Judiciales
Caso Solano: Formularon cargos a otros tres policías
Es por vejaciones en el caso de un efectivo y encubrimiento para los otros dos.
Esta mañana (30/09) el equipo de fiscales, Andrés Nelli y Germán Balditarra, formularon cargos a otros tres empleados policiales por los delitos de “vejaciones, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ocurridos en la causa del homicidio de Daniel Solano.
Según la acusación fiscal, el hecho que se les imputa “ocurrió el 5 de noviembre de 2011, a las 3.30 aproximadamente, en Macuba Megadisco, de Choele. Cuando los tres policías señalados en esta oportunidad, se encontraban prestando servicio adicional dentro del local. Fue así que uno de ellos, W.R.E. de forma compulsiva y violenta, sacó a Francisco Daniel Solano dándole golpes de puño, patadas y empujones, junto a otros dos empleados policiales, Sandro Berthe y Pablo Bender, ya condenados por ello. Mientras que C.G.T. y C.S.M. habrían visto todo el accionar anterior”, explicó la Fiscalía.
“Los tres señalados, W.R.E., C.G.T. y C.S.M., solicitaron a la Comisaría 8° de Choele la presencia de un móvil, y como consecuencia de ello se constituyó una camioneta Ecosport, móvil 2304, en que se movilizaban cuatro de los policías que ya recibieron condena”, relató Balditarra.
“Éstos se acercaron a Solano, y se lo llevaron. De esta manera W.R.E. habría encubierto para que los siete policías lograran llevarse a la víctima y luego provocarle la muerte, como fue declarado en la sentencia del 1 de agosto de 2018 por la Cámara Segunda de esta Circunscripción”, dijo el fiscal.
“Ninguno de los tres empleados policiales presentes en la audiencia de esta mañana puso al joven bajo debida custodia para que se procediera al traslado de la víctima a la unidad o al hospital, según correspondiese. No pusieron en conocimiento del oficial de servicio, ni tampoco labraron las actuaciones. No informaron a su superior los hechos ocurridos. Además, W.R.E., habría golpeado violentamente a Solano al tiempo de sacarlo del boliche y no habría denunciado los hechos posteriores, que fueron perpetrados por sus colegas: Berthe, Barrera, Bender, Martínez, Albarrán Cárcamo, Cuello y Quidel, quienes se encuentran condenados”, concluyó Balditarra.
La calificación legal que esgrimió la Fiscalía para esta instancia procesal fue para W.R.E.: “vejaciones, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real”. Mientras que para C.G.T. y C.S.M. la calificación legal propuesta fue la de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.
Como sustento probatorio, la Fiscalía presentó más de 24 testigos y prueba documental incorporada en su totalidad en el legajo principal de la causa.
La defensora pública penal Josefina Santos, que asiste a C.G.T. y W.R.E., no presentó objeciones formales a la formulación de cargos de la parte acusadora, más adelantó que “la teoría del caso es muy diferente a la planteada por la Fiscalía”. La defensa privada del otro imputado, C.S.M. sostuvo que no se tuviera presente la acusación fiscal.
Por su parte, el juez de Garantías interviniente Roberto Gaviña tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de 4 meses.
Judiciales
No hizo el trámite a tiempo y su concubino falleció: Reconocen el derecho de una mujer sobre el inmueble que construyeron juntos
Se reconoció el derecho de la mujer sobre la mitad del inmueble y manteniendo el otro 50% en cabeza de los herederos del hombre.
Un fallo reconoció el derecho de una mujer sobre el 50% de un inmueble ubicado en el balneario Las Grutas, tras un complejo proceso de usucapión. El terreno había sido cedido por la Municipalidad a un hombre. Cuando falleció, no se había concretado la adjudicación definitiva. Los hijos continuaron el trámite y la comuna, finalmente les otorgó el lote a su nombre.
Entonces, la concubina realizó una presentación contra la Municipalidad en el Juzgado Multifueros de San Antonio. La comuna argumentó que cumplió con el trámite y que la mujer no intervino en el momento y lugar que correspondía. Lo mismo argumentaron los herederos. En efecto, la señora debió haber realizado antes el procedimiento para ser co-titular.
En el expediente se probó que como pareja habían iniciado juntos la construcción de la vivienda en el 1992. Incluso ella amplió la casa luego de la muerte de su pareja.
En su demanda, la mujer relató que la vivienda fue edificada con sus ahorros personales -provenientes de la venta de una casa anterior y de su labor como enfermera-, además del esfuerzo conjunto con su pareja y albañiles contratados. La casa de dos plantas cuenta con living, cocina comedor, dormitorios, baños, paredones perimetrales y jardín.
El fallo valoró especialmente la participación activa y continua de la mujer en la construcción, mantenimiento y mejora del inmueble, así como el pago de tasas, impuestos y servicios durante más de tres décadas. También se destacó la ampliación de la vivienda realizada en 2017, ya fallecida su pareja.
