanciamiento del sistema público de salud y educación y en todos los organismos del Estado», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.

«Los voceros del Ejecutivo mienten cuando dicen que los salarios superaron a la inflación. Se creen su propia fantasía: los servicios básicos, alquileres y combustibles superaron ampliamente la evolución de los salarios», agregó.

Si bien uno de los pedidos fue saldado por el Gobierno -el pago íntegro del aguinaldo antes del 24 de diciembre-, Aguiar insistió con que «el congelamiento salarial de los dos últimos meses empujó a miles de trabajadores bajo la línea de pobreza, que alcanza en la provincia al 56% de los ciudadanos -más que el promedio del país- y con esta decisión se incrementará drásticamente».

«Además demandamos la regularización de los trabajadores con contratos, un personal discriminado sin estabilidad laboral que tiene el derecho a estar en las mismas condiciones que el resto del personal con igual tarea, como dicta la Constitución Nacional», dijo por su parte Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.