Política
Aprobaron la Ley de Emergencia Alimentaria
Fue luego de una sesión breve que estuvo consensuada entre los bloques del oficialismo y la oposición y que se desarrolló en un clima de tranquilidad.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde (12/09) el proyecto consensuado sobre emergencia alimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores, en una sesión que contó con la presencia del oficialismo, que aceptó tratar la iniciativa. Ahora será el Senado el que tenga que definir la otra media sanción para que el proyecto se convierta en Ley.
Hubo 222 votos afirmativos, ningún voto negativo y una abstención. La votación se llevó a cabo luego de un debate breve en el que hablaron los presidentes de los bloques y uno de los legisladores de cada espacio. La dinámica se acordó entre los diferentes sectores políticos.
Luego del pedido de Nicolás Del Caño (FIT) para tratar otros temas durante la sesión parlamentaria, Daniel Arroyo (Red por Argentina) afirmó que «estamos hablando de una ley que ayudar a ponerle un piso a la caída social, es evidente que hay un problema de hambre en Argentina, hay un problema de malnutrición». «Estamos ante una etapa difícil, nadie tiene que encender la mecha, nadie tiene que tirar la piedra», agregó.
Por su lado, Héctor «Toty» Flores (Cambiemos) afirmó que el oficialismo acompañará el proyecto, aunque afirmó no «coincidir con la magnitud de la situación que se está viviendo». «Es necesario acompañar a la gente que está sufriendo con la crisis cambiaria del año pasado y que se ha profundizado con la crisis post PASO», señaló.
A su vez, recordó que «pasaron varios gobierno desde la declaración de la Emergencia Social, 18 años en la Argentina, donde no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este gobierno, con las obras que está haciendo, cloacas, asfalto, lo venía haciendo en los dos primeros años de gestión». «Hubo emergencia social cuando la economía no crecía y hubo emergencia social cuando crecía a tasas chinas y el precio de la soja era de 600 dólares», agregó.
Luego se manifestaron los diputados Juanjo Bahillo (PJ, Entre Ríos) y Carlos Castagneto (PJ bonaerense), Alejandro Ramos (Primero Argentina) y Cecilia Moreau (Frente Renovador), quién aseguró: «El modelo de concentración económica no fue una cadena de errores, sino un plan sistemático de aniquilamiento de las clases medias y más humildes y no alcanza con beneficencia».
También Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Somos), Del Caño. «No nos engañemos, lo que se va a pagar este año de intereses de la deuda equivale a 40 veces las políticas alimentarias en Argentina, hay algo que no cierra para las mayorías populares», afirmó el diputado del Frente de Izquierda.
Y agregó que «no es como dice el candidato del Frente de Todos (Alberto Fernández) que hay que evitar las calles, sino todo lo contrario, es el único medio para conquistar las demandas. Nos quieren engañar diciendo que ahora hay que quedarse tranquilos, que hay que aceptar la situación a la que nos ha llevado este Gobierno y sus cómplices». En el mismo sentido se manifestó Romina del Plá.
La iniciativa, que se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
En la previa del debate parlamentario, la diputada Graciela Camaño recordó que el país viene con una economía deprimida en un contexto inflacionario que, luego de la fuerte devaluación post las PASO, provocó el ingreso a la pobreza y a la indigencia de muchos argentinos..
También la diputada nacional por Río Negor e intendenta electa de General Roca, María Emilia Soria, tuvo la palabra. «El hambre no puede esconderse en una planilla de Excel, por eso hoy estamos aprobando la Emergencia para empezar a devolverle a cada argentino lo que Macri le quitó», sostuvo.
Añadió finalmente que «el municipio de Roca haya sido uno de los primeros en el país en haber declarado la Emergencia Alimentaria, para hacerle frente a la pobreza y el hambre que generó el gobierno de Macri».
Gremios
UnTER exige una paritaria real y advierte que sin respuestas no habrá inicio de clases
El reclamo fue presentado al gobernador Weretilneck durante el inicio de la Regata del Río Negro. La negociación salarial será el 22 de enero.
