Política
Aprobaron la Ley de Emergencia Alimentaria
Fue luego de una sesión breve que estuvo consensuada entre los bloques del oficialismo y la oposición y que se desarrolló en un clima de tranquilidad.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde (12/09) el proyecto consensuado sobre emergencia alimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores, en una sesión que contó con la presencia del oficialismo, que aceptó tratar la iniciativa. Ahora será el Senado el que tenga que definir la otra media sanción para que el proyecto se convierta en Ley.
Hubo 222 votos afirmativos, ningún voto negativo y una abstención. La votación se llevó a cabo luego de un debate breve en el que hablaron los presidentes de los bloques y uno de los legisladores de cada espacio. La dinámica se acordó entre los diferentes sectores políticos.
Luego del pedido de Nicolás Del Caño (FIT) para tratar otros temas durante la sesión parlamentaria, Daniel Arroyo (Red por Argentina) afirmó que «estamos hablando de una ley que ayudar a ponerle un piso a la caída social, es evidente que hay un problema de hambre en Argentina, hay un problema de malnutrición». «Estamos ante una etapa difícil, nadie tiene que encender la mecha, nadie tiene que tirar la piedra», agregó.
Por su lado, Héctor «Toty» Flores (Cambiemos) afirmó que el oficialismo acompañará el proyecto, aunque afirmó no «coincidir con la magnitud de la situación que se está viviendo». «Es necesario acompañar a la gente que está sufriendo con la crisis cambiaria del año pasado y que se ha profundizado con la crisis post PASO», señaló.
A su vez, recordó que «pasaron varios gobierno desde la declaración de la Emergencia Social, 18 años en la Argentina, donde no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este gobierno, con las obras que está haciendo, cloacas, asfalto, lo venía haciendo en los dos primeros años de gestión». «Hubo emergencia social cuando la economía no crecía y hubo emergencia social cuando crecía a tasas chinas y el precio de la soja era de 600 dólares», agregó.
Luego se manifestaron los diputados Juanjo Bahillo (PJ, Entre Ríos) y Carlos Castagneto (PJ bonaerense), Alejandro Ramos (Primero Argentina) y Cecilia Moreau (Frente Renovador), quién aseguró: «El modelo de concentración económica no fue una cadena de errores, sino un plan sistemático de aniquilamiento de las clases medias y más humildes y no alcanza con beneficencia».
También Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Somos), Del Caño. «No nos engañemos, lo que se va a pagar este año de intereses de la deuda equivale a 40 veces las políticas alimentarias en Argentina, hay algo que no cierra para las mayorías populares», afirmó el diputado del Frente de Izquierda.
Y agregó que «no es como dice el candidato del Frente de Todos (Alberto Fernández) que hay que evitar las calles, sino todo lo contrario, es el único medio para conquistar las demandas. Nos quieren engañar diciendo que ahora hay que quedarse tranquilos, que hay que aceptar la situación a la que nos ha llevado este Gobierno y sus cómplices». En el mismo sentido se manifestó Romina del Plá.
La iniciativa, que se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
En la previa del debate parlamentario, la diputada Graciela Camaño recordó que el país viene con una economía deprimida en un contexto inflacionario que, luego de la fuerte devaluación post las PASO, provocó el ingreso a la pobreza y a la indigencia de muchos argentinos..
También la diputada nacional por Río Negor e intendenta electa de General Roca, María Emilia Soria, tuvo la palabra. «El hambre no puede esconderse en una planilla de Excel, por eso hoy estamos aprobando la Emergencia para empezar a devolverle a cada argentino lo que Macri le quitó», sostuvo.
Añadió finalmente que «el municipio de Roca haya sido uno de los primeros en el país en haber declarado la Emergencia Alimentaria, para hacerle frente a la pobreza y el hambre que generó el gobierno de Macri».
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
Judiciales
Weretilneck eleva proyecto de Ley de Reiterancia a la Legislatura: ¿De qué se trata?
El gobernador dijo que «buscamos terminar con la llamada ‘puerta giratoria’, donde los delincuentes quedan libres después de cometer un delito tras otro.
El Gobierno de Río Negro avanza en «una agenda de reformas para mejorar la seguridad, garantizar justicia efectiva y proteger a las víctimas, colocando a la población en el centro de cada decisión», destacaron desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alberto Weretilneck elevó el proyecto de Ley de Reiterancia, que se suma a la Ley de Prisión en doble instancia, ya sancionada y en vigencia. Dos acciones que marcan un cambio profundo para beneficiar directamente a las y los rionegrinos.
El proyecto de Ley de Reiterancia, que será tratado en la próxima sesión legislativa, suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado. Permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. Así, se busca terminar con la llamada «puerta giratoria», que deja en la calle a quienes cometen un delito tras otro. Con esta iniciativa, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro.
«Con la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva estamos del lado de las víctimas y de los vecinos que sufren la inseguridad cotidiana. Estas leyes son una muestra de carácter y decisión para frenar a quienes burlan el sistema y siguen delinquiendo una y otra vez», destacó el gobernador Weretilneck.
La ley que posibilita la prisión en doble instancia asegura que las penas se cumplan en tiempo real: las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer libres mientras esperan resoluciones extraordinarias. Esto significa que las víctimas y sus familias no deben soportar durante años la injusticia de ver en libertad a quienes ya fueron condenados. Garantizar que las penas se cumplan rápidamente da tranquilidad a la sociedad, refuerza la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias reales.
Además, se impulsa la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen con los perfiles de condenados e imputados por delitos dolosos. Esta herramienta moderna ayudará a esclarecer delitos más rápido y con mayor precisión, dando respuestas a las víctimas y evitando nuevos hechos.
El gobernador Weretilneck remarcó que estas reformas reflejan un rumbo claro para la provincia. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», concluyó.
