Río Negro
Promueven modificaciones a la Ley de Tránsito provincial
Ahora la Agencia Provincial de Seguridad Vial podrá autorizar las fotomultas en las rutas de Río Negro.
La comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo avaló ayer (31/07) la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Tránsito Provincial, en cuanto a la competencia de la Provincia sobre todas las rutas y caminos que se encuentren dentro de su territorio, en materia de seguridad vial y control de tránsito.
La iniciativa fue presentada por el subsecretario de Seguridad Vial de Río Negro, Marcelino Di Gregorio que expresó que “la Agencia Provincial de Seguridad Vial podrá autorizar el uso de instrumentos cinemómetros (fotomultas) y otros equipos o sistemas automáticos o semiautomáticos en las rutas de la provincia”.
Teniendo en cuenta la derogación de los decretos que autorizaban a las Comisiones de Fomento a expedir licencias de conducir, y considerando que la Provincia se encuentra adherida al Sistema Nacional de Licencias, Di Gregorio informó que se incorporará la dirección de Municipios al Consejo Provincial, en reemplazo de la dirección de Comisiones de Fomento.
Por último, el proyecto incorpora que se exceptúe del beneficio del pago voluntario a la infracción por alcoholemia positiva, en virtud de la gravedad de la misma y en concordancia con las restantes jurisdicciones tanto a nivel municipal, provincial y nacional, y se determina la retención del vehículo y/o licencia de conducir.
Gestión integral de residuos sólidos urbanos
En otro orden, la comisión aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que establece los objetivos y procedimientos de protección ambiental aplicables a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la Provincia de Río Negro.
El secretario Legal y Técnico de la provincia, Guillermo Ceballos, presentó en la comisión la iniciativa que “establecerá un marco institucional que contenga las directrices y lineamientos de la política ambiental en materia de G.I.R.S.U en Río Negro”.
Por su parte, la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Nancy Peilman se refirió a los objetivos que persigue el proyecto que busca efectivizar la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos por parte de todos los Municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia.
Como autoridad de aplicación, se propone a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia o, el organismo provincial que como máxima autoridad en materia ambiental en el futuro la reemplace.
El bloque del Frente para la Victoria se tomó las 48 horas para evaluar la iniciativa.
Otros proyectos
Al inicio de la comisión, fue avalado la norma que establece el Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda (PPFV), El Consejo Asesor y el Fondo Específico para la Construcción y Refacción de viviendas de los estatales sindicalizados en ATE.
En otro orden, se aprobó la adhesión a la ley nacional que establece un marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponda al Estado provincial o a los municipios, a los fines de proceder a su descontaminación y compactación en forma previa a su disposición en calidad de chatarra.
Serán automotores a disposición de esta iniciativa, los automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, micrómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aún cuando no estuvieran carrozados y los motovehículos.
Finalmente, la comisión aprobó un proyecto destinado a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación dominios catastrales de la localidad de Ingeniero Huergo y la designación con el nombre de “Emilio Belenguer” a la ruta provincial N° 251, que nace en la zona de Río Colorado y concluye en la ruta N° 3 intersecciones con la ruta provincial N° 2 en cercanías de San Antonio Oeste.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Río Negro
Rutas 6 y 8: Histórico pavimento urbano para El Cuy
Será la primera Comisión de Fomento de Río Negro en contar con pavimento urbano.
El Gobierno de Río Negro avanza con una obra clave para la integración territorial y suma un hito histórico en El Cuy: la localidad será la primera Comisión de Fomento en contar con pavimento urbano, en el marco de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y N° 8.
En este contexto, Vialidad Rionegrina ejecuta la pavimentación de calles colectoras paralelas a la Ruta N° 6, junto con la iluminación de ambas banquinas, lo que transformará el paso por la localidad en una verdadera travesía urbana. Ya comenzaron los movimientos de suelo y la construcción de dársenas de giro y colectoras, mejorando la circulación y reforzando la seguridad vial.
El impacto es directo: accesos completamente asfaltados, mejor conectividad y condiciones para el desarrollo local. Se trata de un cambio estructural para la comunidad, que por primera vez contará con pavimento urbano, facilitando el acceso a servicios y generando nuevas oportunidades.
La obra forma parte de la intervención vial más importante de la provincia, con más de 180 kilómetros de repavimentación en las Rutas N° 6 y N° 8, a lo que se suman banquinas asfaltadas, nuevas dársenas en empalmes estratégicos y espacios de control de cargas para preservar la infraestructura.
Un corredor que integra y proyecta desarrollo
El proyecto fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur, consolidando un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Cada obra responde a un plan: mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
