La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a partir de las 00 horas del lunes (29/04) y se paralizarán las exportaciones y controles sanitarios en todo el país. «Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado», aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

La medida surge a partir del dictamen de mayoría al proyecto de Ley Bases, firmado este jueves (25/04) en la Cámara de Diputados, el cual «propicia una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el SENASA», indicó Aguiar. Por eso, el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario.

«El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país», sostuvo el referente estatal.

Aguiar indicó que «si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo». Detalló que «pretenden dejar sobre la órbita del SENASA solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana».

«El Gobierno tiene que exceptuar al SENASA de los organismos alcanzados por la ley», concluyó el secretario general de ATE. El sindicato resaltó la importancia de contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional.

Un organismo de alto rendimiento

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

«Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón)», informaron desde ATE.

«Además, no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales», agregaron.

Después de un exhaustivo análisis respaldado por el asesoramiento de un ingeniero aeronáutico de vasta trayectoria, el gobernador Alberto Weretilneck decidió desprenderse de la aeronave Cessna Citation V Ultra LV-KFV, propiedad del Estado, por resultar antieconómico. La Provincia también venderá la aeronave Piper Azteca bimotor de seis plazas, recuperada en 2019.

Desde su adquisición, el costo operativo del Cessna por kilómetro de vuelo sanitario realizado ha sido para el Estado Provincial más del triple que si hubiera contratado el mismo servicio en el sector privado. La aeronave Cessna Citation se encuentra en estado aeronavegable, apta para su operación, pero no posee actualmente la habilitación para realizar la operación de Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (RAAC 119 y 135, STAS), sino que se encuentra habilitada únicamente para aviación general y evacuación sanitaria (RAAC 91).

De acuerdo al informe del Ingeniero Aeronáutico Kornisiuk, se concluyó que resulta un perjuicio económico para la Provincia mantener en su patrimonio la aeronave y proveerse de servicios de vuelos sanitarios por administración a través de la misma, siendo económica y operativamente más conveniente y menos riesgoso contratar el servicio de vuelos sanitarios con prestadores privados.

Se advierte en esta instancia, que llamativamente el procedimiento de adquisición de la aeronave encarado por la Provincia de Río Negro en el año 2019 no estuvo precedido de un estudio de mercado que demostrara la conveniencia para los intereses del Estado Provincial, de adquirir una aeronave de estas características para cubrir las necesidades de vuelos sanitarios.

El costo de operación y mantenimiento de la aeronave ha sido significativamente alto, superando los $18,10 por kilómetro de vuelo sanitario, en comparación con los $6 a $7 que costaría contratar el mismo servicio con un proveedor privado.

En relación a la proyección de erogaciones futuras hay que tener presente que según los informes y el asesoramiento recabado, los costos que se estiman erogar en el corto plazo ascienden a la suma de USD 845.699, por mantenimiento programado y correctivo.

Cabe señalar que la tasa de utilización de la aeronave por parte del Estado Provincial es baja, con un promedio de apenas dos vuelos sanitarios por mes desde su adquisición hasta finales de 2023, lo que incrementa el costo operativo por kilómetro recorrido.

La gestión administrativa y los esfuerzos para mantener y operar el avión propio son considerables, involucrando la coordinación de diversas tareas y jurisdicciones. Ninguno de los pilotos contratados por la Provincia cumple con las horas de vuelo necesarias para actuar como comandantes, lo que ha llevado en ocasiones a operar la aeronave asumiendo riesgos no recomendados.

El Estado de Río Negro ha erogado un total de USD 4.995.499,93 en la operación y mantenimiento desde su adquisición hasta marzo de 2024. De esta suma, USD 3.500.000 corresponden al costo de la aeronave, incluyendo otros gastos asociados. Esto implica que los costos operativos ascendieron a USD 1.495.499,93.

Durante este período, el avión realizó 40 vuelos sanitarios, recorriendo 82.589 kilómetros en total. Esto significa que el costo por kilómetro de vuelo sanitario para la provincia fue de más de USD 18,10, calculado dividiendo el costo operativo total por la distancia recorrida.

En tanto, se prevé un próximo mantenimiento en julio de 2024, con un costo pendiente de USD 121.500 a cargo de la empresa vendedora. Ante estas dificultades y considerando que el costo operativo ha sido más del triple que si se hubiera contratado el servicio con un proveedor privado, el gobernador Weretilneck avanzará con la venta, junto con el equipo sanitario, mediante licitación pública para garantizar transparencia y obtener el mejor precio posible.

Luego de que diversos referentes del Gobierno Provincial manifestaran su apoyo a la marcha universitaria, el legislador Juan Martin (PRO-Unión Republicana) señaló que «además de preocuparse por las universidades nacionales, Juntos Somos Río Negro debería ocuparse de la educación en la provincia».

A través de la red social X, el parlamentario celebró que «la discusión sobre las universidades haya hecho que Juntos Somos Río Negro se preocupe por la educación pública. Ahora, hace falta que además de echarle la culpa al Gobierno Nacional se hagan cargo de lo que pasa con la educación en la provincia».

«Estamos de acuerdo en defender una universidad pública y de calidad. Pero esto también significa que los fondos que se invierten puedan ser auditados y que los contenidos no sean simple adoctrinamiento», señaló Juan Martin, aunque advirtió que «esto no sólo aplica a las universidades, sino a todo el sistema educativo».

El legislador del PRO-Unión Republicana planteó que «a la hora de referirse a las universidades, que son competencia nacional, son los primeros defensores de la educación. En cambio, en la provincia las escuelas se caen a pedazos, los docentes cobran miserias y los alumnos no aprenden».

En esta línea, recordó su proyecto de emergencia educativa, cuyo tratamiento legislativo el oficialismo bloquea desde hace años. «Si queremos hablar en serio sobre educación, lo primero que deberían hacer es habilitar el debate sobre la emergencia educativa en la provincia», indicó.