Roca
Un grupo de comerciantes molestos por el «abuso» de ferias y eventos gastronómicos
Emitieron una dura carta a la Municipalidad pidiendo precisiones sobre los fondos públicos que se destinan para las mismas.
Un grupo de comerciantes autoconvocados de General Roca, emitieron un duro documento contra la Municipalidad de General Roca, a fin de solicitarle que «brinden informaciones y precisiones sobre los gastos realizados por la comuna local en distintos eventos gastronómicos con fines de lucro que son desarrollados por empresarios en espacios públicos y que continuamente están atentando contra el sector gastronómico local».
«No hace falta decirle que en este contexto recesivo y parálisis del comercio, han cerrado sus puertas en lo que va del año cuatro locales del rubro gastronómico en la ciudad. Por lo que le exigimos a la Municipalidad que actúe en consecuencia y revise sus acciones en la permisión de este tipo de eventos en espacios públicos, no sólo cediendo gratuitamente autorizaciones, sino que además, el uso sin control de fondos públicos hacia empresarios cuyo único fin es un alto rédito económico en días claves del mes», expresaron.
«Ya son varios años que venimos padeciendo esta situación sin control, y con la proliferación de distintas ferias denominadas gastronómicas, hay comerciantes que prefieren no abrir sus puertas durante los días que se programan estos eventos», explicaron en un comunicado de prensa.
Para este año se estima que se alcanzarán al menos ocho eventos de este tipo, entre la Ferias Semilla y Gula, CAIC Emprende y las ya instaladas Fiesta Aniversario y la Fiesta de la Manzana. «Estamos ante la presencia de un evento al mes, de los cuales el 90% se realiza en los días que deberían ser de alta rentabilidad para el negocio local que cumple mensualmente con sus obligaciones impositivas, masa salarial y pago a proveedores», criticaron.
«Por esto mismo, y ante la gran crisis del sector, solicitamos que nos informen si estos empresarios pagan un canon por el uso del espacio público y qué fondos se le destinan desde la Municipalidad hacia estos eventos, cantidad de empleados municipales con sus horas extras desde Bromatología, Tránsito, Servicios Públicos, Obras Públicas, Secretaría de Cultura y de Turismo, Prensa, más los pagos de artistas, escenario, sonido, baños químicos, vallados etc», detallaron los comerciantes autoconvocados.
A su vez, y ante la utilización de recursos públicos, «deseamos conocer quién selecciona a los puestos de venta, valor de los stands, cantidad de los mismos y el monto estimado de la recaudación total por la venta de espacios. Destino de dichos fondos y su correspondiente retorno a las arcas municipales si los hubiera, control de comerciantes oriundos de otras localidades, y la programación de estos eventos de acá a fin de año, así el sector comercial de la ciudad puede prever su oferta ante la baja demanda en dichas jornadas».
Finalmente aclararon que «no estamos en contra de actividades recreativas en espacios públicos promovidas desde la Municipalidad, pero estamos en presencia de un abuso de los mismos y esto denota una falta total de conocimiento por parte de funcionarios municipales sobre el sector comercial de la ciudad y su plaza de consumo por habitante».
Policiales
Cambió su moto por otra y descubrió que era robada
El damnificado decidió presentarse voluntariamente en la unidad policial luego de conocer el verdadero origen del rodado.
Un hombre de 29 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de realizar un intercambio de motocicletas y descubrir que el rodado recibido tenía pedido de secuestro por robo. El hecho es investigado por personal de la Comisaría 47° de J.J. Gómez, en General Roca.
Según informó la Policía, el denunciante se presentó el lunes (06/07) por la tarde en la dependencia y explicó que el pasado sábado (04/07), entre las 17 y las 18, había concretado un intercambio con un hombre domiciliado en Allen. En la operación entregó una motocicleta Brava 250 cc y recibió una TVS 125 cc.
Sin embargo, al intentar realizar la transferencia del vehículo, tomó conocimiento por parte de quien sería el propietario de la motocicleta de que el rodado había sido sustraído. Posteriormente, a través de información obtenida en redes sociales, confirmó las sospechas y decidió trasladar la moto hasta la unidad policial.
Tras verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que la TVS 125 cc registraba un pedido de secuestro vigente por robo calificado, emitido el 29 de septiembre de 2025 a requerimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca.
Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada y se recepcionó la denuncia por una presunta estafa. La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió la maniobra e identificar a los posibles responsables.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
Judiciales
Imputaron al conductor de la camioneta por la muerte de Jairo Lavacara en Guerrico
El Ministerio Público Fiscal atribuyó al joven de 22 años una maniobra negligente al girar en U sobre una calle rural de Guerrico.
La Justicia imputó este martes (07/07) a un joven de 22 años por el choque ocurrido el domingo (05/07) por la tarde en una calle rural de Guerrico, que terminó con la muerte de Jairo Agustín Lavacara, el motociclista de 19 años oriundo de General Roca.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado conducía una Volkswagen Tiguan y que, alrededor de las 18.15, se encontraba detenido sobre la banquina en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Nahuel Huapi. Según la acusación, inició una maniobra de giro en U «sin verificar y de manera negligente y antirreglamentaria», interponiéndose en la trayectoria de varias motocicletas que circulaban por el lugar.
Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, una Honda CRV 250 conducida por Lavacara no logró evitar la colisión contra el lateral izquierdo de la camioneta. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte.
El fiscal Ricardo Romero atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, calificación que fue aceptada por la jueza de Garantías María Gadano, quien tuvo por formulados los cargos e inició formalmente la investigación penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran el acta de procedimiento confeccionada por la Comisaría 54° de Allen, testimonios de personas que viajaban en la Tiguan, la documentación del vehículo, la póliza de seguro, la licencia de conducir del imputado, el resultado negativo del test de alcoholemia, el informe técnico del Gabinete de Criminalística y las fotografías obtenidas durante las pericias realizadas en el lugar del siniestro.
Por su parte, el defensor particular Miguel Zeballos Díaz se opuso a la formulación de cargos y destacó que su asistido permaneció en el lugar del hecho, dio aviso a la Policía e intentó asistir a la víctima tras el choque.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que el imputado deba presentarse periódicamente en una comisaría, mantener el domicilio informado ante la Justicia, conservar su número telefónico, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y no mantener contacto con familiares o allegados de la víctima.
La jueza hizo lugar al pedido fiscal, impuso las medidas cautelares solicitadas y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