Este jueves (08/01), el gremio docente UnTER recibió la convocatoria a paritarias para el miércoles 22 de enero, una instancia que, según señalaron, «debió haberse realizado hace más de tres meses». Desde la cúpula del sindicato advirtieron que «la demora evidencia una falta de voluntad política del Gobierno Provincial para dar respuestas en tiempo y forma a las demandas del sector educativo».
Durante la jornada, además, la nueva conducción de UnTER entregó una nota formal al gobernador Alberto Weretilneck en el marco del acto de inicio de la 50° Regata Internacional del Río Negro, reiterando la exigencia de una convocatoria urgente a paritaria.
En este sentido, desde el gremio denunciaron que «el Ejecutivo provincial mantiene una política de dilación que profundiza el atraso salarial, dejando los ingresos del sector muy por debajo de la canasta familiar patagónica y deteriorando de manera sostenida las condiciones de vida de quienes garantizan el derecho social a la educación».
Exigieron que la próxima reunión «no sea solo una formalidad, sino una paritaria real, con una propuesta concreta de recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido». También reclamaron definiciones claras sobre condiciones laborales y pedagógicas para todo el colectivo docente.
Finalmente, advirtieron que «sin una recomposición salarial no hay otra cosa que ajuste» y remarcaron que «continuaremos reclamando respuestas», al tiempo que señalaron que «sin soluciones a los reclamos planteados no estaría garantizado el inicio del ciclo lectivo 2026 en Río Negro».
Política
Renunció la presidenta del IPROSS y se convierte en la segunda baja del gabinete provincial
La dimisión de Marcela Ávila se suma a la salida del ministro Fabián Gatti.
La presidenta del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), Marcela Ávila, presentó su renuncia al cargo ante el gobernador Alberto Weretilneck, «dando por finalizada una etapa de transformación institucional orientada al ordenamiento, la modernización y el fortalecimiento integral de la obra social provincial», destacaron desde el Gobierno provincial. La dimisión oficial se conoció el jueves (08/01).
En su nota de renuncia, Ávila expresó haber desempeñado sus funciones con «responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, priorizando en todo momento el resguardo del interés institucional y el bienestar de los más de 163.000 afiliados y afiliadas del IPROSS. Haber integrado este equipo de Gobierno ha sido un honor, manifestó.
«Durante su gestión, la obra social provincial atravesó un proceso integral de reorganización, con avances concretos en infraestructura, administración financiera, digitalización de procesos y ampliación de coberturas, consolidando un sistema más eficiente, transparente y cercano a sus afiliados», indicaron al respecto desde el Ejecutivo rionegrino.
La salida de Ávila se convierte en la segunda renuncia del año dentro del gabinete provincial, tras la dimisión de Fabián Gatti, ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro en los primeros días de esta semana. La renuncia de Gatti sería netamente por motivos personales y, si bien ya estaría definido su reemplazo, aún no fue anunciado oficialmente.
Cabe recordar que el gobernador Weretilneck había planteado la necesidad de un recambio en algunas áreas de gestión de cara a la segunda etapa de su mandato y tras la derrota en las elecciones de medio término del año pasado, donde Juntos Somos Río Negro no obtuvo ninguna banca ni en la Cámara de Senadores ni en Diputados, quedándose sin representantes en el Congreso Nacional.
Gremios
ATE tildó de «obsceno» el aumento del 90% para los funcionarios del Gobierno Nacional
«Son unos caraduras y sinvergüenzas», dijo Aguiar.
Luego de que los funcionarios del Poder Ejecutivo aumentaran sus sueldos en un 89,8% mediante el decreto 931/25, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino» y sentenció que «son unos caraduras y sinvergüenzas».
«Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público. Finalmente no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él», agregó el referente estatal.
En esta línea, el dirigente detalló que «es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre. Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta».
«Se trata de una medida que profundiza el malestar generalizado que ya existía en el Estado. Rechazamos y repudiamos que con el dinero de los contribuyentes, que con la nuestra esta gente se garantice ingresos mensuales exorbitantes. Esto también tiene que ser considerado en nuestro próximo plenario», concluyó Aguiar.
Cabe señalar que los porcentajes que se vuelcan en sus sueldos los funcionarios son los mismos dados en la paritaria central (CCT 214) en el período comprendido entre enero del 2024 y julio del 2025, acumulando una suba del 89,8%.
