Judiciales
Una obra social deberá garantizar una cirugía de adecuación de sexo a una persona trans
Se trata de la cobertura integral de una “neovaginoplastia”.
El pasado 15 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el defensor público oficial Pablo Matkovic y disponer que la Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC) le otorgue a Lhuanna Díaz, en el plazo de cinco días, la cobertura integral de una “neovaginoplastia” para adecuar su sexo al género autopercibido. El fallo lleva la firma de los camaristas Mariano Roberto Lozano, Richar Fernando Gallego y Ricardo Guido Barreiro.
Lhuanna Díaz se encontraba realizando un tratamiento hormonal para readecuar su cuerpo a la identidad autopercibida y presentó ante OSECAC el último 4 de enero un turno con un cirujano especialista en vaginoplastía para culminar el proceso de readecuación de género. La obra social se negó a prestarle el servicio, alegando que Díaz debía presentar un informe psicológico para acceder a la cobertura. Tras una intimación a la obra social mediante carta documento y la falta de respuesta, el defensor público coadyuvante Juan Manuel Kees solicitó a la obra social que le otorgue a Lhuanna Díaz un turno para realizarse los exámenes correspondientes para poder llevar adelante la operación, pero OSECAC tampoco hizo lugar a lo requerido.
Ante esta situación, el defensor público oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Neuquén, Pablo Matkovic, solicitó ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de María Carolina Pandolfi el dictado de una medida cautelar, fundando su pedido en tratados internacionales, legislación nacional y jurisprudencia local en torno al efectivo cumplimiento del derecho a la identidad y a la salud de quienes componen el colectivo LGBTIQ+, en especial de las personas trans, para que la obra social no retrase más la realización de la intervención quirúrgica requerida. La jueza entendió que la demora en la prestación del servicio por parte de OSECAC no constituía un daño irreparable a la salud de Lhuanna Díaz ni a los derechos invocados y rechazó la solicitud hecha por el defensor.
Tomando como base los Principios de Yogykarta, los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional y la Ley de Identidad de Género Nº 26.743, el 5 de agosto Matkovic presentó una apelación alegando que “por la índole de los derechos en juego”, el factor temporal es decisivo para el desarrollo de la personalidad de Díaz y su identidad de género, dado que cada día de retraso importa la irreversibilidad en su condición física, provoca un claro detrimento en el derecho a ejercer su identidad autopercibida y la adecuación de su cuerpo a ella. Además entendió que exigirle a cada persona `trans´ que haya decidido operarse la presentación de informes o estudios psicológicos y/o soportar el silencio de la obra social ante su petición no hace más que profundizar un contexto de discriminación hacia quienes son titulares de estos derechos.
Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro, hizo lugar a la apelación interpuesta por Matkovic, revocó la resolución de la jueza Pandolfi y dispuso que OSECAC dé la cobertura integral de la cirugía de “neovaginoplastia” en el plazo de cinco días, facilitándole a Lhuanna Díaz un turno con un médico especialista.
Judiciales
Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
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Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
Judiciales
La abuela deberá pagar una parte de la cuota alimentaria por el aporte insuficiente del padre
La Justicia dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
El padre se fue a otra provincia, dejó de aportar, casi no llama y, cuando lo hace, es para explicar que no tiene trabajo formal. Mientras tanto, su hija creció bajo el cuidado exclusivo de la madre, sin colaboración económica del progenitor y con apoyo limitado de la abuela materna.
Frente a esta situación, la madre acudió al fuero de Familia de Bariloche para pedir una actualización de la cuota alimentaria y solicitó también que se incorporara al proceso a los abuelos paternos. El planteo se apoyó en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que permite extender la obligación a los ascendientes cuando el padre o madre obligado no cumple o no puede hacerlo.
El padre se presentó en una audiencia y ofreció pagar $100.000 mensuales. Dijo que trabajaba en la construcción, sin relación de dependencia, y que sus ingresos eran variables. Informó que vivía con sus padres en la ciudad de Federal, Entre Ríos. La propuesta fue rechazada, pero aceptada de manera provisoria mientras avanzaba el proceso.
Más adelante se presentó la abuela paterna. Alegó que no tenía relación con su nieta, que su hijo no vivía con ella de forma permanente y que su situación económica era frágil. Explicó que percibía una jubilación mínima y que había estado acompañando el tratamiento médico de su esposo, quien falleció durante la tramitación de la causa.
Los informes reunidos durante la etapa probatoria confirmaron que la adolescente vive con su madre, asiste a una escuela privada con beca parcial, está afiliada a una obra social y no recibe asistencia regular del padre. El informe socioambiental describió una relación esporádica, casi nula, entre el padre y su hija, y registró ingresos informales del progenitor. Los testigos señalaron que la madre sostiene sola la crianza y que el padre se desvinculó tanto afectiva como económicamente.
Con estos elementos, la jueza dio por acreditada la dificultad del progenitor para cubrir en forma completa la obligación alimentaria y resolvió fijar un esquema mixto. Dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
La sentencia citó normativa nacional y convencional sobre la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También destacó el valor económico del trabajo de cuidado y sostuvo que, pese a la situación de vulnerabilidad que puede atravesar una persona mayor, en este caso las más afectadas por la falta de recursos eran las adolescentes.
La magistrada estableció que la cuota asignada a la abuela cesará cuando el padre pueda asumir la obligación alimentaria en su totalidad. Recordó además que las cuotas alimentarias no son definitivas y pueden revisarse si cambian las circunstancias.
