Río Negro
Audiencia Pública: Se debatió la actualización de la tarifa de EdERSA
De aprobarse, el aumento implicaría una variación porcentual de más del 16%.
Con una decena de expositores se realizó ayer (18/07) en Cipolletti una audiencia pública en el marco de una revisión extraordinaria de la tarifa de la distribuidora EdERSA, para debatir la actualización de costos operativos y la apertura de nuevos centros de atención.
La audiencia pública fue convocada por el EPRE en Cipolletti para analizar el impacto en la tarifa eléctrica de actualizar costos a la principal distribuidora eléctrica de Río Negro.
El requerimiento de abrir las nuevas delegaciones en Cervantes, Río Villegas, Villa Llanquín, Lamarque y balneario El Cóndor, fue hecho de oficio por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que se hizo eco del reclamo de representantes sectoriales de las cinco comunidades aludidas tras el recorrido periódico por diferentes localidades donde el regulador no tiene presencia física. En total, los cinco sectores agrupan a 7.700 usuarios del servicio eléctrico según los registros expuestos por el regulador.
La distribuidora EdERSA posee en Río Negro 15 sucursales y 28 centros de gestión, cuyo funcionamiento es cubierto con la tarifa que pagan todos los rionegrinos.
Los representantes del EPRE mostraron que abrir los nuevos cinco centros de gestión demandará una inversión de $40.099.253. En la mayoría los casos, se prevé un espacio para atención al público con tres operarios y un vehículo liviano equipado para atender los requerimientos que puedan surgir en la jurisdicción. Actualmente, esa tarea se efectúa desde localidades vecinas, lo cual no sólo genera demoras sino que también produce desatenciones en el lugar de origen de quienes atienden los incidentes.
El presidente del EPRE, Néstor Pérez, aclaró que “la audiencia sólo debatió la actualización de los costos operativos luego de la última revisión tarifaria de 2017, más la incorporación de cinco centros de gestión, cuyo costo debe ser incorporado a la tarifa eléctrica que pagan los más de 210.000 usuarios que posee EdERSA en la provincia. Si bien no tiene un impacto significativo en la tarifa, el proceso debe incluir un momento de debate para que todos puedan expresarse a favor o en contra y eso fue lo que hicimos”.
El impacto en tarifa que se mostró, de aprobarse, implicaría una variación porcentual de la tarifa promedio de poco más del 16%, lo cual se distribuiría en la facturación total que pagan todos los rionegrinos que son usuarios de EdERSA.
Además de los referentes del organismo regulador, también participó el defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, César Domínguez; Walter Sequeira, en representación de la Federación de Entidades Empresariales de Río Negro; Franco Susca, por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; Guillermo Martínez, en representación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Valle Medio; Sebastian Hernández, titular de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro; más un usuario particular de General Roca y tres de Las Perlas.
Cabe añadir que el EPRE ya ha debatido en el último año en procesos similares la necesidad de abrir centros de atención de usuarios en Chimpay, Fernández Oro e Ingeniero Huergo, lo cual fue resuelto favorablemente. Los dos primeros ya están funcionando.
Política
En Río Negro, la Ley de Ficha limpia es la más exigente del país
No pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.
«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.
«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.
Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».
El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».
Judiciales
El STJ declaró abstracta la acción de amparo contra el Código Procesal Penal en Río Negro
Fue sancionada la Ley el pasado 18 de diciembre en la Legislatura.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró abstracta la acción de amparo presentada contra el tratamiento del proyecto de ley que sancionó el Código Procesal Constitucional. La decisión sostuvo que el objeto de la acción quedó sin efecto, ya que la Legislatura provincial abordó el tema en una sesión extraordinaria realizada el 18 de diciembre de 2024.
La acción, presentada por un grupo de ciudadanos el 17 de diciembre, planteaba que el proyecto imponía limitaciones a derechos fundamentales como la salud, el medio ambiente y el consumo, afectando además herramientas legales como el amparo colectivo. Sin embargo, el STJ destacó que no se acreditaron los requisitos indispensables para la procedencia de este tipo de acción, como la urgencia, la gravedad del daño o la inexistencia de otras vías legales para resolver la cuestión.
El dictamen del Procurador General también había considerado que la acción resultaba formalmente improcedente. Señaló que no se demostraba un obrar ilegal o arbitrario por parte de los poderes Ejecutivo o Legislativo, y que la cuestión estaba siendo tratada por el Poder Legislativo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Además, subrayó que el juez que recibió el amparo, y luego lo remitió al STJ, omitió analizar detalladamente los requisitos formales de la acción, lo que habría permitido advertir la falta de fundamentos para su admisibilidad.
En esa línea, el STJ recordó que, según su doctrina y la de la Corte Suprema de la Nación, no corresponde conocer o resolver cuestiones que se vuelven abstractas, ni asumir competencias propias de otros poderes del Estado. Reiteró que las acciones de amparo exigen acreditar condiciones estrictas como urgencia y daño irreparable, lo que no se verificó en este caso.
Asimismo, enfatizó que el amparo no debe ser utilizado como un mecanismo para obstaculizar el ejercicio regular de las funciones legislativas. Finalmente, el fallo dispuso no imponer costas, considerando las particularidades del caso y las deficiencias en el planteo inicial.
Judiciales
A través de un fallo judicial, un niño podrá viajar a Chile con su abuela para participar de un torneo de fútbol
La Justicia requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti resolvió autorizar el viaje de un niño de 12 años a la República de Chile para participar en un torneo de fútbol infantojuvenil. La solicitud fue presentada por su madre, quien requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
El fallo, dictado por el Juzgado de Familia N° 7, permitirá que el niño viaje acompañado de su abuela materna entre el 20 y el 31 de enero de 2025. Durante ese período, el menor participará en el evento deportivo en la ciudad de Angol y se alojará en un albergue local. Según la presentación judicial, esta actividad busca promover el desarrollo recreativo del niño y no incluye un cambio de residencia permanente.
En su resolución, el tribunal enfatizó el principio del interés superior del niño, previsto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la legislación nacional vigente. Citó, además, disposiciones del Código Civil y Comercial que requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores para la salida del país, salvo en casos excepcionales.
El fallo destacó que el progenitor del niño no ha mantenido contacto con él durante los últimos diez años y que su paradero es desconocido. Esta conducta, que fue calificada como abandono, no puede ser motivo para menoscabar los derechos del menor. Por ello, el juzgado decidió suplir el consentimiento paterno y autorizar la salida del país, en resguardo del interés superior del niño.
También se tomaron en cuenta pruebas testimoniales y el dictamen favorable de la Defensora de Menores, quien subrayó la importancia de priorizar el bienestar del niño. El fallo resaltó el derecho del menor al esparcimiento y la recreación, cuestión que se materializa en la participación de actividades deportivas.
La jueza dispuso que esta autorización no habilita una radicación definitiva en el extranjero. La mamá del niño, impulsó la acción judicial a través de abogados particulares con la suficiente antelación para poder coordinar la logística del viaje.
