Judiciales
Caso Solano: Formularon cargos a otros tres policías
Es por vejaciones en el caso de un efectivo y encubrimiento para los otros dos.
Esta mañana (30/09) el equipo de fiscales, Andrés Nelli y Germán Balditarra, formularon cargos a otros tres empleados policiales por los delitos de “vejaciones, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ocurridos en la causa del homicidio de Daniel Solano.
Según la acusación fiscal, el hecho que se les imputa “ocurrió el 5 de noviembre de 2011, a las 3.30 aproximadamente, en Macuba Megadisco, de Choele. Cuando los tres policías señalados en esta oportunidad, se encontraban prestando servicio adicional dentro del local. Fue así que uno de ellos, W.R.E. de forma compulsiva y violenta, sacó a Francisco Daniel Solano dándole golpes de puño, patadas y empujones, junto a otros dos empleados policiales, Sandro Berthe y Pablo Bender, ya condenados por ello. Mientras que C.G.T. y C.S.M. habrían visto todo el accionar anterior”, explicó la Fiscalía.
“Los tres señalados, W.R.E., C.G.T. y C.S.M., solicitaron a la Comisaría 8° de Choele la presencia de un móvil, y como consecuencia de ello se constituyó una camioneta Ecosport, móvil 2304, en que se movilizaban cuatro de los policías que ya recibieron condena”, relató Balditarra.
“Éstos se acercaron a Solano, y se lo llevaron. De esta manera W.R.E. habría encubierto para que los siete policías lograran llevarse a la víctima y luego provocarle la muerte, como fue declarado en la sentencia del 1 de agosto de 2018 por la Cámara Segunda de esta Circunscripción”, dijo el fiscal.
“Ninguno de los tres empleados policiales presentes en la audiencia de esta mañana puso al joven bajo debida custodia para que se procediera al traslado de la víctima a la unidad o al hospital, según correspondiese. No pusieron en conocimiento del oficial de servicio, ni tampoco labraron las actuaciones. No informaron a su superior los hechos ocurridos. Además, W.R.E., habría golpeado violentamente a Solano al tiempo de sacarlo del boliche y no habría denunciado los hechos posteriores, que fueron perpetrados por sus colegas: Berthe, Barrera, Bender, Martínez, Albarrán Cárcamo, Cuello y Quidel, quienes se encuentran condenados”, concluyó Balditarra.
La calificación legal que esgrimió la Fiscalía para esta instancia procesal fue para W.R.E.: “vejaciones, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real”. Mientras que para C.G.T. y C.S.M. la calificación legal propuesta fue la de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.
Como sustento probatorio, la Fiscalía presentó más de 24 testigos y prueba documental incorporada en su totalidad en el legajo principal de la causa.
La defensora pública penal Josefina Santos, que asiste a C.G.T. y W.R.E., no presentó objeciones formales a la formulación de cargos de la parte acusadora, más adelantó que “la teoría del caso es muy diferente a la planteada por la Fiscalía”. La defensa privada del otro imputado, C.S.M. sostuvo que no se tuviera presente la acusación fiscal.
Por su parte, el juez de Garantías interviniente Roberto Gaviña tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de 4 meses.
Judiciales
Condenan a 4 años de prisión a dos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil
Los hechos fueron detectados tras reportes de Google y WhatsApp al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó al Ministerio Público Fiscal rionegrino. Uno de ellos es de Roca.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial logró esta semana que dos hombres fueran condenados a cuatro años de prisión efectiva por delitos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
Las causas, tramitadas en General Roca y Choele Choel, se resolvieron en el marco de juicios abreviados, luego de que ambos imputados reconocieran su responsabilidad penal.
El primer caso ocurrió en Choele Choel y fue detectado en agosto de 2022, cuando Google denunció la actividad sospechosa a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con el cual el Ministerio Público Fiscal argentino mantiene un convenio de cooperación. La investigación determinó que el acusado tenía en su poder múltiples fotos y videos con contenido de abuso sexual infantil, lo que derivó en su procesamiento y condena.
El segundo hecho fue investigado en General Roca, donde un hombre aceptó haber cometido tres delitos durante 2024. Según la Fiscalía, el imputado subió videos a los servidores de WhatsApp, facilitó contenido a otros usuarios y almacenó material en su teléfono celular, el cual fue secuestrado durante un allanamiento. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) confirmó que el dispositivo contenía 21 videos con imágenes de víctimas menores de edad.
Las pruebas reunidas incluyeron los reportes internacionales, los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, peritajes informáticos de OITel, informes del Gabinete de Criminalística y evaluaciones médicas del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmaron la edad de las víctimas.
En Choele Choel, la condena fue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal, mientras que en Roca, la figura legal aplicada fue tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravadas por ser las víctimas menores de 13 años, ambas previstas en el artículo 128 del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en la pena solicitada y, tras renunciar a los plazos procesales, los dos condenados ya se encuentran cumpliendo su condena.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Judiciales
Múltiples estafas por viajes al exterior: La acusada deberá continuar cumpliendo medidas cautelares
Entre ellas se encuentran el bloqueo de cuentas y presentarse en Fiscalía periódicamente.
En pos de que cese el delito y el posible provecho de la maniobra, el Ministerio Público Fiscal insistió en que Yolanda Livera, la mujer propietaria de la agencia Lola Tour y que está siendo investigada por presunta estafa por venta de viajes al exterior continúe cumpliendo con las medidas cautelares.
Los tres abogados querellantes, representando a cuatro de los denunciantes, adhirieron íntegramente a los términos fiscales.
Por su parte, el defensor penal público solicitó que se deje sin efecto el bloqueo de cuentas, así la mujer «puede seguir cumpliendo con los compromisos asumidos antes de la fecha mencionada por la Fiscalía. De otra manera, podrían aparecer nuevas denuncias porque ella no podrá cumplir con los viajes ya vendidos. Esto es sin inaugurar nuevas ventas».
La parte acusadora se opuso a dicha propuesta y el fiscal explicó que «hemos unificado hasta ahora 21 legajos, con diferentes víctimas y diversas modalidades de estafa, hechos que habrían ocurrido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 17 de octubre de este año».
Durante la audiencia, Livera, asistida por su defensor, declaró sobre la medida cautelar de bloqueo y congelamiento de las cuentas y las consecuencias que ello podría tener sobre clientes que tienen viajes a futuro.
Finalmente, la jueza resolvió que la mujer siga realizando presentaciones en la Fiscalía interviniente, que el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias, activos digitales, billeteras virtuales, opere hasta el 16 de febrero del año que viene.
En caso de que se verifique algún incumplimiento a las medidas, la Fiscalía podrá solicitar otra audiencia para pedir medidas mas gravosas y garantizar el adecuado avance de los legajos fiscales.
