Río Negro
Río Negro adhirió a la “Ley Micaela”
Establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
La Legislatura de Río Negro aprobó hoy (20/09) la iniciativa para adherir a la Ley Nacional (Nº 27499) que establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
El proyecto, que fue aprobado en primera vuelta, propone que el órgano de aplicación en Río Negro sea el Consejo Provincial de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Carina Pita, autora del proyecto junto a Marcelo Mango (Frente de Todos), explicó que esta ley, sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2018, lleva el nombre de la joven Micaela García, de 21 años, violada y asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de violación que gozaba del beneficio de libertad condicional.
Afirmó que “para las mujeres tener una vida libre de violencia es un desafío trágico y desgarrador” y recordó que el último fin de semana fueron cuatro las que perdieron su vida asesinadas.
Señaló que este año son 235 los femicidios ocurridos, desde el primero de enero hasta el 17 de septiembre, lo que refleja alrededor de un femicidio por día en nuestro país, y 3 fueron en Río Negro.
La legisladora reconoció que es la lucha tenaz de la mujeres, de las organizaciones feministas y de los colectivos de diversidad sexual, los que han logrado el marco normativo que tenemos en nuestro país y al que la Provincia adhiere.
De la misma manera, Marta Milesi destacó que esta norma no parte de una decisión política sino que “la llevan la lucha de las mujeres en las calles y nuevamente con la sangre”.
Valoró la importancia de la norma porque “no todos estamos capacitados para trabajar y articular en la perspectiva de género” y resaltó que “no pasa por ser mujer, sino por tener una mirada de derecho, porque la mirada moralista nos ha llevado a tener estas situaciones”.
Graciela Valdebenito (JSRN) adelantó el voto favorable de la bancada y afirmó que “introducir la perspectiva de género a través de la capacitación en los tres Poderes del Estado es de relevancia política de alto impacto, y que debe continuar con el compromiso de la sociedad para construir relaciones sociales no violentas y más saludables”.
Mutuales
La Legislatura votó favorablemente también una modificación a la ley de “Licencia Mutual” (Nº1945), para otorgar este derecho a nuevos miembros de las comisiones directivas de las mutuales rionegrinas.
El autor de la iniciativa, Raúl Martínez (Frente de Todos), manifestó que “esta modificación responde a la demanda de las entidades mutuales de la Provincia, que en diversos congresos rionegrinos de la mutualidad concluyeron que era necesario incorporar la presencia de más integrantes del órgano directivo con licencia mutual”.
El proyecto propone que a las licencias que propone la normativa actual, que incluyen al presidente y secretario, se le sume el Tesorero. Asimismo, concede otra licencia para los casos en que la mutual incorpore nuevos servicios que impliquen un alto coeficiente de ocupación de mano de obra, utilicen materia prima provincial, presten servicios que sean de interés para la provincia o de manifiesta utilidad social; y otra para las delegaciones que tengan 100 o más asociados.
Según el legislador, “con esta medida le estaríamos dando a las mutuales una ayuda importante en lo que hace al fortalecimiento institucional de las entidades”.
Rodolfo Cufré (JSRN) adelantó el voto favorable de su bloque y coincidió en que “es un paso importante para el desarrollo de las mutuales en la provincia, estas entidades sin fines de lucro que prestan un gran servicio, no solo para sus asociados, sino para la comunidad en general”.
Monumentos Históricos
El Parlamento avaló además la iniciativa para declarar “Monumento Histórico Provincial y “Lugar Histórico Provincial” al inmueble y parcela del “Aero Club Viedma”.
La legisladora María Inés Grandoso (Frente de Todos) indicó que la propuesta surgió de los integrantes del Aero Club con el objetivo de poner en valor este espacio “tan importante para la historia de Río Negro”.
El Aero Club se constituyó el 24 de agosto de 1958 por iniciativa de un grupo de vecinos de Viedma y su labor principal es fomentar la aviación mediante su escuela de vuelo. Se encuentra ubicado dentro del Aeropuerto “Gobernador Castello” de la capital provincial.
Se aprobó declarar “Monumento Histórico Provincial” también al Algarrobo traído de la posta de Yatasto, ubicado en el patio de la escuela Nº316 de Villa Regina.
Silvia Morales, (JSRN), autora del proyecto, expresó que “un hijo árbol cultivado desde simiente en el vivero de una fiel custodia de la posta histórica de Yatasto fue traído a nuestro ambiente reginense para bendecir con sus autóctonos y vegetales dones el patio de nuestra amada escuela 316.”
La legisladora cuenta que la posta de Yatasto es un emblema territorial del sureste de Salta donde coincidieron, “en tiempos revolucionarios”, “las vidas de tres grandes héroes de nuestra historia: Don José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes”.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