La jueza interviniente subrayó la histórica invisibilización de los derechos patrimoniales de las mujeres, particularmente en el ámbito de la vivienda. Recordó que en décadas anteriores era frecuente que los bienes se inscribieran a nombre del varón, incluso cuando las mujeres habían contribuido significativamente a su adquisición o construcción.
Citó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada a la Constitución Nacional. La magistrada sostuvo que los actos realizados por la actora no fueron gestos simbólicos, sino intervenciones materiales que demuestran una clara intención de poseer como dueña, con base en el esfuerzo propio y una relación activa y sostenida con el inmueble.
En consecuencia, se resolvió admitir parcialmente la demanda. Se reconoció el derecho de la mujer sobre la mitad del inmueble y manteniendo el otro 50% en cabeza de los herederos del hombre.
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El Poder Judicial convocó a concurso para cubrir cargos administrativos en Roca
Los postulantes aprobados podrán ser convocados para cubrir vacantes que se generen durante los próximos dos años, en función de las necesidades de cada organismo.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) llamó a un concurso público externo para el ingreso de personal administrativo en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de Roca. La decisión se adoptó mediante la Resolución STJ N° 320/2025.
El nuevo llamado responde al agotamiento del orden de mérito vigente correspondiente al anterior proceso de selección. La convocatoria se enmarca en el rediseño de los esquemas de ingreso establecidos en el Plan Estratégico Consensuado del Poder Judicial, que modificó varios artículos del Reglamento Judicial a través de sucesivas acordadas.
Según lo dispuesto, las personas interesadas podrán inscribirse únicamente a través del sitio web oficial del Poder Judicial entre el 12 y el 23 de mayo. Para ello, deberán completar un formulario digital y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos, tener nacionalidad argentina o residencia permanente, ser mayores de edad, contar con estudios secundarios completos y no registrar sanciones recientes dentro del Poder Judicial provincial.
El proceso de selección estará compuesto por tres etapas diferenciadas. En primer lugar, una etapa clasificatoria que incluirá inscripción, examen virtual de saberes generales y evaluación presencial de resolución de problemas y comprensión de textos. Luego, una etapa evaluativa abarcará exámenes sobre el funcionamiento del Poder Judicial y contenidos específicos según ejes temáticos, análisis de antecedentes, dinámica grupal y entrevista individual. Finalmente, se conformarán los órdenes de mérito por cada eje temático, con base en calificaciones iguales o superiores a 70 puntos.
Los postulantes aprobados podrán ser convocados para cubrir vacantes que se generen durante los próximos dos años, en función de las necesidades de cada organismo. La aprobación del concurso en uno de los ejes temáticos no implicará aprobación automática en los restantes.
El jurado examinador estará integrado por profesionales designados por la presidencia del Tribunal, quienes también definirán los temarios, fechas de exámenes y criterios de evaluación. Además, un equipo técnico supervisará la dinámica grupal, y un representante del sindicato podrá intervenir como veedor del proceso.
Las personas seleccionadas accederán a la estabilidad en el cargo tras seis meses de desempeño efectivo. La difusión y notificación del concurso se realizará principalmente a través del portal institucional, con publicaciones complementarias en medios oficiales.
Judiciales
Crimen de Julián Dobra: Hay cuatro sospechosos detenidos
Se realizaron 20 allanamientos en simultáneo en diferentes puntos de Roca. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
El Ministerio Público Fiscal encabezó en la mañana de hoy (08/05) 20 allanamientos simultáneos que la Policía de Río Negro realizó en diversos domicilios de la ciudad de General Roca. Hay cuatro personas detenidas, por su presunta implicancia en la desaparición y posterior homicidio de Julián Dobra de la Canal.
Durante las próximas horas el equipo de la Fiscalía analizara evidencia para precisar el contenido de futuras instancias procesales. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
En la solicitud de allanamientos que el Juez en turno autorizó el martes, también habilitó que sean requisadas de aquellas personas mayores de edad que se encontraban en los domicilios y los vehículos. Los operativos se desarrollaron en los barrios 36 viviendas, Fiske Menuco, barrio Nuevo, Quinta 25, Malvinas, el radio céntrico y diversas tomas de la ciudad.
El pedido realizado en el marco de la investigación preliminar iniciada con la Brigada de Investigaciones al momento de denunciarse la desaparición del hombre, tuvo como objetivo el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico, calzados y cualquier tipo de elemento que hubieran podido pertenecer a la víctima o a su vehículo. La medida fue solicitada por la Fiscalía y su gestión se realizó en absoluta reserva para evitar cualquier entorpecimiento.
Como resultante a las personas que fueron demoradas, previa autorización jurisdiccional, se le realizó la extracción de muestras de ADN mediante hisopado, muestra odoríferas y se secuestraron sus prendas de vestir. Todos esos elementos, así como los celulares, serán peritados y cotejados con aquellos rastros obtenidos en el marco de la investigación en curso buscando evidencia que permita su vinculación al homicidio.
